El caso de la empleada judicial que se tomó 400 días de licencia
Una empleada judicial de Río Negro acumuló 400 días de licencia en cuatro años. Su despido se debió a irregularidades en su expediente y la simultaneidad de tres empleos. La investigación sigue su curso.
30/04/2025 | 17:20Redacción Cadena 3
Una empleada judicial de Río Negro, identificada como Paula P., acumuló 400 días de licencia en un lapso de cuatro años, lo que desencadenó una investigación interna que resultó en su despido. Desde 2019, Paula P. presentó numerosos certificados médicos y solicitudes de licencias extraordinarias que llamaron la atención de los responsables de recursos humanos de la Procuración General del Ministerio Público de Río Negro.
Esteban Aliani, coordinador de Recursos Humanos, ordenó una investigación preliminar a fines de mayo de 2024, a la que tuvo acceso Infobae. El análisis reveló que en 2019, Paula P. había registrado más de 100 días de licencia.
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En 2022, utilizó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de haberes y, al inicio del año siguiente, solicitó licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, sumando más de 255 días. Además, hizo uso de más de 150 días de licencia con certificado médico.
Otro aspecto que llamó la atención fue que, durante la pandemia en 2020, Paula P. se mudó a Neuquén, pero continuó registrada como empleada del Poder Judicial de Río Negro, firmando documentos a distancia y cobrando su salario.
Aliani solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quienes confirmaron que Paula P. estaba registrada como empleada activa no solo en el Poder Judicial de Río Negro, sino también en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados.
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Las respuestas de AFIP y ANSES indicaron que Paula P. mantenía tres empleos simultáneos, lo que era legal en términos administrativos, pero incompatible con su función judicial. La noticia sobre su situación se propagó rápidamente entre sus compañeros, quienes consideraron que esto no solo constituía una falta administrativa, sino que atentaba contra la ética de la función judicial.
El Defensor General de Río Negro firmó la Resolución 68/24, que ordenó la apertura de un sumario administrativo. Se designó un instructor sumariante y se formalizaron los cargos. El expediente se amplió con declaraciones, oficios y pruebas. Paula P. fue notificada y se presentó a declarar.
En la audiencia, que tuvo un tono menos formal que otros procesos judiciales, Paula P. admitió haber tenido tres empleos. Su defensa se centró en razones emocionales, alegando desconocimiento sobre la legalidad de ocupar varios cargos públicos simultáneamente.
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Habló de problemas de salud, dificultades familiares y el estrés económico que le generó su mudanza a Neuquén, asegurando que su intención era sostener su vida y la de su entorno.
Sin embargo, su declaración no logró convencer a los evaluadores del sumario. El instructor resumió su informe indicando que “la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley” y concluyó que Paula P. incurrió en un incumplimiento grave que afectaba la esencia de la función pública. El informe recomendó su exoneración.
El Superior Tribunal de Justicia consideró que no se trataba de un mero error burocrático, sino de una conducta que socavaba los pilares de la función pública: la honestidad, la transparencia y la dedicación. Los jueces María Cecilia Criado, Ricardo Apcarian y Sergio Barotto recordaron que los empleados judiciales deben ejercer su labor de manera exclusiva y no pueden ocupar simultáneamente otros cargos públicos o privados.
El 12 de febrero de 2025, el tribunal emitió una resolución que sancionó a Paula P. con la expulsión definitiva de su cargo en la Cuarta Circunscripción Judicial. Con su despido, el expediente llegó a su fin, aunque la historia podría continuar con un proceso penal. El tribunal ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para determinar si el comportamiento de Paula P. había causado un daño patrimonial al Estado.
La fiscalía ahora deberá evaluar si corresponde iniciar acciones legales para recuperar los fondos públicos que pudieran haberse visto afectados, incluyendo los salarios pagados durante sus extensas ausencias. Este será el interrogante que deberán resolver en el futuro cercano.
