El telón de fondo: empleo público sin controles y vínculos con el poder
Con frecuencia, en Córdoba hablamos de casos policiales escabrosos, estremecedores, que tienen entre sus protagonistas a empleados, contratados o asesores del Estado provincial o municipal | Por Sergio Suppo.
14/08/2026 | 13:28Redacción Cadena 3
FOTO: Ramón Flores, Claudio Barrelier, Ricardo Moreno y Guillermo Kraisman.
-
Audio. El telón de fondo: empleo público sin controles y vínculos con el poder | Por Sergio Suppo
Ahora país
Con llamativa frecuencia, en Córdoba nos vemos obligados a hablar de casos policiales escabrosos, estremecedores, que tienen entre sus protagonistas a empleados, contratados o asesores del Estado provincial o municipal.
Que un empleado público pueda cometer un delito no debería sorprendernos más que si lo cometiera cualquier otra persona. El problema es otro: cómo ingresó al Estado, qué controles atravesó, por qué conservó su lugar pese a los antecedentes y qué vínculos políticos lo sostuvieron.
Esa es la secuencia que se repite.
Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado del femicidio de Agostina Vega, trabajaba como becario en la Municipalidad de Córdoba. Había ingresado en 2021, vinculado al entonces concejal Ricardo Moreno. El propio Moreno quedó envuelto en una enorme polémica tras la difusión de un audio en el que se jactaba de haber facilitado el ingreso de unas 500 personas a la administración pública. Después relativizó esa cifra y aseguró que habían sido muchas menos.
Pero la discusión no debería reducirse al número. La pregunta es más profunda: ¿cómo se ingresa al Estado municipal o provincial? ¿Mediante concursos, antecedentes y capacidades acreditadas? ¿O por amistad, parentesco, militancia o cercanía con algún puntero político?
Barrelier estuvo detenido durante 20 días en 2025 por una causa previa de privación ilegítima de la libertad. Pese a esa ausencia y a sus antecedentes, continuó dentro de la estructura municipal. Más tarde, mientras trabajaba para el municipio y se encontraba en libertad condicional, recibió dos ayudas económicas del Gobierno provincial.
/Inicio Código Embebido/
Política esquina Economía. De la noche, a los fantasmas: no hay descontrol; hay otro control
Está descontrolada la noche, está descontrolada la cantidad de personas que cobran del Estado y están descontroladas tantas otras cosas en Córdoba | Por Adrián Simioni.
/Fin Código Embebido/
¿Qué controles se realizan para otorgar esos beneficios? ¿Se cruzan los datos laborales, judiciales y sociales de los solicitantes? ¿Nadie advirtió que se trataba de un empleado municipal con antecedentes penales?
El caso no es aislado.
Fernando Rubén Romero, empleado de EPEC, fue condenado a cinco años de prisión después de que lo detuvieran con otros dos hombres mientras transportaban 50 kilos de marihuana. Cuando obtuvo la libertad condicional, regresó a trabajar en la empresa provincial, que había conservado su puesto.
¿Cómo se recupera un lugar de privilegio en una empresa estatal después de una condena de esa magnitud? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué normas y controles se aplicaron?
A ese episodio se suma el de Carlos Sebastián Saavedra Paredes, condenado a nueve años y medio de prisión por un violento asalto y por venta de drogas. Poco después de recuperar la libertad consiguió ingresar como becario en la Municipalidad y participó durante 35 días de un programa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
/Inicio Código Embebido/
Investigación judicial. La trama de una red de falsificadores: la causa que salpica a la Municipalidad, la Provincia y Epec
Un exconvicto con condena por asalto y drogas cobraba en el municipio y en la Senaf. Tras ser descubierto con un carnet de conducir "trucho", la causa llevó a otros eslabones con vínculos estatales.
/Fin Código Embebido/
La Senaf aclaró que no estuvo en contacto con adolescentes con consumos problemáticos y abrió una investigación administrativa. ¿Cómo atravesó los filtros de dos estructuras estatales una persona con esos antecedentes?
