Causa del desvío de propofol en Hospital Italiano regresa a la etapa de investigación

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La investigación judicial por el robo de propofol y otros medicamentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires regresará a la fase de instrucción. En este caso están procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina "Fini" Lanusse.

Según lo informado por fuentes judiciales y a través de Fiscales.gob, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional determinó que la causa contra los médicos debe volver a la etapa de investigación debido a que consideró que se cerró sin la producción de pruebas clave.

La decisión fue tomada por la Sala de Turno del tribunal, en concordancia con el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había cuestionado la elevación a juicio al señalar que aún faltaba el análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados.

El expediente, que se inició en febrero de este año, tiene como acusados a un exmédico del área de Anestesiología y a la residente de tercer año de la misma especialidad. Según el procesamiento confirmado en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el primero habría sido el autor de la maniobra, mientras que la segunda habría tenido una participación secundaria.

La pesquisa se centra en una supuesta administración fraudulenta en perjuicio del hospital mediante el desvío de ampollas de propofol, un anestésico que los acusados habrían utilizado para fines personales.

Durante la instrucción, el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, había solicitado que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizara una pericia sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.

Sin embargo, el juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que dicha medida podía llevarse a cabo durante el juicio oral y cerró la investigación, a pesar de la oposición del fiscal, quien también había pedido registros de las intervenciones médicas en las que participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026.

La controversia llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, donde la fiscal María Luz Castany argumentó que el expediente debía regresar a la etapa de instrucción. La fiscal sostuvo que el análisis de los teléfonos podría ofrecer información crucial para ampliar la investigación, delimitar la intervención de cada acusado y establecer su posible responsabilidad penal.

El juez Pablo Vega coincidió con este planteo y determinó que la elevación a juicio había sido prematura, devolviendo las actuaciones al juzgado de origen. Sin embargo, aceptó parcialmente la decisión y envió nuevamente a juicio el tramo de la investigación relacionado a uno de los imputados.

Ante esta situación, Castany solicitó que se declarara nulo el cierre de la instrucción y todos los actos posteriores. Advirtió que trasladar la producción de prueba al debate oral significaría postergar una cuestión que debía resolverse durante la investigación preparatoria.

El planteo fue respaldado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi, quien argumentó ante Casación que no se trataba de una diligencia complementaria, sino de completar una medida de investigación solicitada durante la instrucción y cuya relevancia había sido confirmada por la fiscalía de juicio.

Al analizar el expediente, el camarista Nicolás Grappasonno consideró que la pericia sobre los dispositivos electrónicos era útil y necesaria para esclarecer los hechos, advirtiendo que sus resultados podrían modificar tanto la hipótesis acusatoria como la delimitación de la plataforma fáctica del caso.

En este sentido, señaló que el juzgado no había tomado en cuenta adecuadamente el impacto de esa medida al insistir en la elevación a juicio sin esperar los resultados de la pericia.

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