Carignano rechazó la ciudadanía argentina por inversión: "Rifan la soberanía por 350 mil dólares"

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   Juntos Rosario

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La diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional para otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros mediante un aporte de 350 mil dólares o la compra de bonos por 800 mil dólares. La legisladora presentó un proyecto para derogar el mecanismo y advirtió que la medida podría afectar la soberanía nacional, además de poner en riesgo la reputación internacional del pasaporte argentino.

“No me parece bien que una ciudadanía se venda”, sostuvo Carignano durante una entrevista con Cadena 3. Según explicó, el sistema vigente exige a los extranjeros cumplir un proceso de residencia y acreditar un vínculo con el país antes de solicitar la nacionalidad. En cambio, cuestionó que una persona pueda obtenerla mediante un depósito de dinero sin necesidad de vivir en Argentina, conocer el idioma o integrarse a la sociedad.

La diputada vinculó la propuesta con el debate sobre la soberanía y las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. “Cuando nos vienen a hablar de soberanía al Congreso en relación con Malvinas, me parece que no coincide el concepto de defender los recursos naturales, defender la tierra y defender la Argentina cuando estás rifando la soberanía por 350 mil dólares”, afirmó. Para Carignano, la iniciativa podría abrir una vía alternativa para que ciudadanos extranjeros accedan a beneficios que hoy están limitados por otras normas.

Otro de los puntos que cuestionó es la participación de empresas extranjeras en el diseño y la comercialización del programa. La legisladora señaló que una firma británica estaría involucrada en la iniciativa y mencionó una licitación internacional en la que también habrían participado una unión transitoria de empresas chilena y canadiense. Según relató, la empresa británica tenía antecedentes en programas similares en Europa, donde el sistema de ciudadanía por inversión fue objeto de cuestionamientos judiciales.

Carignano advirtió, además, sobre las consecuencias que la medida podría tener para el pasaporte argentino. Explicó que la nacionalidad permite circular por numerosos países sin necesidad de visa y sostuvo que el mecanismo podría generar dudas sobre los controles de identidad y antecedentes de quienes obtengan la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que la Unión Europea habría advertido sobre posibles cambios en las condiciones de ingreso para los argentinos si avanzara la iniciativa.

“Evidentemente no tienen un mango porque se están vendiendo la ciudadanía argentina por 350 mil dólares”, lanzó la diputada, al cuestionar que el objetivo sea recaudar divisas mediante el otorgamiento directo de la nacionalidad. También rechazó que el programa pueda presentarse como una política de inversión, ya que, según su interpretación, el depósito de dinero no necesariamente implica crear empresas, generar empleo o desarrollar actividades productivas en el país.

Como alternativa, Carignano diferenció la ciudadanía por inversión de los programas que ofrecen primero una residencia a quienes realizan inversiones productivas. Mencionó los casos de Estados Unidos y Portugal, donde existen esquemas con requisitos específicos. “Eso no estaría mal, pensarlo para Argentina para atraer inversores que vengan a invertir, poner plata en Argentina, comprar inmuebles, lo que sea”, explicó. Sin embargo, remarcó que esos mecanismos no equivalen a entregar directamente un pasaporte a cambio de una suma de dinero.

La legisladora también relacionó la iniciativa con los cambios introducidos en materia migratoria y de ciudadanía durante 2025. Según sostuvo, las modificaciones habrían preparado el terreno para trasladar competencias que antes correspondían al Poder Judicial y crear una agencia vinculada con la ciudadanía por inversión. Para Carignano, la estructura institucional y los objetivos del programa deben analizarse en conjunto con la discusión sobre la adquisición de tierras por extranjeros.

En ese marco, consideró que la propuesta podría funcionar como una vía alternativa si el Gobierno no logra avanzar con una flexibilización de las restricciones a la compra de tierras. “Es el plan B: si no podemos hacerlo porque todo el arco opositor se opone a que no haya un límite para la compra de extranjeros, si no podemos hacerlo por esa vía, lo hacemos por esta otra vía”, afirmó. Se trata de una interpretación política de la legisladora sobre los objetivos de la medida.

Carignano también puso en duda que los controles sobre los solicitantes sean suficientes para evitar situaciones irregulares. Recordó que, según denunció en la Cámara de Diputados, en experiencias internacionales vinculadas con estos programas habrían aparecido casos de personas investigadas por lavado de activos o con pedidos de captura. Aunque reconoció que todavía habrá que conocer los detalles de la reglamentación argentina, sostuvo que su objeción va más allá de los controles individuales: cuestiona que la ciudadanía pueda obtenerse mediante un pago sin un vínculo efectivo con el país.

“Me parece gravísimo entregar la ciudadanía argentina a cualquiera por 350 mil dólares”, insistió. Para ilustrar su postura, comparó el mecanismo con otros programas internacionales y consideró que el precio propuesto representa una transferencia de un derecho que, a su entender, debe estar asociado con la residencia y la integración a la comunidad nacional. También reclamó que se evalúen las consecuencias diplomáticas y jurídicas antes de avanzar con la implementación.

La diputada manifestó que espera reunir respaldo para derogar el sistema y recordó que los programas de ciudadanía por inversión fueron cuestionados en países europeos. Según explicó, los antecedentes de Malta y Chipre muestran que estos mecanismos pueden generar controversias sobre la seguridad documental y los controles de quienes acceden a la nacionalidad. La discusión, planteó, no debería limitarse al ingreso de dólares, sino contemplar también la protección del pasaporte argentino y los compromisos internacionales del país.

Durante la entrevista, Carignano también se refirió a la propuesta de descontar parte de los salarios de los diputados que insulten o tengan conductas inapropiadas en el recinto. La legisladora defendió la posibilidad de debatir con respeto, pero sostuvo que el clima de gritos e interrupciones dificulta la exposición de argumentos. “Cuando la gente te deja hablar y podés hablar y compartir ideas, podemos no compartirlas, debatimos; ahora, cuando empiezan a gritarte y no te dejan hablar, es otra cosa”, expresó.

En ese sentido, invitó a los periodistas y a la ciudadanía a observar de cerca el funcionamiento cotidiano del Congreso para comprender el nivel de tensión que, según afirmó, atraviesa algunas sesiones. La diputada consideró que el objetivo debe ser mejorar el intercambio de ideas y elevar el nivel del debate parlamentario, incluso cuando existen fuertes diferencias políticas entre los bloques.

Finalmente, Carignano insistió en que la ciudadanía argentina no debe convertirse en una herramienta de recaudación sin exigencias de residencia o integración. Su proyecto de derogación busca frenar la iniciativa y abrir una discusión sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad. “No es que va a venir una monja del Tíbet; la verdad que me parece mal”, ironizó al cuestionar que el dinero pueda reemplazar el vínculo con el país. La propuesta del Gobierno y la respuesta de la oposición anticipan una controversia sobre inmigración, inversión extranjera, soberanía y los alcances de la ciudadanía argentina.

Entrevista de Alberto Lotuf.

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