Liliana Asís tiene su propia historia dentro del aparato de Salud de la provincia de Córdoba. Durante años, postergó su jubilación para continuar al frente del Hospital Neonatal. Sobrevivió al cambio de ministros y se convirtió en la única directora a la que Diego Cardozo no tocó cuando subió hasta la cúspide del ministerio. Incluso, evitó cualquier persecución judicial en 2015, cuando un escándalo amenazaba con destapar lo que se continuó callando al interior del Neonatal: una joven embarazada dio a luz en el baño, en medio de una desatención en la que se mezclaba una violencia obstétrica que volvió a salir a la luz siete años después.
Asís se convirtió en todo este tiempo en sinónimo del Neonatal. Hoy, tiene los dedos pintados por orden del fiscal Raúl Garzón, quien en los últimos días le agregó una nueva línea a su prontuario.
Luego de que se destapara el espanto en el Neonatal, con una serie de muertes de bebés sanos que aún no encuentra una explicación, Asís y otras dos funcionarias provinciales del Neonatal -la hoy exjefa del Servicio de Neonatología, Marta Gómez Flores, y Adriana Morales, que estaba a cargo del Departamento de Neonatología- terminaron acusadas por el presunto delito de omisión de los deberes de funcionario público. O sea: nunca avisaron a la Justicia de las muertes puertas adentro del hospital.
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Aquel viernes 19 de agosto último, también fue detenida e imputada la enfermera Brenda Agüero, acusada supuestamente de haber generado de manera intencional al menos dos de estas muertes.
El fiscal aguarda que finalice un extenso peritaje psiquiátrico sobre la enfermera, con la esperanza de lograr alguna pista sobre la respuesta que todavía no llega en toda esta historia: un móvil, un por qué que le permita a la fiscalía sostener la hipótesis principal que hasta ahora maneja. La defensa ya pide que se levante el secreto de sumario para empezar a cuestionar las pruebas en su contra. O los indicios, tal como han trascendido hasta ahora.
En los últimos días, el fiscal recibió un dato que no deja de sorprender. Cuando a la enfermera la detuvieron, desde el propio Ministerio de Salud se hizo trascender que a través de una investigación "administrativa" se había detectado que ella era la única cuya jornada laboral coincidía en todos los episodios: cinco muertes y otros 13 bebés intoxicados que sobrevivieron entre marzo y junio de este año. Un universo de casos que otras familias de bebés muertos en el Neonatal ya han solicitado que se amplíe hasta el año pasado.
Luego, a través de fuentes judiciales, se había revelado que eran al menos siete los empleados cuya presencia coincidía con las jornadas de espanto.
Pero ahora, un informe de Policía Judicial en base a un trabajo sobre la computadora en la que se registran las huellas de ingreso de todos los empleados del Neonatal, indicó que en realidad son 15 las coincidencias.
Por eso, el trabajo de los investigadores se complejizó aún más: fue necesario realizar un entrecruzamiento entre estos empleados, sus horarios laborales y las ventanas de las horas y minutos en las que los bebés se descompensaron.
Mientras tanto, el fiscal Garzón tomó otra medida clave en la causa: el lunes último decidió agravar las imputaciones contra la exdirectora Asís y en contra de Gómez Flores y Morales. A las tres les endilgó también el presunto delito de "falsedad ideológica". No se trata de una acusación menor, sino todo lo contrario: la fiscalía sospecha que las autoridades avalaron la firma de los certificados de defunción de los primeros decesos sospechosos pese a que no tenían ninguna certeza sobre cómo habían muerto realmente. O sea, un médico firmó los certificados sin ninguna autopsia. Una prueba clave que se perdió de manera letal para la investigación judicial: hoy asoma casi utópico establecer con certeza qué sustancia les inocularon a esas criaturas antes de morir.
Esta semana, las tres directivas se negaron a declarar ante el fiscal.
Esta nueva imputación también genera el interrogante sobre qué va a pasar con esos médicos, si ellos también serán alcanzados por alguna imputación penal.
Sí se sabe que los mismos médicos no se repiten en el grupo de los 15 empleados que coinciden con todas las fechas nefastas. Sucede que los turnos de los médicos son fijos, por día, mientras que los equipos de enfermería tienen francos rotativos. Brenda trabajaba en el área de Obstetricia, junto a las madres, y con un contacto más que acotado con los bebés recién nacidos. Nunca estuvo entre sus funciones asignadas aplicarle alguna vacuna o inyección a las criaturas.
Pero no sólo el agravamiento de la acusación contra los directivos del Neonatal ha sacudido la investigación. La reciente imputación del exmnistro de Salud, Diego Cardozo, y del abogado Alejandro Escudero Salama, quien había ingresado a fines de 2021 en una suerte de vicedirección paralela del Neonatal, forman parte de las hasta ahora últimas novedades. A ambos se los acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Se espera que Escudero Salama declare en los primeros días de la semana que viene, según adelantó su abogado Claudio Orosz. Se sabe que en su descargo, dirá que él sí avisó a la Justicia, a un fiscal amigo, Guillermo González, en una reunión que mantuvieron en mayo y que llevó al fiscal Garzón a solicitar que su colega sea investigado por un presunto encubrimiento, ya que nunca se realizó ninguna denuncia judicial tras aquel encuentro.
Lo que Escudero Salama diga ante la Justicia también despierta expectativas políticas. Es que aún no está claro cuáles fueron los motivos que lo llevaron a dejar el ministerio de Justicia (reportaba al flamante ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López) para pasar a Salud y, sobre todo, si adentro de esta última cartera se reportaba a Cardozo o a la nueva ministra, Gabriela Barbás.
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También se especula con que Cardozo pueda declarar en la misma dirección. Hoy, el ahora exministro debe volver a su puesto de médico raso en un hospital público, subordinado a la nueva ministra que hasta hace un mes recibía sus órdenes.
Sobre Cardozo, también hay marcadas expectativas sobre qué defensor va a designar. Una especulación es que buscaría un abogado cuyo ingreso en el caso obligaría a Garzón a apartarse. O, lo más posible, que solicite que el tramo que comprende a Cardozo y a los otros funcionarios públicos pase al fuero Anticorrupción. Un destino que hoy los imputados ven como un "alivio" dentro de la persecución judicial.
Si esto finalmente se da de esta manera, Garzón sólo se quedaría con la parte que busca establecer cómo murieron los bebés, pero no toda la cadena de encubrimientos y omisiones que se tejió alrededor de toda esta historia.
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