Mirá quién es la víctima ahora: Ricardo Moreno
El exconcejal reapareció después de 40 días de silencio, pero sus explicaciones no disiparon las dudas sobre sus vínculos políticos, profesionales y familiares con el Estado | Por Adrián Simioni.
14/07/2026 | 11:03Redacción Cadena 3
FOTO: Claudio Barrelier junto al ex concejal Ricardo Moreno.
Hay una escena que resume buena parte de la política cordobesa: cuando las explicaciones ya no alcanzan, quien debe rendir cuentas procura ocupar el lugar del perjudicado. Eso hizo Ricardo Moreno al reaparecer públicamente después de 40 días de silencio tras el crimen de Agostina Vega.
En una entrevista con Aldo Guizzardi, por El Doce, el abogado y exconcejal habló de una "maquinaria maliciosa" montada por malos profesionales del periodismo. Según su interpretación, su nombre fue utilizado como un martillo electoral para golpear al gobernador Martín Llaryora y al intendente Daniel Passerini.
Moreno describió las consecuencias personales que sufrió desde que el caso adquirió repercusión nacional. Contó que comenzó un tratamiento psicológico, que se siente observado cuando concurre a un restaurante y que su familia carga con secuelas "irreparables". Incluso lamentó la impotencia de vivir en Valle Escondido y que los vecinos miren a su esposa como "la mujer de un mafioso".
Es comprensible que una exposición semejante provoque daños personales y familiares. Nadie debería ser acusado de delitos sin pruebas. Pero una cosa es rechazar imputaciones infundadas y otra muy distinta utilizar ese sufrimiento para evitar las preguntas que siguen pendientes.
La víctima de esta historia es Agostina. Claudio Gabriel Barrelier es el principal acusado por ese femicidio. Y Moreno quedó bajo la lupa no por una invención periodística, sino por una sucesión de vínculos que él mismo reconoció.
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El exconcejal admitió que orientó a Barrelier para que accediera a un programa de la Municipalidad de Córdoba. También reconoció que había coincidido con él en actividades políticas y que actuó como codefensor en una causa penal anterior. Su estudio jurídico, además, asumió inicialmente la defensa del acusado en el caso Agostina.
La estrategia de Moreno consiste en fragmentar esas relaciones hasta volverlas aparentemente insignificantes. No lo hizo ingresar: apenas lo "orientó". No fue su defensor principal: fue codefensor. No firmó la fianza: lo hizo otro integrante de su estudio. En la causa posterior tampoco intervino personalmente: participó otro abogado de la misma oficina.
Cada explicación, tomada de manera aislada, puede parecer técnicamente posible. El problema es cuando se las contempla en conjunto. Todos los caminos conducen al mismo entorno político, profesional y municipal, aunque Moreno pretenda que ninguna de esas coincidencias deja una huella.
También resultó poco convincente su explicación sobre la cercanía de Barrelier con una de sus hijas, a quien habría ayudado en la producción de videos musicales. Moreno lo atribuyó a los "acercamientos" habituales de los militantes. Pero la respuesta no aclara quién militaba con quién ni por qué esa relación habría excedido los actos partidarios.
El mismo mecanismo apareció cuando habló de la contratación municipal de su hija durante la pandemia. Negó que hubiera sido una empleada sin funciones y explicó que el municipio otorgaba becas a pequeños grupos musicales para que se mantuvieran y actuaran en inauguraciones y otras actividades oficiales. Algunas semanas eran convocados y otras no, pero seguían percibiendo el beneficio.
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¿Es razonable utilizar recursos municipales para sostener agrupaciones vinculadas con familiares de dirigentes políticos? ¿Dónde termina una política cultural y dónde comienza el uso clientelar del presupuesto? ¿Quién controlaba las tareas, las convocatorias y los criterios de selección?
Las mismas preguntas alcanzan a los otros ingresos de familiares suyos a organismos públicos. Una de sus hijas reconoció públicamente que su padre facilitó su llegada a EPEC. Otra accedió a un puesto en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Podrán existir actos administrativos, contratos y concursos formalmente válidos, pero la discusión política no se agota en la legalidad de un expediente. También importa la igualdad de oportunidades y la apariencia de imparcialidad.
Moreno tampoco advirtió incompatibilidades entre su actividad profesional y su responsabilidad institucional. Es verdad que toda persona tiene derecho a una defensa y que un abogado debe respetar el secreto profesional. Pero Moreno no era solamente abogado: también era concejal y formaba parte del espacio político que administraba la Municipalidad donde trabajaba Barrelier.
El secreto profesional podía impedirle revelar información confidencial de su cliente. No le impedía, sin embargo, preguntarse cómo era posible que un empleado municipal permaneciera detenido y faltara durante semanas sin que el Estado advirtiera la situación. Mucho menos lo eximía de promover controles sobre una administración financiada por los contribuyentes.
La última acusación lanzada por Moreno merece una atención particular. Afirmó que un periodista de Buenos Aires le habría pedido dinero para dejar de vincularlo con actividades delictivas, pero no reveló su nombre. Si esa extorsión ocurrió, tiene la obligación de denunciarla y aportar pruebas. No solo para defenderse, sino también para impedir que una sospecha generalizada manche a todos los periodistas que investigan el caso.
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Una denuncia sin nombres ni presentación judicial funciona como barro arrojado en todas las direcciones. Instala la idea de que cualquier cuestionamiento podría responder a un pedido de dinero y busca intimidar a quienes continúan formulando preguntas legítimas. Moreno anunció que podría iniciar acciones legales. Debería hacerlo cuanto antes.
El problema de su reaparición no fue la falta de palabras, sino la ausencia de respuestas. Durante la entrevista explicó cada episodio por separado, pero evitó asumir el significado político del conjunto: militancia, recomendaciones, empleos públicos, defensas penales y contrataciones familiares orbitando alrededor de una misma estructura de poder.
Moreno podrá considerarse víctima de excesos periodísticos o de una operación electoral. Pero todavía debe rendir cuentas por una manera de ejercer la política en la que el Estado aparece demasiado cerca de los amigos, los militantes, los clientes y la familia.
No se trata de atribuirle el crimen de Agostina ni de reemplazar a la Justicia. Se trata de algo mucho más elemental: exigir explicaciones a quien ocupó un cargo público y ejerció influencia dentro de la administración.
La verdadera "maquinaria" que quedó expuesta no es necesariamente la que Moreno denuncia. Es aquella que convierte una recomendación en un empleo, una cercanía política en una oportunidad y el presupuesto público en una herramienta para sostener carreras personales y familiares. Frente a esa evidencia, presentarse como víctima no alcanza.
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