Fentanilo contaminado: un año después, persiste el reclamo y la incertidumbre

A un año del inicio de la investigación por el fentanilo contaminado elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados al empresario Ariel García Furfaro, la causa continúa exponiendo una de las crisis sanitarias más graves registradas en la Argentina. 

Las pericias judiciales ya atribuyen 114 muertes al suministro del opioide adulterado, aunque los investigadores advierten que la cifra podría ser mayor. Doce meses después de la denuncia inicial, las familias de las víctimas siguen reclamando justicia mientras el expediente avanza lentamente en los tribunales federales.

La causa comenzó formalmente el 12 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) denunció una serie de irregularidades detectadas tras un brote de infecciones intrahospitalarias en el Hospital Italiano de La Plata. Semanas antes, el centro de salud había advertido cuadros clínicos inusuales y varias muertes asociadas a pacientes tratados con fentanilo. 

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Luego, análisis realizados por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en los pacientes coincidían con las encontradas en ampollas correspondientes a los lotes 31.202 y 31.244 producidos en diciembre de 2024. Entre los microorganismos identificados aparecían Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, junto con la Fiscalía Federal Nº1. En el expediente ya fueron procesadas 14 personas, entre ellas Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián García, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Tallarico, Rodolfo Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

Desde el Ministerio Público Fiscal definieron el caso como una estructura de “criminalidad compleja”, atravesada por responsabilidades empresariales y una cadena de irregularidades que habría puesto en riesgo a cientos de pacientes. 

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La fiscal María Laura Roteta y el titular de Procunar, Diego Iglesias, sostienen que existió un funcionamiento sistemático orientado a sostener la producción y comercialización pese a las advertencias sanitarias.

Aunque la ANMAT ya había emitido alertas previas sobre distintos medicamentos elaborados por los laboratorios, el punto de quiebre llegó el 13 de mayo de 2025, cuando se ordenó frenar la producción en las plantas de HLB Pharma y Ramallo S.A. Para entonces, ya existían antecedentes de observaciones por fallas en la trazabilidad y problemas vinculados a productos como dopamina, propofol, diclofenac, morfina y el propio fentanilo. Sin embargo, las compañías continuaban operando.

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Con el avance de las declaraciones testimoniales, la investigación reveló que dentro de la estructura empresarial existía conocimiento sobre posibles adulteraciones y contaminación microbiológica. Empleados señalaron que los controles bacteriológicos requeridos para medicamentos inyectables tardaban alrededor de dos semanas en completarse, pero aun así se mantenía la distribución de los productos por decisión de directivos. También surgieron denuncias sobre registros de resultados positivos que eran retirados o eliminados ante posibles inspecciones.

Se calcula que más de 300 mil ampollas de fentanilo de HLB Pharma fueron distribuidas en todo el país. Según datos oficiales, los lotes contaminados lograron ser recuperados, aunque el impacto sanitario ya se había extendido a distintas provincias. Las muertes confirmadas se registraron en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, mientras persiste la incertidumbre en otras jurisdicciones donde aún se revisan casos sospechosos.

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Las conclusiones preliminares del Cuerpo Médico Forense determinaron que, en los expedientes ya analizados, el uso del opioide contaminado resultó determinante en el fallecimiento de 114 pacientes. Paralelamente, durante meses funcionó una comisión investigadora en el Congreso que llegó a una conclusión contundente: lo ocurrido no respondió a un hecho aislado ni accidental, sino a una sucesión de fallas evitables, controles deficientes, ocultamiento de información y graves irregularidades dentro de los laboratorios involucrados.

A un año del escándalo, la causa todavía deja interrogantes abiertos y familias enteras marcadas por la pérdida. Entre las víctimas hay recién nacidos, adolescentes, trabajadores, docentes y jubilados. Historias distintas atravesadas por un mismo reclamo: que las responsabilidades sean esclarecidas y que el caso no quede impune.

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