El oficialismo negocia con la oposicion una nueva ley de tierras por separado del DNU 70

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La diputada nacional por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, anunció que el oficialismo y sus aliados buscarán abordar en una ley específica las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, para preservar el resto del DNU 70/2023. La propuesta surge tras la decisión de la Corte Suprema de suspender provisoriamente el artículo 154 del decreto, que había derogado la Ley de Tierras.

La medida judicial restablece temporalmente las restricciones de la Ley 26.737 y no resuelve la constitucionalidad de su derogación. La causa, iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, volvió al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, que deberá pronunciarse sobre la legitimación de los actores y el pedido de protección cautelar.

En diálogo con Cadena 3, Rodríguez Machado defendió la vigencia del decreto emitido por el gobierno de Javier Milei y explicó que, en el procedimiento de control de un DNU, el Congreso debe aceptarlo o rechazarlo sin modificar sus artículos. La Ley 26.122 establece esa limitación y permite, a la vez, que el Parlamento ejerza sus facultades legislativas ordinarias.

"Vamos a dejar a salvo todo lo beneficioso del DNU 70 y trabajar por separado", afirmó. Para la legisladora, una ley específica permitiría discutir el régimen de tierras sin hacer caer las demás medidas del decreto.

Rodríguez Machado aseguró que las conversaciones con otros bloques ya comenzaron y que está convocada una reunión de comisión para la semana próxima. "Ya estamos hablando con muchos legisladores nacionales", señaló. Indicó que también están informados los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

La legisladora cuestionó a quienes impulsan el rechazo integral del DNU y consideró que buscan una victoria política contra el Gobierno. "Más que un interés puntual en ese artículo, tienen un interés de generar un caos dentro de lo que es este gobierno", sostuvo.

Según su análisis, dejar sin efecto toda la normativa perjudicaría a la población y generaría inseguridad jurídica sobre medidas ya incorporadas a la vida cotidiana. Entre ellas mencionó la política de cielos abiertos, los cambios en alquileres, la conectividad satelital, las recetas electrónicas y el financiamiento para las pymes y el agro.

En el caso de Córdoba, atribuyó a la política de cielos abiertos un aumento del 51% en la venta de pasajes y destacó las conexiones con el interior del país. Advirtió que un rechazo del decreto implicaría, a su entender, volver al "aislamiento aéreo".

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Sobre los alquileres, sostuvo que la regulación anterior había reducido la oferta y elevado los precios. También alertó sobre lo que denominó un "apagón digital rural", al afirmar que caerían las autorizaciones para servicios de conectividad satelital como Starlink.

En materia sanitaria, valoró las disposiciones vinculadas con la receta electrónica y la prescripción por nombre genérico, a las que atribuyó menores costos para quienes necesitan medicación permanente. Además, destacó los cambios en los warrants y el crédito al agro, y cuestionó un eventual regreso de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas.

Respecto de la negociación sobre tierras, Rodríguez Machado explicó que el debate se concentrará en acordar un límite a la titularidad extranjera. La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece un tope del 15% sobre las tierras rurales del país, que también se computa en cada provincia y municipio.

La diputada contrastó el esquema previo a 2011 con las restricciones instauradas por esa ley y apeló a la tradición inmigratoria del país. Según explicó, la discusión abarca la posibilidad de mantener un régimen con límites, volver a la situación anterior o consensuar otro porcentaje. Mencionó el 20% y el 30% como valores en debate, aunque no anunció un límite acordado ni definió cuál respaldaría.

Precisó que el planteo que describió se refiere a operaciones con particulares extranjeros, y no a la venta de tierras a otros Estados. Remarcó que adquirir una propiedad en el país no exime a su comprador de cumplir la legislación argentina: "Si alguien compra una tierra en la Argentina, debe acatar la normativa nacional".

Rodríguez Machado insistió en separar ese debate del intento de rechazar el conjunto del decreto. Consideró que eliminar todas sus disposiciones por la controversia sobre un artículo sería desconocer beneficios que, según sostuvo, los argentinos esperaban desde hacía tiempo.

Finalmente, señaló que las negociaciones también están enfocadas en el quórum para las próximas sesiones. “El tema del quórum no es privilegio de nadie en el Congreso”, expresó. Explicó que ni el kirchnerismo ni La Libertad Avanza lo tienen garantizado y que su conformación depende de sumar legisladores vinculados con los gobernadores y las provincias.

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Entrevista de Guillermo López.

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