La trama de una red de falsificadores: la causa que salpica a la Municipalidad, la Provincia y Epec

Por Juan Federico

Un control callejero, en el que dos policías descubrieron que un motociclista tenía en su poder un carnet de conducir trucho, ha derivado en una investigación que deja al descubierto, otra vez, el descontrol en los ingresos para trabajar tanto en la Municipalidad de Córdoba como en la Provincia de Córdoba.

En saga con los escándalos de la “empleada fantasma” de la Unicameral, descubierto tras la caída del puntero del PJ capitalino Guillermo Kraisman, en enero de 2025, y el más reciente espanto del femicidio de Agostina Vega, que puso en foco cómo el principal acusado, Claudio Barrelier, hacía años que gozaba de privilegios en la Municipalidad de Córdoba, pese a contar con un grave antecedente previo -lo que llevó a forzar la renuncia de otro dirigente fuerte del peronismo local, el abogado penalista Ricardo Moreno-, esta nueva investigación toca de manera simultánea al municipio, a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y a la Empresa provincial de Energía (Epec).

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De acuerdo a diferentes fuentes consultadas por Cadena 3, todo comenzó el 21 de noviembre del año pasado. Mientras circulaba en moto por la Costanera de la ciudad de Córdoba, Carlos Sebastián Saavedra Paredes fue frenado por una patrulla policial, en un control. Fue entonces que los agentes se dieron cuenta de que el motociclista les estaba presentando un carnet de conducir “trucho”, por lo que fue demorado de inmediato.

Ya a disposición de la Justicia, el fiscal Juan Pablo Klinger ordenó profundizar la investigación. Es que al rastrear las condiciones personales de Saavedra Paredes saltó en el registro que se trataba de un exconvicto que hacía unos meses había regresado a la libertad.

Saavedra Paredes había sido condenado a nueve años y medio de prisión por haber asaltado, junto a un policía del grupo de elite Éter, a un recaudador de Red Bus en barrio Acosta, el 19 de abril de 2016. En la sentencia, se unificó la condena por aquel asalto con otra causa que tenía por venta de drogas.

Convertido dentro de la cárcel en un pastor evangélico, Saavedra Paredes salió en libertad condicional en octubre de 2024. A la pena la cumplió por completo en abril del año pasado.

Meses después, en octubre de 2025, cuando ya había asumido como capellán y pastor de la iglesia “Rey de Reyes”, consiguió ingresar en la Municipalidad de Córdoba, como becario, el mismo modelo de contrato con el que había entrado Barrelier en 2021.

Saavedra Paredes primero trabajó como servidor urbano (los llamados “chalecos azules”), aunque al poco tiempo logró que lo llevaran a trabajar al CPC Colón. Allí, tuvo la tarea de hacer de chofer del director y del vicedirector.

El hombre al que habían descubierto con una licencia “trucha” para manejar trabajaba como chofer de los directivos de un CPC de Córdoba. En este punto, asoma un dato llamativo: si bien había logrado un carnet legal para conducir automotores, y pese a que ya trabajaba en un CPC, Saavedra Paredes fue a buscar una licencia “trucha” para motos.

¿A través de qué contactos había logrado ingresar a la Municipalidad? La respuesta aún no aparece.

Lejos de conformarse con esto, Saavedra Paredes fue por más: recurrió a más contactos para pedirles otro trabajo más en el Estado, ya que la paga del municipio no lo conformaba del todo.

De esta manera, a fines del año pasado logró ingresar en la Senaf, en la órbita provincial.

A poco más de un año de haber salido en libertad, Saavedra Paredes ya tenía un doble empleado estatal: a la mañana en la Senaf y a la tarde en la Municipalidad de Córdoba.

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Al pastor, que ya había purgado su condena por asaltar y por vender drogas, la Senaf le había asignado trabajo en una residencia para jóvenes con problemas de adicción en la zona de barrio Argüello. Un exvendedor de drogas asistía a jóvenes adictos.

