La Rural de Santa Fe denunció a VISEC ante Defensa de la Competencia
La entidad presentó una denuncia administrativa para que se investigue si las plataformas VISEC Carne y VISEC Soja generan condicionamientos comerciales, posibles abusos de posición dominante y un uso indebido de los datos de los establecimientos.
18/11/2026 | 07:30Redacción Cadena 3
La presentación quedó registrada bajo el expediente EX-2026-111208076-APN-DR#CNDC y fue realizada por el presidente de la entidad, Ricardo Argenti, y el secretario, Juan Carlos Pujato, con el patrocinio letrado de los abogados Esteban Romero y Marcelo Parachú Marcó.
En diálogo con El Campo Hoy, el Dr. Esteban Romero, abogado patrocinante, explicó que la denuncia surgió a partir de distintas situaciones comunicadas por productores que encontraron condicionamientos para comercializar hacienda o diferencias en los valores ofrecidos según estuvieran adheridos o no a VISEC.
“Es una presentación administrativa para que la autoridad de defensa de la competencia investigue cómo se están implementando estas plataformas y qué consecuencias tienen para los productores”, señaló el abogado.
El eje de la denuncia
Uno de los principales argumentos de la entidad es que la adhesión a VISEC no debería convertirse en una barrera para acceder al mercado ni en una condición que limite la libertad de comercialización.
Entre los antecedentes reunidos por la institución aparecen descuentos y tratamientos comerciales desfavorables para productores que no están incorporados al sistema, incluso en operaciones que tendrían como destino el mercado interno.
Para Romero, el planteo tiene una dimensión jurídica concreta: determinar si existen conductas que puedan configurar un abuso de posición dominante y distorsionar las condiciones de competencia.
“En Argentina no está prohibido per se un monopolio. Lo que sí está prohibido es la utilización abusiva de esas situaciones de concentración económica”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que la Sociedad Rural considera que existen indicios suficientes para que la autoridad nacional investigue si las plataformas están generando restricciones a la competencia y si los productores conservan alternativas reales para comercializar su producción.
La entidad también pidió analizar la articulación de VISEC con registros estatales y establecer qué prestaciones adicionales ofrece respecto de los organismos oficiales. El objetivo es determinar si esa vinculación genera ventajas informativas o barreras para que otras herramientas técnicamente idóneas puedan ser aceptadas comercialmente.
La preocupación por los datos de los productores
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el acceso, la utilización y la circulación de información de los establecimientos productivos.
La Sociedad Rural recibió manifestaciones de productores que aseguran no haber autorizado determinados accesos a sus datos. Por eso, solicitó investigar de dónde proviene esa información, qué autorizaciones existen, quiénes pueden consultarla y cómo podría utilizarse en decisiones comerciales.
Romero puso especial énfasis en este aspecto y advirtió sobre la incertidumbre que existe alrededor del manejo de información personal y productiva.
“Esta plataforma es privada y maneja datos proporcionados por SENASA y por ARCA. Hay bastante incertidumbre sobre cómo llegan esos datos y si el consentimiento que estarían dando los productores cumple con todos los recaudos legales”, indicó.
La presentación busca establecer si se están respetando las normas de protección de datos personales y si el tratamiento de esa información puede tener consecuencias sobre las condiciones de competencia.
El desafío de la resolución europea y los tiempos que se acortan
La discusión adquiere mayor relevancia frente a la entrada en vigencia de las exigencias de la Unión Europea vinculadas con la trazabilidad y la comercialización de productos libres de deforestación.
En ese contexto, Romero planteó que existe una cuestión que excede a la propia plataforma: la posible superposición entre las exigencias internacionales y los mecanismos de control que ya funcionan en Argentina.
El abogado señaló que la regulación europea no obliga a utilizar una plataforma determinada, sino a demostrar que los productos cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, cuestionó que esas exigencias puedan terminar trasladándose también a operaciones destinadas al mercado interno.
“Se está exigiendo acreditar los requisitos que exige la Unión Europea cuando se comercializa carne o grano para el mercado interno”, advirtió.
Desde su perspectiva, allí aparece un problema de superposición normativa, porque los organismos argentinos, como SENASA y otras autoridades competentes, ya cuentan con registros y mecanismos de control que permiten acreditar buena parte de esas condiciones.
La entifdad considera necesario investigar si se está produciendo un desplazamiento de las herramientas oficiales y una interferencia de las exigencias internacionales sobre el funcionamiento del mercado interno.
Consultado sobre la posibilidad de que el planteo tenga una respuesta antes de la entrada en vigencia de las nuevas exigencias, Romero explicó que la legislación contempla herramientas para actuar con rapidez.
“Si la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia entiende que existen elementos, tiene facultades para tomar medidas urgentes si detecta una distorsión grave en el mercado”, afirmó.
¿Cómo sigue el trámite?
Ahora será la Autoridad Nacional de la Competencia la encargada de analizar la presentación y determinar si reúne los requisitos legales para avanzar con una investigación administrativa.
En caso de abrirse el procedimiento, el organismo podrá recolectar pruebas, solicitar información, adoptar medidas y, eventualmente, determinar si existió abuso de posición dominante. También cuenta con facultades para establecer sanciones u ordenar conductas destinadas a evitar distorsiones en el mercado.
Romero aclaró que esta instancia permitirá que las plataformas involucradas ejerzan su derecho de defensa y que la discusión se desarrolle sobre la base de pruebas y argumentos jurídicos.
La denuncia, por lo tanto, no implica que las supuestas infracciones estén acreditadas ni que exista una determinación de responsabilidades. Se trata de un pedido formal para que el Estado investigue las situaciones planteadas.
La entidad sostiene que comparte los objetivos de protección ambiental, trazabilidad y apertura de mercados, pero considera que ninguna herramienta privada debería transformarse en una imposición que limite las opciones de quienes producen.
Lo cierto es que a poco más de un mes de la implementación de la REs.1115 de la Unión Europea, el planteo desnuda las diferencias de criterio dentro de las entidades del sector.





