Seis condenas a prisión perpetua en Rosario por homicidios, extorsiones y asociación ilícita

En la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, se conoció este miércoles el veredicto en uno de los procesos judiciales que investigó una estructura criminal vinculada a disputas territoriales, negocios ilegales y una sucesión de hechos violentos registrados en distintos puntos de Rosario y localidades cercanas.

El tribunal condenó a Pablo C., Antonela F., Carlos O., Carlos R., Uriel E. y Alexis R. a la pena de prisión perpetua, mientras que Axel N. y Lucas C. recibieron una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de asociación ilícita en calidad de miembros.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quienes sostuvieron que los acusados integraban una organización criminal con roles definidos, cuyo principal objetivo era ampliar su poder territorial y controlar diferentes negocios ilícitos en barrios de la zona oeste de Rosario.

Según la acusación, Pablo Nicolás C. ocupaba el rol de jefe de la estructura y dirigía las actividades desde los establecimientos penitenciarios donde estuvo alojado, entre ellos las unidades de Ezeiza y Rawson. Antonela F. y Carlos O. fueron señalados como organizadores, mientras que otros integrantes cumplían funciones operativas vinculadas con la ejecución de homicidios, amenazas, extorsiones, ataques armados y tareas de inteligencia.

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Las condenas a prisión perpetua comprenden una serie de delitos de extrema gravedad. Pablo C. fue condenado por amenazas coactivas calificadas, homicidios calificados por el concurso premeditado de dos o más personas, intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, abuso de armas y daño agravado, entre otros hechos, en distintos grados de participación como coautor e instigador.

Antonela F. recibió la misma pena por su intervención en homicidios calificados, extorsiones agravadas por el uso de armas de fuego, amenazas, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego de guerra y encubrimiento agravado. En tanto, Carlos O. fue condenado por homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por precio o promesa remuneratoria, además de amenazas coactivas, abuso de armas agravado, portación ilegal de arma de fuego de guerra y encubrimiento agravado.

Por su parte, Carlos R. recibió prisión perpetua por homicidio doloso doblemente calificado por promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas, además de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y abuso de armas. Uriel E. fue condenado por homicidio calificado, amenazas coactivas calificadas y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, mientras que Alexis R. recibió la misma pena por robo calificado con arma de fuego, homicidios calificados, amenazas, portación de arma de fuego de guerra y lesiones graves dolosas.

La disputa interna en Newell's Old Boys.

Uno de los episodios centrales del juicio fue el homicidio de Lorenzo Altamirano, ocurrido el 1 de febrero de 2023 frente al ingreso principal del estadio de Newell's Old Boys, sobre avenida Morcillo al 2000.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el asesinato fue ordenado por Pablo Nicolás C. desde la Unidad Penitenciaria de Rawson, en la provincia de Chubut. El objetivo habría sido enviar un mensaje intimidatorio a referentes de la barra brava del club, en el marco de una disputa por el control de su conducción y de los negocios vinculados a esa actividad.

Para concretar el crimen, integrantes de la organización sustrajeron un automóvil Renault Sandero mediante el uso de un arma de fuego el 30 de enero de 2023, en inmediaciones de Cochabamba y Chacabuco. El vehículo fue utilizado posteriormente para interceptar y trasladar a la víctima.

El 1 de febrero, alrededor de las 21.19, Altamirano fue abordado en inmediaciones de 27 de Febrero e Iriondo por personas que lo obligaron a subir al automóvil. Cerca de las 22.45 fue trasladado hasta el estadio y obligado a descender frente al ingreso principal, donde le efectuaron tres disparos con una pistola calibre 9 milímetros que provocaron su muerte. Los atacantes dejaron además un papel con una frase en el bolsillo del pantalón de la víctima, como parte del mensaje intimidatorio.

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La investigación determinó que Alexis R. y Axel R. participaron en el robo del automóvil que luego fue utilizado en el homicidio. También se analizaron comunicaciones telefónicas anteriores al crimen que, según los fiscales, permitieron reconstruir la coordinación entre quienes impartieron las órdenes y quienes ejecutaron el ataque.

La causa también abordó una serie de atentados contra personas y establecimientos comerciales que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, estaban relacionados con la misma disputa criminal. Uno de ellos fue el ataque contra la Subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, ocurrido el 1 de febrero de 2023, cuando personas instigadas por Pablo C. efectuaron disparos contra la dependencia policial y un móvil estacionado en el lugar, para luego dejar un cartel amenazante.

