El "inciso Moreno": proponen crear un sistema de actualización de antecedentes

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El horror por el femicidio de Agostina sacó a la superficie una práctica tan arraigada como obscena en la política cordobesa: el uso del empleo público como moneda de cambio para pagar favores militantes. La investigación judicial sobre Claudio Barrelier, reveló que formaba parte de la planta municipal sin que nadie controlara sus antecedentes recientes.

Frente a este escenario de conmoción, el concejal radical Sergio Piguillem presentó un proyecto para reformar el Estatuto del Empleado Público Municipal e institucionalizar un sistema de control que reemplace la burocracia actual por tecnología puntera.

El "Inciso M": Control diario en lugar de complicidad

La iniciativa opositora surge tras comprobarse que Barrelier tenía la documentación "limpia" al ingresar, pero el municipio jamás se enteró de sus conductas delictivas posteriores.

"El señor Barrelier había presentado antecedentes limpios un mes antes de que lo detuvieran por tener a una chica atada y desnudada dentro de la casa que se le escapó", advirtió Piguillem.

Para subsanar este bache legal y operativo, el edil propone incorporar una enmienda que en el Concejo ya denominan con crudeza el "inciso M" (en alusión al concejal oficialista Moreno, señalado por el padrinazgo político del imputado).

El proyecto busca establecer convenios de interconexión digital permanente entre el municipio, el Ministerio de Justicia y la Policía de la Provincia. De este modo, cualquier imputación penal o contravención de un agente impactará en tiempo real en la Dirección de Recursos Humanos. "No buscamos una cuestión meramente sancionatoria, sino evitar lo que pasó con Barrelier, es decir, prevenir", remarcó el concejal, diferenciándose de la propuesta del intendente, Daniel Passerini, que solo exige renovar papeles cada seis meses.

La cultura clientelar y las leyes muertas

El caso expuso el lado más oscuro de la militancia territorial, donde los puestos estatales operan como una "bolsa de favores". Según la denuncia del radicalismo, el andamiaje institucional para evitarlo ya existe, pero fue desmantelado de forma deliberada.

Concursos archivados: Desde el año 2019 no se realizan los concursos públicos, abiertos y transparentes que exige la ley para ingresar al municipio.

Vaciado institucional: El Infossep (Instituto de Formación de los Servidores Públicos), creado en 2016 para garantizar la idoneidad del personal, fue privado de financiamiento. "Hoy es una cáscara absolutamente vacía que no sirve de nada", denunció el edil.

Fraude laboral: El ingreso de punteros se canaliza mediante figuras de precarización como becas o contratos de monotributo para eludir los controles.

Una autocrítica para romper el ciclo

Sobre la responsabilidad histórica de su propio partido cuando estuvo al frente del Palacio 6 de Julio, Piguillem reconoció la necesidad de un corte definitivo con el pasado: "Esas conductas hay que cambiar. Yo coincido, pero hay que poner un freno. El funcionario, sea de cualquier partido político, debe cumplir con esta ordenanza y no buscarle la vuelta a la trampa".

Entrevista de Radioinforme 3.

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