Para encontrar otro ejemplo no hace falta retroceder demasiado. En enero de 2025, el dirigente peronista Guillermo Kraisman fue detenido cuando intentaba cobrar el sueldo depositado a nombre de Virginia Martínez, una contratada de la Legislatura que, según la acusación, nunca había trabajado allí.
El caso se conoció porque una empleada del Banco de Córdoba activó la alerta. Es decir, el límite que no habían colocado los mecanismos del Estado apareció en la ventanilla de un banco.
La causa fue elevada a juicio y Kraisman está acusado de tentativa de defraudación contra la administración pública. Sin embargo, todavía falta conocer toda la responsabilidad política, institucional y funcional que rodeó aquella contratación.
/Inicio Código Embebido/
Legislatura de Córdoba. Empleada fantasma: rechazaron la probation y Kraisman irá a juicio
El fiscal López Villagra no hizo lugar al planteo de Diego Casado, abogado defensor del exlegislador del PJ.
/Fin Código Embebido/
A partir de ese escándalo, La Voz del Interior presentó un pedido de acceso a la información. La Legislatura demoró unos 45 días en difundir una nómina de 1.054 contratados. De ese total, 343 dependían directamente de los 70 legisladores. Sobre los demás, no se informó inicialmente en qué bloque, comisión, secretaría o dependencia cumplían funciones.
Conocer los nombres fue un avance, pero no alcanzó. Todavía corresponde preguntar qué estudios, profesiones y conocimientos justifican esas contrataciones. ¿Están allí los mejores especialistas de las universidades cordobesas? ¿Hay científicos, docentes o profesionales convocados para mejorar la calidad de las leyes? ¿O la Legislatura funciona también como una gigantesca bolsa de trabajo político?
En esa nómina aparecía José Aníbal Ricardo Villarreal, contratado como asesor del legislador oficialista Ernesto Ramón Flores, representante del departamento Río Seco. Villarreal fue detenido e imputado en una causa que investiga grooming, abusos sexuales y explotación de niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años. Será la Justicia la que determine su responsabilidad.
Flores reconoció que Villarreal era su asesor y aseguró que pidió su baja después de conocer la detención. También explicó que no solía asistir a la Legislatura porque cumplía una tarea territorial en lo que denominó “zonas grises”: asistencia ante inundaciones y entrega de insumos a personas necesitadas.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en curso. Dos nuevos detenidos por el caso de grooming y abuso sexual en el norte de Córdoba
La fiscal Analía Cepede ordenó tres nuevas capturas y dos ya se concretaron. La investigación tiene como víctimas a tres adolescentes de entre 12 y 14 años. En total, ya son 11 los detenidos.
/Fin Código Embebido/
¿Por qué un asesor legislativo distribuye chapas, colchones o insumos? ¿Con qué criterios selecciona a los beneficiarios? ¿De dónde provienen esos recursos? ¿No existen ministerios y áreas sociales responsables de brindar esa asistencia mediante procedimientos transparentes?
Estos casos no son idénticos y las responsabilidades penales siempre son individuales. Pero todos dejan ver un mismo telón de fondo: ingresos discrecionales, controles débiles, contrataciones opacas y estructuras políticas que reaccionan recién cuando el escándalo ya estalló.
El escenario cambia cada dos o tres meses. Cambian los nombres, los delitos investigados y las reparticiones involucradas. Lo que permanece es el sistema que permite ingresar, conservar un sueldo público y moverse dentro del Estado sin que nadie pueda explicar con claridad quién contrató, para qué y bajo qué controles.
Los delitos deberá esclarecerlos la Justicia. Pero el conchabo, la protección y la falta de control deben explicarlos quienes administran el Estado.
Esa respuesta, hasta ahora, sigue sin aparecer.
/Inicio Código Embebido/
Abusos en Río Seco. Un asesor de la Legislatura, acusado en una trama de pedofilia en el norte cordobés
Hay nueve detenidos acusados de someter a al menos tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. Un legislador reconoció el vínculo con el imputado.
/Fin Código Embebido/
-