Otro episodio tuvo como escenario el carribar El Busca Vidas, ubicado en avenida Pellegrini y Fraga. Durante la madrugada del 19 de febrero de 2023, dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y efectuaron disparos contra quienes trabajaban allí, provocando heridas a dos personas. Previamente, según la investigación, Antonela F. y otros integrantes habían realizado tareas de inteligencia y registrado imágenes del comercio para aportar información sobre el objetivo del ataque.

La acusación también comprendió el homicidio de Jorge Maturano, ocurrido el 20 de febrero de 2023, alrededor de la 1 de la madrugada. Según la Fiscalía, al menos dos personas llegaron en una motocicleta hasta su domicilio, golpearon la puerta y, cuando la víctima salió, le efectuaron al menos cinco disparos que provocaron su fallecimiento. Antonela F. habría participado de las tareas previas de identificación del domicilio y registrado lo ocurrido mediante su teléfono celular.

Ese mismo día, durante el velorio de Maturano, se produjo otro ataque armado en una sala velatoria de calle Teniente Agneta al 1700. Allí, Alexis R. y otra persona llegaron en un automóvil y efectuaron disparos contra quienes se encontraban en el frente del establecimiento. Como consecuencia del ataque murió Pablo Latorre y varias personas resultaron heridas.

Otro de los homicidios investigados fue el de Benjamín Echavarría, ocurrido el 1 de marzo de 2023 en Amenábar al 6200. Según la acusación, Carlos R. trasladó a la víctima en un Renault Sandero y, al detenerse el vehículo, uno de los ocupantes descendió y le efectuó disparos que provocaron su muerte. Antonela F. habría brindado apoyo al operativo para garantizar su ejecución.

La investigación también incluyó amenazas y extorsiones destinadas a obligar a familias rosarinas a abandonar sus viviendas o entregar dinero y bienes materiales. Uno de los casos tuvo como escenario una propiedad de calle Garay al 3000, donde los moradores fueron amenazados de muerte para que abandonaran definitivamente el inmueble. Ante la negativa, los integrantes del grupo comenzaron a exigirles dinero bajo amenazas de nuevos ataques armados.

Una situación similar se registró en una vivienda de pasaje Giachino al 4000. Allí, una familia fue víctima de disparos contra el domicilio y amenazas para que entregara su automóvil Renault Sandero. El 22 de febrero de 2023, una mujer se presentó en el lugar y exigió la entrega del vehículo bajo amenazas de muerte y de nuevos atentados. Por temor, la víctima entregó el automóvil junto con un boleto de compraventa en blanco. Semanas después, el rodado fue encontrado en poder de Antonela F.

También se investigó el ataque contra una vivienda de calle Quintana al 1800, ocurrido el 11 de marzo de 2023. De acuerdo con la acusación, Antonela F., Carlos R., Carlos O. y un menor de edad participaron de un operativo intimidatorio que incluyó la entrega de una nota con un número telefónico y disparos de arma de fuego contra el frente de la propiedad. Uno de los proyectiles atravesó la puerta e impactó en el interior de la vivienda. Tras el episodio, personal de la Patrulla de Acción Táctica interceptó el Fiat Mobi utilizado para trasladarse y aprehendió a los involucrados.

Para los fiscales, todos estos hechos formaron parte de una estructura criminal que buscaba consolidar su poder territorial y económico mediante la violencia. La organización habría operado en los barrios Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano, en la zona oeste de Rosario, y mantenía una disputa con otra facción por el control de diferentes negocios ilícitos.

Entre los intereses económicos en juego se encontraban actividades vinculadas al club Newell's Old Boys, como la venta ambulante en las inmediaciones del estadio, el estacionamiento de vehículos, la organización de la seguridad en eventos y espectáculos y el traslado de hinchas a otras provincias.

Según la acusación, la interna involucraba a dos grupos que respondían a una misma estructura criminal y que disputaban espacios de poder y administración de esos negocios. Para avanzar sobre sus adversarios, la organización habría recurrido a homicidios, amenazas, balaceras y mensajes intimidatorios dirigidos tanto a personas como a instituciones públicas y comercios.

En ese contexto también se inscribió el ataque contra un supermercado ubicado en Lavalle al 2500, ocurrido el 2 de marzo de 2023. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dejaron una nota amenazante y efectuaron doce disparos contra el establecimiento, provocando daños en el frente y en el interior del comercio. La Fiscalía atribuyó la instigación del atentado a Pablo C., quien habría impartido las órdenes desde la cárcel de Rawson.

La asociación ilícita, según la hipótesis sostenida durante el juicio, funcionó al menos desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2023 y contaba con una estructura organizada, distribución de tareas y capacidad para planificar y ejecutar distintos delitos desde el interior de establecimientos penitenciarios.

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