Presupuesto universitario: un tema de fondo antes y después de los fondos

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Por Sergio Suppo

La discusión por el presupuesto universitario quedó atrapada en una pelea por los fondos: los que el Gobierno no quiere entregar, los que los rectores reclaman, las leyes que se votan, su aplicación y las condiciones que se plantean para preservar el equilibrio fiscal. Entre tantas chicanas: ¿Qué queremos hacer con la educación universitaria en Argentina?

¿Queremos privatizarla, achicarla, ampliarla o dejarla como está? ¿Estamos seguros de que el sistema actual funciona tan bien que no necesita cambios? Defender la universidad pública no obliga a considerarla perfecta. Pero señalar sus problemas tampoco justifica desconocer el valor que tiene para millones de argentinos.

No se trata de repartir críticas para quedar cómodamente a mitad de camino entre dos posiciones. Se trata de discutir con seriedad una institución que ocupa un lugar central en la idea de futuro que tienen muchas familias.

Los números importan. Determinar cuánto necesitan las universidades es una tarea imprescindible. Sin embargo, antes y después de esa discusión hay una convicción profundamente arraigada: la educación permite progresar, mejorar las oportunidades de los hijos y contribuir al desarrollo colectivo.

Se podrá considerar que esa confianza tiene algo de romántico. Para muchas personas, sin embargo, surge de una experiencia concreta: estudiar y obtener un título les abrió la posibilidad de una vida mejor. No es una garantía automática de prosperidad, pero sí una oportunidad que las familias reconocen y quieren preservar.

Esa creencia tiene un peso que la política suele subestimar. Las movilizaciones universitarias del primer año de la presidencia de Javier Milei mostraron que la defensa de la educación pública podía convocar mucho más que a los sectores organizados por el kirchnerismo o por las propias conducciones universitarias. Había una preocupación social que excedía la disputa partidaria.

Las universidades también son espacios de poder. El radicalismo conserva allí una presencia relevante, y sus autoridades surgen de mecanismos de elección en los que participan los distintos claustros. Esa dimensión política merece ser examinada. Pero reducir el apoyo a la universidad pública a una defensa de intereses partidarios impide comprender por qué tantas personas la consideran un patrimonio propio.

La Argentina tiene un logro que vale la pena cuidar: una universidad pública cuyo acceso, en términos generales, no exige pagar un arancel. Eso no significa que estudiar carezca de costos. Hay gastos de transporte, materiales, vivienda y tiempo que pueden convertirse en barreras. Aun así, la gratuidad de la enseñanza representa una oportunidad decisiva para muchas familias.

Defender ese logro también exige preguntarse por la calidad de la formación, por las carreras y los contenidos que se ofrecen y por su relación con el futuro del país. ¿Estamos preparando a los estudiantes para las necesidades de la producción, la economía, el desarrollo y la investigación científica? Esa discusión merece un lugar que hoy ocupa casi por completo la confrontación presupuestaria.

El Gobierno abusa de las chicanas cuando aborda el reclamo universitario. Las conducciones y los sectores docentes también debilitan la discusión cuando responden con la misma lógica. El intercambio de descalificaciones no permite establecer cuánto hace falta, cómo se utilizan los recursos ni qué resultados se buscan.

Los amparos judiciales y las mayorías circunstanciales en el Congreso pueden intervenir en un conflicto concreto, pero por sí solos no construyen una política universitaria. Resolver una votación o una disputa judicial no reemplaza el acuerdo necesario para sostener la educación en el tiempo.

En algún momento, el Gobierno, la oposición y los demás actores políticos deberán sentarse a discutir qué educación tenemos, cuál queremos y qué podemos financiar. Esa conversación necesita tomar en serio la confianza de los ciudadanos, que muchas veces parece más firme que el compromiso de sus representantes.

Las personas comunes conocen el valor de la educación porque pueden señalar sus efectos en sus propias vidas. La política debería escuchar esa experiencia y convertirla en decisiones racionales: prioridades claras, recursos suficientes y una revisión honesta de lo que necesita mejorar.

El país no es un barril sin fondo. Pero la universidad necesita fondos. La responsabilidad consiste en compatibilizar ambas realidades y definir qué futuro queremos construir con ellas.

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