Amnistía Internacional, sobre el caso Blas Correas: "Es violencia institucional"

Una integrante de Amnistía Internacional en Argentina que actúa como "observadora" en el juicio por el crimen de Blas Correas, asesinado de un balazo en un control policial en Córdoba en agosto del 2020, aseguró este sábado que el homicidio del adolescente de 17 años configuraba un caso de "violencia institucional" que no fue "aislado ni exclusivo" de esa provincia.

Se trata de la directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, Noelia Garone, quien consideró en una entrevista con Télam que, como observadora del juicio, busca que "se cumplan las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga Justicia".

Apuntó a lo que consideró un claro caso de "violencia institucional" que se vivió en ese tiempo, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid, y dijo que se requieren "cambios profundos en lo institucional y estructural de las fuerzas de seguridad" para evitarlos.

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Garone dijo a Télam que lo que le ocurrió a Blas "no es un caso aislado ni exclusivo de Córdoba. Son situaciones que vienen de larga data y ocurren en todo el país por el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad".

En los primeros meses de 2020, durante la pandemia, Amnistía Internacional realizó un relevamiento y en Argentina "fueron detectados más de 30 casos de violencia institucional y medidas arbitrarias" adoptadas por las fuerzas cuando aumentaron los controles por el riesgo sanitario.

La conducta policial de atacar a balazos el automóvil donde se transportaba Correas, no prestar atención médica de emergencia ni trasladarlo a un centro asistencial cuando todavía estaba con vida y el maltrato a los familiares "son delitos de violencia institucional", por lo tanto "el Estado debe responder por esas violaciones a los derechos humanos", aseveró Garone.

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Amnistía Internacional fue admitida como "observadora" del juicio que, desde el 7 de septiembre, se realiza en los tribunales de la capital de Córdoba en contra de 13 efectivos policiales acusados por distintas responsabilidades.

"Nuestro rol es asegurar el cumplimiento de las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga justicia", resaltó la directiva del organismo internacional.

Transcurridos 17 audiencias del debate oral y público, con declaraciones de 40 testigos, además de la exposición de otras documentales e instrumentales, Garone sostuvo que el juicio "viene muy avanzado y con pruebas nuevas muy importantes sobre otras responsabilidades penales y administrativas".

Manifestó también que desde el organismo se mantienen "expectantes" sobre el testimonio de quien fuera ministro de Seguridad al momento del hecho, Alfonso Mosquera, quien fue citado como testigo para el 24 de noviembre, al sostener que "fue la máxima autoridad" de las fuerzas de seguridad; "Es muy importante su declaración", remarcó.

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En este proceso se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando los adolescentes circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son: Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

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