Baja de impuestos provinciales: Caputo tira la primera idea puntual y gobernadores dicen "Ni"

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Por Adrián Simioni

Bajar impuestos es una de las coincidencias más cómodas de la política argentina. Todos están de acuerdo hasta que hay que decidir quién resigna la recaudación. Entonces aparecen las condiciones, los reclamos cruzados y las reformas integrales que, por querer resolverlo todo, suelen terminar sin resolver nada.

Luis Caputo introdujo una novedad en esa conversación. Ante la Unión Industrial Argentina, propuso eliminar el impuesto de Sellos y ofreció que la Nación compense a las provincias la mitad de los ingresos que perderían. El planteo, vinculado a jurisdicciones con proyectos del RIGI y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, todavía necesita precisiones. Pero contiene algo que faltaba en muchas arengas anteriores: un reparto concreto del esfuerzo.

La cuenta es sencilla. Si una provincia recauda 100 por Sellos y lo elimina, la Nación aportaría 50. La jurisdicción resignaría los otros 50 y el contribuyente dejaría de pagar los 100. La implementación puede ser compleja; el principio se entiende sin necesidad de una conferencia de especialistas.

Hasta ahora, el Gobierno nacional exhibía la eliminación del impuesto PAIS y las bajas de retenciones, mientras reclamaba que provincias y municipios acompañaran con sus propios tributos. Los mandatarios provinciales, a su vez, señalaban las obligaciones que sostienen y los recursos que dejaron de recibir. La discusión tenía bastante de competencia por demostrar quién hacía el esfuerzo y quién se quedaba con la caja.

Con esta oferta, Caputo se compromete a poner recursos nacionales para eliminar una recaudación que pertenece a las provincias. Por eso, la objeción de que es fácil disponer de ingresos ajenos pierde parte de su fuerza. La Nación también tendría que pagar.

Sellos merece estar entre los primeros impuestos a revisar. Su nombre remite a papeles, contratos y formalidades de otra época, pero su alcance llega a operaciones cotidianas: tarjetas de crédito, préstamos, compraventas y escrituras, según las normas y exenciones de cada jurisdicción.

Conviene precisar el argumento: Sellos es un impuesto, no una tasa que deba corresponderse con un servicio individual. La crítica es económica. Encarece transacciones y puede acumularse con tasas registrales u otros gastos. Que una operación se documente electrónicamente no elimina necesariamente esa carga.

En Córdoba, además, está lejos de ser un ingreso marginal: representa alrededor de una décima parte de la recaudación por los principales impuestos y fondos provinciales y ronda el triple de lo que aporta el Automotor. Suprimirlo exige resolver una pérdida relevante. Justamente por eso importa la oferta de compartirla.

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Las respuestas de los gobernadores mostraron distintas maneras de abordar el problema. Raúl Jalil señaló que Catamarca ya había eliminado el tributo, aunque se mostró dispuesto a conversar. Maximiliano Pullaro defendió el esfuerzo tributario de Santa Fe y reclamó una discusión más amplia. Rolando Figueroa llevó el debate al reparto de la coparticipación.

Son asuntos legítimos. Pero condicionar cada reducción puntual a una reforma completa del federalismo fiscal puede convertirse en una garantía de inmovilidad. Si para sacar un impuesto hay que acordar antes la distribución de todos los recursos del país, difícilmente se empiece por alguno.

Martín Llaryora planteó una objeción atendible: una negociación seria requiere diálogo previo y no debería obligar a los gobernadores a responder en público a una propuesta que acaban de conocer. La forma de presentar una iniciativa puede facilitar un acuerdo o transformarlo, desde el primer minuto, en una pulseada.

El gobernador cordobés también pidió discutir los tributos nacionales, entre ellos Débitos y Créditos, y cuestionó el destino de los recursos de Combustibles. El reclamo abre una discusión necesaria, aunque obliga a aplicar la misma pregunta a todos: cuánto está dispuesto a resignar cada nivel del Estado.

Tampoco corresponde tratar esos impuestos como una caja uniforme y exclusivamente nacional. Combustibles tiene asignaciones específicas que incluyen a las provincias. Cualquier negociación exige calcular sobre esa distribución real, no sobre una simplificación útil para la discusión política.

A Caputo también le faltan respuestas. ¿La compensación sería permanente? ¿Cómo se actualizaría? ¿Qué período de recaudación se tomaría como referencia? ¿Cómo se contemplaría a las provincias que ya redujeron o eliminaron el impuesto?

La base de cálculo importa especialmente. Un acuerdo mal diseñado podría premiar a quien mantuvo una carga más alta o generar incentivos para aumentarla antes de negociar. No es una acusación contra ningún gobernador: es una posibilidad que las reglas deben cerrar.

También hay una consecuencia federal. La provincia que acepte cambiará recursos propios por transferencias nacionales equivalentes a la mitad de lo resignado. Para el contribuyente puede ser una mejora; para el gobernador implica depender de que la Nación cumpla. Esa garantía debe formar parte del acuerdo.

La propuesta merece avanzar porque permite empezar por un impuesto concreto y distribuir su costo. Los gobernadores tienen derecho a exigir condiciones claras. Caputo tiene la responsabilidad de convertir el anuncio en un mecanismo verificable.

Ahora hay una oferta sobre la mesa. Será más difícil que cada parte siga proclamando su voluntad de bajar impuestos mientras espera que toda la cuenta la pague la otra.

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