La Provincia apuró la ley de Loteos, tildada de electoralista por opositores

Por Guillermo López

Con la publicación este jueves de la Ley Ómnibus 11.111, aprobada el 18 de marzo en la Unicameral y cuyo decreto de promulgación se firmó horas después, el Gobierno de Martín Llaryora oficializó el “Programa de Loteos y Viviendas” que permite entregar al menos 10.000 terrenos, la mayoría en el Gran Córdoba, en los próximos meses.

Será el Ministerio de Cooperativas y Mutuales (MCM) a cargo de Gustavo Brandan el que individualice, detecte la utilidad pública y expropie los espacios a lotear.

La norma permite que la Provincia puede actuar en los municipios, con la requisitoria de estos, y que el MCM pueda suscribir convenios con mutuales, cooperativas y privados para desarrollar los loteos. Incluso autoriza a esta cartera a convocar a Vialidad Provincial para que haga obras de infraestructura en los ejidos municipales.

Con los votos del peronismo (Hacemos Unidos por Córdoba) y sus aliados y el apoyo en general de casi todo el radicalismo y el Frente Cívico, el programa ya está activo.

Votaron en contra: el PRO –que presentó proyecto propio-, el Partido Libertario, Mejor Futuro y el radical Carlos Brinner.

Polémica entre oficialistas y opositores

El proyecto había sido anticipado en la apertura de sesiones por el propio gobernador Llaryora, quien lo presentó como el “Programa Mi Lugar”. En el recinto, el encargado de presentarlo fue el socialista Matías Chamorro, quien se hiciera conocido en diciembre pasado por pedir que se topearan las jubilaciones provinciales.

“Desde hoy-dijo Chamorro al defender la iniciativa- los intendentes y jefes comunales van a tener una herramienta clara, política y técnica, para desarrollar el acceso a la tierra”.

Por otra parte, quien cuestionó con dureza el programa fue Oscar Agost Carreño (PRO), quien aseguró que se trata de “un plan de conurbanización del gran Córdoba”.

“Quieren entregar lotes de cara a las elecciones sin planificación”, sostuvo y afirmó que la posibilidad de expropiación general abre la puerta a juicios millonarios.

En el mismo sentido se pronunció el representante de Encuentro Vecinal, Gerardo Grosso: “se nos pide votar es una delegación masiva de facultades, que vacía de contenido a esta Legislatura y condiciona la autonomía de los municipios y comunas”. Y agregó: “Es jurídicamente débil y políticamente irresponsable”.

Los radicales y juecistas apoyaron la iniciativa, aunque cuestionaron otros artículos de la ley que hacen referencia a expropiaciones particulares (Las Higueras, Carlos Paz y Universidad de Río Cuarto) y la creación de un fondo de financiamiento municipal a cargo del Ministerio de Gobierno. 

Finalmente, el titular de la bancada peronista, Facundo Torres Lima, explicitó el argumento central que dio el oficialismo el miércoles 18 de marzo en la Unicameral para aprobar el flamante programa, que seguramente se transformará en una de las banderas del PJ de cara a las elecciones de 2027.

“Este es un proyecto que nos da la potestad como gobierno provincial de trabajar con los intendentes, que no pierden su poder de policía ya que deciden qué terrenos son los aptos para que la provincia expropie, y genere un programa de loteo para solucionarle la necesidad a miles de cordobeses que hoy no tienen acceso a ese tipo de beneficios”.

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