Bolivia deporta a legisladores argentinos que llegaron en Misión Humanitaria

Buenos Aires, 15 (NA) -- El gobierno de Rodrigo Paz Pereira bloqueó la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se producen en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y representantes de organismos de Derechos Humanos que formaban parte de la Misión Humanitaria.

La comitiva, que arribó en la madrugada de este lunes al aeropuerto de El Alto, estaba compuesta por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros. A todos ellos les retuvieron los documentos, obligándolos a arribar en un avión hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz, desde donde ya se encuentran en camino de regreso a Argentina.

Desde Santa Cruz, Biasi, quien también forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, denunció que fueron "secuestrados con represión policial" y que su misión tenía como objetivo visibilizar situaciones similares a las que enfrenta Bolivia. Además, afirmó que lo que ocurre en el país es "una verdadera dictadura militar", y añadió: "Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio".

Barry corroboró que "no los dejaban bajar del avión" y describió el trato recibido como "similar al de un secuestro". También mencionó que intentaron "hacerles firmar un documento" que presentaba "causas truchas" sobre los objetivos del viaje.

Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez exigió a las autoridades bolivianas que Marino pudiera realizar las tareas para las que fue invitado por la Asamblea Plurinacional del país vecino: "Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física", subrayó.

Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que busca impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión es considerada una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos", comunicó la Misión Humanitaria.

Asimismo, resaltaron que esta situación "atentó contra los fueros diplomáticos" de los legisladores Marino y Biasi, y calificaron el accionar de Paz Pereira como "dictatorial".

La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además de denuncias de centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; y actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación que atraviesa la Misión Humanitaria", concluyeron.

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