"Los delincuentes no piden permiso": desde el Ministerio de Seguridad cruzaron a legisladores

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reclamó a la Legislatura que avance con el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el Gobierno provincial y defendió la necesidad de otorgarle al Ejecutivo las herramientas que considera necesarias para intervenir frente al delito.

«Desde el Poder Ejecutivo vamos a pedir las herramientas que necesitamos para revertir y seguir revirtiendo la penosa situación que recibimos hace tres años. En la medida de las herramientas que nos den, calculamos que también así serán los resultados. Cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura», sostuvo el funcionario.

Las declaraciones se produjeron este miércoles durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, donde el ministro aprovechó para defender las iniciativas que se encuentran en discusión parlamentaria y responder a los cuestionamientos que generaron algunas de las modificaciones propuestas.

«Pedimos todas las herramientas que consideramos necesarias para seguir avanzando en devolverle la tranquilidad a la gente y descongestionar el saturadísimo sistema judicial que tenemos», afirmó.

El funcionario también buscó relativizar las objeciones sobre una eventual ampliación de las facultades policiales y señaló que varias de las reformas tienen como propósito agilizar procedimientos judiciales y reducir la cantidad de audiencias. Sin embargo, frente a las críticas al paquete legislativo, cuestionó a quienes advierten sobre posibles excesos en las atribuciones estatales.

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«A nosotros nos dicen: esto es un miniestado de sitio. Estado de sitio es el que les ponen los delincuentes a los vecinos en los barrios. Los vecinos no pueden salir a la calle, pero no por miedo a la Policía, sino porque por ahí tienen una balacera y no pueden vivir tranquilos. Queremos que el Estado tenga las herramientas potentes para intervenir en esa situación», argumentó.

Y agregó: «Así como los delincuentes no nos piden permiso para ir a cometer delitos, queremos que el Estado por lo menos empate en el nivel de herramientas que tiene en la lucha contra el delito. De lo contrario, los delincuentes terminan teniendo más herramientas que nosotros».

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Entre las iniciativas mencionadas se encuentra una legislación destinada a intervenir sobre los mercados ilegales de teléfonos celulares, un rubro que el ministro identificó como uno de los principales objetos de robo en Rosario. También hizo referencia a las herramientas para actuar en los barrios con mayores niveles de violencia.

Para justificar la necesidad de los cambios, repasó los indicadores de violencia letal de la provincia. Reconoció que Santa Fe todavía se encuentra por encima de la media nacional de homicidios, aunque consideró que la situación mejoró: “No estamos en niveles aceptables”, admitió.

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Otro aspecto significativo de sus declaraciones estuvo relacionado con el tratamiento parlamentario de los proyectos. El ministro sostuvo que las iniciativas fueron elaboradas por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y afirmó que, si bien el Ejecutivo contempla las distintas opiniones, los textos responden a los instrumentos que considera necesarios para su política de seguridad.

«Nosotros hacemos los proyectos sin considerar la cuestión de negociación o diálogo político. Obviamente, tenemos en cuenta todas las opiniones. Son proyectos racionales, con sentido y anclaje en las normas constitucionales», manifestó. «La gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro», añadió.

La exposición del ministro volvió a poner en primer plano la discusión sobre el alcance de las reformas de seguridad y el rol de la Legislatura en su tratamiento.

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