Desde el Polo de la Mujer, apuntan a la Justicia por desprotección de víctimas
Una psicóloga de esa dependencia del Gobierno provincial dijo a Cadena 3 que los encargados de disponer medidas de resguardo son los juzgados y fiscalías, que funcionan en el mismo edificio. Admitió que se agravó la demanda.
22/05/2023 | 22:17Redacción Cadena 3
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Informados al regreso
En medio de días convulsionados en Córdoba por el reciente femicidio de la joven Milagros Bottone a manos de su padre, Rafael Bottone, quien la mató en barrio Alta Córdoba de un disparo en el marco de una agresión a la madre, Mercedes Martínez, y de la polémica generada por la asistencia a las mujeres en situación de violencia de género, desde el Polo de la Mujer de la Provincia apuntaron contra el Poder Judicial por la desprotección de las víctimas.
Desde esa dependencia pública, que funciona en la calle Entre Ríos al 650 del centro de la capital, la psicóloga Roxana Luna (MP: 4.043) afirmó que “el problema es la Justicia, porque no hay articulación entre los juzgados y las fiscalías”.
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En una entrevista concedida este lunes a Cadena 3, Luna afirmó: “Las denuncias se toman en el primer piso, donde funciona la Unidad Judicial de Violencia Familiar, que depende del Poder Judicial. Allí se toman denuncias penales por lesiones y amenazas. Es en ese lugar donde las mujeres esperan desde cuatro a 10 horas cada vez que vienen a pedir la ayuda de la Justicia”.
“En la planta baja y los otros pisos, funciona el Polo de la Mujer, que depende del Poder Ejecutivo provincial”, agregó la psicóloga.
En ese contexto, abundó: “Con respecto a las situaciones que surgen en relación con las denuncias, es importante que la población conozca que, por un lado, están los Juzgados de Violencia de Niñez, Adolescencia, Familiar y de Género, y, por el otro, las Fiscalías de Violencia Familiar. Quienes disponen las acciones a partir de una denuncia, ya sea civil o penal, son ellos”.
“Las medidas de prevención son la restricción recíproca y el otorgamiento del botón antipánico y, en última instancia, el dispositivo dual. Cuando hay incumplimiento de parte del denunciado de la restricción, que es una orden judicial, se constituye delito. Por lo tanto, se puede apelar a una detención, que determinan las fiscalías intervinientes, o al otorgamiento del dispositivo dual”, continuó.
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Por otra parte, admitió que aumentó mucho la demanda. Al respecto, señaló: “En estos últimos años, por la pobreza que atraviesa doblemente a las mujeres, por su condición de género y por encontrarse en una situación de violencia, los casos se han complejizado. Es una problemática social multifactorial”.
“Hay una gran demanda, que se ha agravado en estos últimos tiempos no sólo por la pobreza, sino también por el consumo de drogas y alcohol por parte de los denunciados, la falta de acceso de las mujeres a trabajo y el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores”, describió.
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En ese marco, deslizó una crítica a las decisiones que toma la Justicia: “Si bien se han incorporado más profesionales recientemente a nuestra dependencia, desde los juzgados envían a todas las mujeres, que hacen denuncias, a que sean asistidas en el Polo de la Mujer. También deberían imponer a las mujeres que asistan a un centro de salud cercano a su domicilio, para que les sea más fácil el acceso a la asistencia”.
Por último, al ser consultada sobre los casos, como el de Milagros Bottone, en que falla el sistema de protección, consideró: “La realidad es que, ante incumplimientos de restricción, la fiscalía interviniente debería haber dispuesto la detención del denunciado”.
Entrevista de "Informados, al regreso".
