Problemas de coordinación e improvisación en el corazón del Gobierno

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Por Sergio Berensztein

Hay algo que empieza a quedar demasiado expuesto en el corazón del Gobierno: los problemas de coordinación, la improvisación y los cortocircuitos en la toma de decisiones. Y no lo digo solamente por una cuestión interna, sino porque esas dificultades empiezan a tener consecuencias políticas concretas. El episodio del Presupuesto 2027 y los recortes en áreas sensibles, particularmente discapacidad, universidades y asignaciones sociales, lo muestra con una claridad extraordinaria.

Patricia Bullrich lo explicó con una crudeza poco habitual. Dijo que el día anterior había participado de una mesa política donde se habían discutido los números macroeconómicos y las posibilidades legislativas, pero nadie les había informado que el Presupuesto incorporaría una derogación de hecho de toda la emergencia en discapacidad. Y su pregunta es absolutamente pertinente: ¿para qué sirve una mesa política si quienes tienen que defender las iniciativas del Gobierno en el Congreso se enteran de las decisiones cuando ya están publicadas?

Esto es particularmente delicado porque el Gobierno necesita gobernabilidad. El año pasado tuvo enormes dificultades cuando perdió capacidad para imponer sus decisiones y, justamente por eso, durante este año buscó construir acuerdos con aliados y sectores de la oposición para sacar leyes. Si después de construir esas mayorías aparece una decisión que rompe esos acuerdos, el problema no es solamente de comunicación: es un problema de gestión política.

Ahora bien, detrás de esta discusión hay una cuestión económica que no podemos ignorar. El Gobierno necesitaba un Presupuesto que sirviera para orientar las decisiones de política económica y, sobre todo, para darle señales al sector privado. Pero la economía está atravesando un momento delicado. El segundo trimestre registró una caída de 0,6% y existe la posibilidad de que el tercer trimestre confirme una segunda caída consecutiva del producto. Si eso ocurre, técnicamente estaríamos frente a una recesión.

Yo soy muy prudente con los índices de confianza y con las encuestas. La Universidad Di Tella registró ayer una recuperación de 2,5% en la confianza del consumidor después de dos meses de caída, pero ese rebote es pequeño y no permite sacar grandes conclusiones. Lo verdaderamente importante es que el mismo informe advierte sobre el riesgo de recesión. Y esto sucede en un momento especialmente sensible, porque estamos en las vísperas de un proceso electoral y el humor social ya viene deteriorándose.

El problema es que la menor actividad también implica menor recaudación. Y eso condiciona el programa fiscal. Por eso el equipo económico elaboró un Presupuesto más realista que el del año pasado, con una hipótesis de inflación más razonable. El presupuesto anterior había sido construido sobre expectativas extraordinariamente optimistas: se suponía que la inflación iba a caer desde niveles del 30 y pico a niveles cercanos al 10%. Eso nunca ocurrió, y la inflación real terminó siendo aproximadamente tres veces superior a la que había proyectado el Congreso.

¿Por qué ocurrió? Porque aquel presupuesto se presentó después de una muy buena elección de mitad de mandato para el oficialismo y en un clima de consolidación política del proyecto libertario. Pero la realidad económica imponía otras restricciones. Yo lo dije entonces: bajar la inflación de esos niveles a un dígito requería mucho más que un ajuste fiscal y un esquema cambiario determinado. Requería reformas estructurales. Y esas reformas, en su mayoría, siguen pendientes.

No tuvimos una reforma tributaria profunda, ni una previsional, ni una monetaria, ni una financiera. Tampoco se modificó sustancialmente el régimen federal. Y las reformas vinculadas con la calidad de los bienes públicos, la salud, la educación, el medio ambiente y la infraestructura tampoco avanzaron con la profundidad necesaria. Hubo una reforma laboral, pero fue superficial frente a la dimensión de los problemas estructurales que tiene Argentina.

Entonces aparece una contradicción muy interesante. El equipo económico quería presentar un presupuesto que reflejara una inflación posible, mientras que el Presidente seguía reclamando objetivos más ambiciosos. Si la hipótesis de inflación baja todavía más, también hay menos recursos disponibles y, por lo tanto, aparecen mayores necesidades de recorte. ¿Dónde termina cayendo ese ajuste? En áreas extremadamente sensibles: discapacidad, universidades y asignaciones sociales.

Y acá está el problema político más serio. El año pasado el Congreso ya había mostrado una resistencia muy fuerte frente a los vetos presidenciales relacionados con discapacidad y universidades. El Poder Ejecutivo puede mantener su posición, naturalmente, pero si ignora sistemáticamente lo que expresa el Congreso, se deteriora el funcionamiento republicano. Y esto preocupa incluso dentro del propio oficialismo. En el caso de las universidades, además, existe una capacidad de coordinación entre los rectores que puede traducirse rápidamente en movilización, como ya ocurrió con las clases públicas en Plaza de Mayo.

En discapacidad, el escenario puede trasladarse incluso al terreno judicial mediante medidas cautelares. Y en el caso de la Asignación Universal por Hijo estamos hablando de casi cuatro millones de personas. Es cierto que el Gobierno había logrado incrementar fuertemente el valor real de la AUH y que eso contribuyó a contener situaciones sociales muy delicadas. Por eso la pregunta es qué sucede si ahora se afecta el ingreso real de millones de beneficiarios y, por efecto multiplicador, de sus familias. Una sociedad que hasta ahora mantuvo niveles relativamente importantes de paz social podría comenzar a expresar un conflicto diferente.

¿Esto significa que estamos frente a una crisis del Gobierno? No. Yo no hablaría de una crisis. Hablaría de un problema que debe ser solucionado antes de que se transforme en algo mayor. Hay nerviosismo, hay descoordinación y hay señales de desgaste. El episodio de Olivos, con la salida de funcionarios por supuestas filtraciones y toda la discusión posterior sobre cuestiones menores, adquiere relevancia justamente por el contexto: cuando un Gobierno funciona coordinadamente, esas situaciones no deberían convertirse en un problema político.

Y hay un último elemento que me parece todavía más importante: los cortocircuitos empiezan a aparecer también entre quienes integran el núcleo del poder. No solamente están las diferencias conocidas entre distintos sectores del oficialismo; también aparecen desavenencias entre el Presidente y su hermana Karina Milei. Y esto puede estar vinculado con una discusión de fondo: cuánto hay que flexibilizar el programa económico para atender las necesidades electorales. Si estas tensiones aparecen con tanta anticipación al próximo proceso electoral, habrá que observarlas con mucha atención. Porque el verdadero problema del Gobierno no es solamente una economía que está pinchada: es la dificultad para coordinar política, economía y estrategia electoral al mismo tiempo. Y cuando esas tres dimensiones dejan de funcionar juntas, la gobernabilidad empieza a convertirse en el principal desafío.

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