Una ley que empodera a Brandán, Calvo y Busso

Por Guillermo López

La Ley 11.111, aprobada la semana pasada y promulgada este jueves por el gobernador Martín Llaryora, es lo que en la jerga se conoce como una “ley ómnibus”. Es decir, una norma que contiene varios artículos de diferentes temas pero que se votan todos juntos.

En este caso, la parte central es un programa de loteos que estará a cargo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, el instituto creado por el mandatario provincial en 2023 y que inicialmente estuvo a cargo de Martín Gill y hoy dirige Gustavo Brandán. 

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El llaryorismo quiere largar lo más rápido posible con este programa cuyo argumento se apalanca en la crisis habitacional, el pedido de intendentes y la falta de fondeo respectivo por parte del gobierno de Javier Milei.

Los opositores aseguran que lo aprobado le da “un cheque en blanco” al Ejecutivo para decidir qué terrenos expropiar indiscriminadamente. Sostienen que es un mecanismo de concentración de poder detrás de un discurso de cooperación y desarrollo.

Agost Carreño, Grosso, Hernández Maqueda y algunos radicales, como Carlos Brinner, aseguran que no hay reglas claras, que se delegan funciones legislativas al Ejecutivo, que los municipios pierden autonomía y que eso abre la puerta a futuros juicios. “Estamos declarando de utilidad pública sin determinar los bienes”, alertan. El titular de la bancada peronista, Facundo Torres Lima, niega con énfasis tales afirmaciones.

Por otra parte, el artículo 17 de la ley establece que el Ejecutivo destinará 1,5% de la Coparticipación al Fondo de Financiamiento para Municipios. Esa millonaria caja la manejará Manuel Calvo, quien podrá ampliarla al doble si lo solicita, según lo oficializado este jueves en el Boletín Oficial.

El rechazo en particular de juecistas y radicales fue, además de ese, a otros tres artículos: 1, 12 y 18.

El legislador y exintendente de Luque, Lucas Valiente (UCR) sostuvo que los montos de asistencia deberían distribuirse de acuerdo a la coparticipación. Nadie le avisó que los reyes son los padres.

Finalmente, la flamante ley le da a otro de los superministros del gabinete una potestad que quizás no se entienda mucho en la capital pero sí en las zonas agrícolas.

Se trata de Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria. Él será quien otorgue los permisos para sembrar en las banquinas de rutas provinciales y caminos rurales. Quien reparó en esto fue otro boina blanca, Ariel Grich, quien recordó hace un tiempo había presentado un proyecto para que esos terrenos sean alquilados por los municipios a los “productores frentistas” para que el producido de esos fondos lo manejen directamente los intendentes.

“Con mucha pena tengo que decir que había un proyecto pensado para las localidades del interior y que no fue tratado”, dijo la semana pasada en el recinto.

Grich seguramente se estaba dando cuenta que para los intendentes, Brandan, Calvo y Busso serán desde mañana lo más parecido a Melchor, Gaspar y Baltasar. A poco más de un año de las elecciones.

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