En total, hacía más de un millón de pesos por mes: 450 mil pesos en el municipio y 650 mil en la Senaf.

Hombre inquieto, Saavedra Paredes comenzó a insistir para intentar ensanchar su sueldo. Para ello, debía pasar a ser contratado, para luego aspirar a formar parte de la planta permanente, tanto municipal como provincial.

Hasta ahora, sus trámites para ingresar habían sido simples: le exigían presentar fotocopias de su DNI.

Pero para ser contratado, le pidieron un certificado de antecedentes penales. Fue entonces que recordó a un excompañero de prisión, Fernando Rubén Romero, a quien contactó para pedirle si le podía gestionar una planilla prontuarial “trucha” en la que se indicara que nunca había tenido problemas legales, según se investiga.

Al analizar los chats de Saavedra Paredes se descubrió el contacto con Romero.

Se trata de un antiguo empleado de Epec que el 6 de abril de 2021 fue detenido junto a otros dos cómplices en la autopista Córdoba-Villa María cuando la Policía Caminera descubrió que llevaban 50 kilos de marihuana en el baúl. Se trató de un secuestro fortuito, ya que el vehículo perdió la rueda trasera izquierda, lo que obligó a que frenaran en la banquina. Cuando los agentes se acercaron para auxiliarlos, los notaron nerviosos, por lo que revisaron el rodado y descubrieron el cargamento narco.

Un año después, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a Romero a cinco años de prisión. Sus cómplices, Lucas David Moyano (repositor de supermercado y remisero) y Adrián Andrés Mareco (remisero) recibieron cuatro años de cárcel cada uno.

De manera llamativa, cuando Romero recibió el beneficio de la libertad condicional, regresó a trabajar a Epec, donde le habían conservado su puesto pese a la condena judicial.

De acuerdo a la investigación, Romero se habría ofrecido como una suerte de “gestor” de toda clase de certificados falsos. Al investigarlo, se descubrió que en 2018 le habría conseguido a un compañero en Epec, Daniel Alejandro Chuminatti, un certificado analítico “trucho” para simular haber terminado el colegio secundario, ya que la empresa provincial de electricidad de Córdoba le paga un plus a los empleados que hayan terminado el colegio.

Ante este descubrimiento, Romero y Chuminatti fueron imputados por “defraudación a la administración pública”.

Pero Romero quedó aún más complicado junto a Saavedra Paredes en la causa principal, ya que se sospecha de una “usina” de toda clase de certificados “truchos”, por lo que han sido imputados de participación de falsificación de documentación. Fue detenido el pasado 4 de junio.

De acuerdo a la hipótesis que se investiga, Romero a su vez contactaba a un jubilado, Fidel Eliseo Murúa (73), también imputado en esta misma causa, pero en libertad por su edad.

La cadena no termina allí. Romero y Murúa, en realidad, habrían oficiado de “gestores”, pero quien se encargaba de elaborar los certificados “truchos”, o sea el falsificador, habría sido Oscar Arnaldo “Cacho” Cuello, un hombre que ya había sido condenado en 2024 acusado por el fiscal Enrique Gavier de formar parte de una megabanda de falsificadores.

Según aquella causa, esta organización falsificaba tarjetas de crédito utilizando el número de DNI de personas, algunas relevantes como el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini y el exministro de Educación de la Nación, Jaime Percyk. Para ello, fabricaban recibos de sueldo, constancias de extravío o tramitación de DNI y carnets de conducir.

Cuello, que también tiene 73 años, fue detenido en la madrugada de este martes.

En total, la causa que lidera el fiscal Klinger tiene, por ahora, cinco imputados, tres de ellos detenidos: Saavedra Paredes, el becario municipal y empleado de la Senaf, ahora desplazado (preso); Romero, empleado de Epec, con una condena por narcotráfico (preso), Cuello, acusado de ser un falsificador experimentado (preso), Murúa, sospechado de oficiar como “gestor” (libre) y Chuminatti, apuntado de beneficiarse durante años en Epec tras presentar un certificado analítico “trucho”.

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