Embargo: la municipalidad de Cosquín perdería un tercio de su coparticipación

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El municipio de Cosquín atraviesa una grave crisis financiera tras la confirmación de un embargo sobre parte de su coparticipación provincial, como consecuencia de una sentencia judicial firme por una deuda originada a fines de los años '90. La ejecución podría alcanzar el 33% de los fondos mensuales que recibe la ciudad —unos 160 millones de pesos—, lo que, según las autoridades locales, compromete la prestación de servicios esenciales.

El asesor letrado de la Municipalidad, Marco Valentini, explicó que el conflicto se remonta al año 2001, durante la gestión del entonces intendente Alberto Bustos, cuando el municipio atravesaba una fuerte crisis económica y acumulaba sueldos impagos. En ese contexto, se habría gestionado un crédito con el Banco Piano, con el compromiso de descontar las cuotas del préstamo de los haberes de los empleados municipales.

Sin embargo, el dinero nunca fue transferido al banco y con el paso de los años la entidad financiera cerró. Posteriormente, la deuda fue adquirida por particulares —actualmente representados por Ricardo Biasotti, expareja de Andrea del Boca—, quienes continuaron los reclamos judiciales. Cadena 3 ya había contado este caso a finales de septiembre.

"Nos encontramos con una sentencia firme que nos condena a pagar más de $5.500 millones al acreedor principal y $1.100 millones al abogado interviniente, en concepto de honorarios", explicó Valentini. El letrado aclaró que, si bien el monto “es legal”, lo considera "ilegítimo" por las irregularidades detectadas en el origen del acuerdo.

El funcionario detalló que no existe documentación en los archivos municipales que acredite la autorización de los descuentos por planilla ni la validez del convenio suscripto en 2003, durante la gestión de Bustos, que sirvió de base para la ejecución. "Ese acuerdo no fue ratificado por el Concejo Deliberante y presenta irregularidades. Pese a ello, fue homologado judicialmente en 2021", señaló.

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Según Valentini, la deuda original representaba alrededor de 200 mil dólares, pero el mecanismo de actualización previsto —que incluía una tasa pasiva más un 2% mensual— hizo que la cifra se multiplicara con el paso del tiempo. "El sistema era absolutamente leonino", afirmó en Cadena 3.

Actualmente existen dos causas en curso: una por la deuda principal y otra por los honorarios del abogado. En el primer caso, el juez suspendió el embargo hasta que se analice la constitucionalidad de la medida, ya que los fondos coparticipables están afectados a servicios públicos. En el segundo, se habilitó el embargo parcial, al considerar los honorarios como "de carácter alimentario".

"El criterio puede ser correcto en lo formal, pero en este caso genera una desproporción enorme. No se puede equiparar el 33% de los ingresos de un municipio con el salario de una persona", expresó el asesor legal.

Valentini advirtió que, de concretarse la medida, el municipio no podría afrontar el pago de sueldos ni sostener los servicios básicos. "Tenemos 700 empleados y los fondos de coparticipación rondan los 500 millones. Si nos retienen 160 millones mensuales, no hay forma de mantener la prestación de salud, educación o asistencia social", alertó.

El municipio presentó dos demandas ante la Cámara Contencioso Administrativa N.º 1 de Córdoba para solicitar la nulidad del acuerdo de 2003 y frenar la ejecución hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

"El intendente Raúl Cardinalli y todo el equipo de gobierno estamos comprometidos en honrar las deudas dentro de nuestras posibilidades, pero sin poner en riesgo el funcionamiento de la ciudad", concluyó Valentini.

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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.

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