Myriam Bregman, los choclos y la democracia troska

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Por Adrián Simioni

Esta semana, una discusión en la Cámara de Diputados dejó una escena que merece algo más que una sonrisa o una indignación pasajera. Se debatían modificaciones al Código Penal para endurecer las sanciones contra el vandalismo rural. Myriam Bregman intervino con un recuerdo de su infancia: "Yo nací en el campo, iba a robar choclo".

Le respondió Martín Ardohain, diputado del PRO por La Pampa e impulsor de la iniciativa: "Está mal robar, diputada, está mal". También cuestionó el mensaje que se transmitía a los chicos. El intercambio ocurrió en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería.

Bregman sostuvo que detrás del proyecto había una intención de proteger a grandes propietarios como el magnate británico Joe Lewis. Rechazó tanto el dictamen de mayoría como el de Unión por la Patria. Finalmente, la propuesta impulsada por Ardohain obtuvo dictamen de mayoría, mientras que el peronismo y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría separados.

La escena permite observar un rasgo frecuente en las intervenciones de la izquierda trotskista: la tendencia a llevar cualquier discusión concreta hacia una explicación maximalista. Se debate cómo proteger a los productores de daños y robos, pero la respuesta termina concentrada en un gran propietario. En ese desplazamiento quedan relegados quienes necesitan una solución para problemas cotidianos.

Porque el campo no está reclamando protección por una anécdota sobre choclos. Están la rotura de silobolsas, los daños a instalaciones y el robo de animales. A un productor pueden llevarle veinte novillos. Y, aun si se tratara de un choclo, hay una cuestión elemental: alguien lo cultivó, invirtió y trabajó para producirlo. Corresponde proteger ese esfuerzo y esa propiedad.

El chiste, de todos modos, es apenas el punto de partida. Lo que me interesa es ir al fondo.

Si vamos a considerar a Bregman y al Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad como una opción electoral, deberíamos examinar sus propuestas con la misma exigencia que aplicamos a cualquier otra fuerza. La imagen de una dirigente, su capacidad para discutir o la simpatía que despierta una intervención no reemplazan el análisis de su programa.

Hay dos asuntos centrales: la propiedad privada de los medios de producción y el sistema de democracia representativa. La tradición política del PTS plantea transformar ambos, mediante la expropiación del capital y un régimen basado en consejos de trabajadores. Es una propuesta de cambio del orden económico y político, con consecuencias que merecen discutirse.

Tomemos una consigna atractiva: aumentar de manera generalizada los salarios y las jubilaciones. ¿Quién podría oponerse a que la gente viva mejor? Pero la pregunta empieza después del anuncio. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué ocurre con la producción, la inversión y los precios?

Si aumentara la cantidad de dinero destinada al consumo sin una respuesta suficiente de la oferta, habría un riesgo de mayores presiones inflacionarias. Por eso, prometer un aumento no alcanza: hay que explicar cómo se convierte en una mejora duradera del poder adquisitivo.

Con la propiedad ocurre algo parecido. La discusión exige precisión: cuestionar la propiedad capitalista de los medios de producción no equivale a proponer la eliminación de toda pertenencia personal. Pero esa distinción no resuelve las preguntas sobre el día después. ¿Quién decidiría las inversiones? ¿Cómo se organizaría la producción? ¿Qué garantías tendrían los contratos? ¿Quién asumiría los riesgos y respondería por los errores?

El segundo asunto es la democracia. Estos partidos cuestionan el régimen que califican de burgués y proponen reemplazarlo por formas de poder de los trabajadores. Bregman explicó en una entrevista que la participación electoral permite difundir su programa, aun sabiendo que "jugamos con las reglas que no son las nuestras".

La frase merece atención. Participan de las elecciones, acceden al Congreso y, al mismo tiempo, aspiran a sustituir el régimen institucional que hace posible esa representación. Esa tensión debería ocupar más espacio en las entrevistas y en el debate público.

Cuando se habla de consejos, asambleas y democracia directa, hacen falta explicaciones sobre su funcionamiento. ¿Cómo participarían quienes trabajan, cuidan a sus hijos y tienen otras obligaciones? ¿Cómo se tomarían las decisiones municipales, provinciales y nacionales? ¿Qué lugar tendrían quienes no compartieran el proyecto? ¿Cómo se garantizarían el pluralismo, la oposición y la alternancia?

Invocar otra forma de democracia no responde por sí solo esas preguntas. Y para quien defiende el sistema representativo, las garantías que ofrecería su reemplazo son una cuestión fundamental.

También convendría revisar las etiquetas que usamos. Con frecuencia aparece el término “ultraderecha”, mientras que las propuestas de ruptura institucional y económica de la izquierda reciben menos preguntas sobre su alcance. El rigor debería ser el mismo para todos: qué quieren cambiar, con qué métodos y con cuáles consecuencias.

La discusión empezó con unos choclos, pero puede servir para algo bastante más importante. Antes de votar, conviene conocer a fondo qué propone cada uno. También aquello que queda detrás de una broma.

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