Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a José Orellana por abuso sexual
El legislador peronista, enfrenta presión para renunciar a su banca provincial, mientras su caso agrava tensiones entre el gobernador Jaldo y sectores opositores al Gobierno nacional.
15/05/2025 | 19:03Redacción Cadena 3
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso contra José Fernando Orellana, actual legislador provincial del Partido Justicialista (PJ) y exdiputado nacional, por el delito de abuso sexual simple cometido en 2016 contra una secretaria en un despacho del Congreso.
La decisión, rubricada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que obliga a Orellana a abandonar su banca en la Legislatura tucumana y sume a la provincia en una tormenta política de alcances nacionales.
El fallo, que desestimó un recurso de queja presentado por la defensa de Orellana por no cumplir requisitos formales, ratifica la sentencia dictada en 2022 por el juez Federico Salvá y confirmada en 2024 por la Cámara de Casación Penal.
El caso se remonta al 11 de noviembre de 2016, cuando la víctima, Agustina Poch, entonces asesora de la exdiputada Gabriela Troiano, denunció que Orellana la abordó en su despacho con comentarios inapropiados, la tomó de la mano y la besó en la oreja sin su consentimiento.
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“Seguramente nadie te besó así, ¿no?”, le habría dicho, según el testimonio de Poch, quien tenía 22 años en ese momento.
La condena firme genera un terremoto en la política tucumana, ya que Orellana, conocido como “Mellizo” y exintendente de Famaillá, es una figura influyente del peronismo local.
Su esposa, la senadora nacional Sandra Mendoza, adoptó posturas críticas hacia el Gobierno nacional y el gobernador Osvaldo Jaldo, quien busca alinear a Tucumán con la administración central.
Esta situación agudiza las tensiones internas en el PJ y entre los sectores que apoyan o se oponen a Jaldo, en un contexto de disputas por el control político de la provincia.
Intentos por recabar opiniones de legisladores tucumanos resultaron infructuosos: en la última media hora, diez llamados telefónicos a miembros de la Legislatura no obtuvieron respuesta, salvo uno que admitió desconocer el procedimiento a seguir.
“Es la primera vez que sucede algo así”, señaló el legislador consultado, reflejando la incertidumbre sobre los próximos pasos.
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Se espera que Orellana dé un paso al costado, dado que la inhabilitación perpetua lo excluye de cualquier actividad política de ahora en adelante.
La condena también reaviva el debate sobre la responsabilidad de las instituciones políticas frente a casos de violencia de género.
Durante el proceso, la Cámara de Diputados fue criticada por su “paupérrima” respuesta, limitándose a trasladar el despacho de Orellana meses después del hecho, sin brindar contención adecuada a la víctima.
Poch, quien enfrentó un proceso judicial de casi ocho años, expresó al confirmarse la sentencia en 2024: “Ponerle el cuerpo no fue en vano. Espero que esto permita alzar la voz sin temor a represalias”.
El impacto de la decisión trasciende lo local. La inhabilitación de Orellana, sumada a su vínculo con Mendoza, podría influir en las dinámicas del peronismo a nivel nacional, especialmente en un momento de reconfiguración de alianzas frente al Gobierno de Javier Milei.
En Tucumán, la Legislatura enfrenta ahora el desafío de resolver la vacante de Orellana y contener las repercusiones políticas de un caso que expone las fisuras del poder provincial.
Informe de Gabriel Melián
