Un asesor de la Legislatura, acusado en una trama de pedofilia en el norte cordobés

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Por Juan Federico

Un asesor de la Legislatura de Córdoba figura entre los nueve detenidos acusados de someter sexualmente a tres adolescentes de la pequeña localidad de Villa de María de Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba.

La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, avanzó en las últimas horas en nuevas indagatorias en el marco de esta investigación que tuvo un punto de inflexión hace 10 días, cuando ordenó las primeras imputaciones y detenciones. 

No se descarta que en los próximos días se amplíe la lista de acusados, según indicaron fuentes que siguen de cerca el avance de la pesquisa.

Todo comenzó días atrás, cuando la madre de una adolescente de 13 años denunció la desaparición de su hija. A través de la geolocalización de su teléfono celular, la Justicia determinó que la jovencita se encontraba en un domicilio de Sumampa, ya en la provincia de Santiago del Estero, a unos 80 kilómetros de su domicilio.

Cuando la comisión policial llegó hasta el lugar que marcaba la geolocalización, la encontraron a ella y a una amiga de la misma edad junto a un hombre de 60 años. 

Fue entonces que una historia plagada de abusos y vulnerabilidades comenzó a destaparse. La fiscalía avanzó en una pista que aún impacta en el norte cordobés: un grupo de hombres, la mayoría de ellos remiseros, desde hacía meses se venía aprovechando de las vulnerabilidades de estas dos jovencitas, y de una tercera de 14 años, a las que les ofrecían dinero y otras cuestiones (como paseos en caballos) para abusar de ellos.

De esta manera, la fiscalía avanzó en la detención de nueve acusados. Algunos, las habían contactado por redes sociales para solicitarles toda clase de fotografías, mientras que otros también habían pactado encuentros con ellas. Por eso, de los nueve detenidos, algunos están acusados de abuso sexual con acceso carnal y grooming, mientras que otros responden sólo por la figura de grooming.

Los nueve detenidos fueron traslados a la cárcel de Cruz del Eje. Entre ellos, se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien hasta el momento de su captura figuraba como asesor de la Legislatura de Córdoba. 

En concreto, según el portal de Datos Abiertos de la Unicameral, Villarreal había sido designado como asesor del legislador departamental de Río Seco, por el PJ, Ernesto Ramón Flores.

Se trata de un experimentado dirigente del PJ cordobés con una muy fuerte presencia en el norte provincial, sobre todo en Villa de María de Río Seco, de donde es oriundo y donde explota diversos emprendimientos, como un hotel y un extenso campo.

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En ese sentido, fuentes de la investigación indicaron que Villarreal, además de su trabajo como asesor del legislador, también solía ser un empleado particular dentro de los emprendimientos de Flores en el norte cordobés.

Consultado al respecto por Cadena 3, le legislador admitió que Villarreal era su asesor, que lo dieron de baja luego de la detención y que no solía frecuentar la sede de la Unicameral. "Su función era territorial, sobre todo en las zonas grises", apuntó Flores.

 "Trabajaba con nosotros. A partir de que pasó esto, el día 31, llamé a Córdoba solicitando la baja del chico que estaba a cargo nuestro aquí en el departamento. Hacía tareas de asistencia en la zona ante necesidades como inundaciones o entrega de insumos", añadió el dirigente del PJ cordobés.

El parlamentario aseguró que Villarreal presentó en su momento el certificado de antecedentes sin registros punibles y expresó su consternación ante la causa: "Nos conocemos todos en el pueblo, somos 7.000 habitantes. Cuando nos enteramos solicitamos la baja urgente hasta que se esclarezca todo".

Respecto a la mecánica de los hechos que se están investigando, la fiscal Cepede informó que la causa se mantiene en la justicia provincial y no pasó al fuero federal debido a la ausencia de una estructura de proxenetismo institucionalizada: "No tenemos un modus operandi con un regenteo. Acá no hay una organización o alguien que se encargaba de captar a estas chicas. Lo que hasta ahora pudimos determinar es que estas personas compartían el mismo oficio de ser remiseros o transportistas y que quizás entre ellos mismos iban pasando el dato, sin sacar un provecho económico de ese traspaso de información".

Este caso se agrega a una serie de investigaciones por diferentes delitos penales que tiene entre los involucrados a funcionarios, empleados o asesores públicos.

En enero de 2025, se conoció en la misma Legislatura de Córdoba, el escándalo por la contratación de la empleada "fantasma" Virginia Martínez, una mujer que figuraba como asesora y a la que se le estaba depositando el sueldo pese que no nunca había ido a trabajar y a que ni siquiera había firmado su contrato laboral. 

Todo se destapó cuando un experimentado dirigente del PJ cordobés, Guillermo Kraisman, intentó cobrar de manera fraudulenta el sueldo depositado a Martínez en complicidad con otra empleada estatal, Luciana Castro, también militante peronista y que estaba trabajando en un polideportivo municipal.

 Pese a que Kraisman ya tenía una causa penal en su contra, abierta meses antes cuando fue sorprendido robando en un supermercado -según se investiga-, utilizó sus contactos políticos para solicitarle a otra dirigente del PJ, Nadia Fernández, el ingreso de Martínez como supuesta asesora.

En tanto, el becario municipal Claudio Barrelier, quien estaba a punto de pasar a la planta de contratados en la Municipalidad de Córdoba, fue detenido y acusado, en mayo último, del atroz femicidio de Agostina Vega (14). Barrelier, vinculado al dirigente del PJ capitalino Ricardo Moreno, había ingresado en 2021 a trabajar en la Municipalidad. 

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En 2025, estuvo 20 días preso por haber privado a una joven de la libertad en su casa, causa que aún se investiga. Sin embargo, en el municipio jamás se enteraron de que había faltado esos días por aquel motivo, por lo que continuó en actividades hasta que fue capturado por el femicidio de Agostina Vega.

Hace pocos días, Cadena 3 reveló otra investigación judicial que exponía las fragilidades de los controles estatales al momento de contratar empleados. Carlos Saavedra Paredes, un expreso que estuvo casi 10 años detenido por un violento asalto y por vender drogas, había conseguido, a poco de salir en libertad, un doble empleo público: como servidor urbano, en un CPC de la ciudad de Córdoba, y en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de la Provincia. Cuando lo detuvieron en noviembre del año pasado, ya que se detectó que circulaba con un carnet para conducir motos falso, se descubrió que estaba tramitando sendos certificados de antecedentes penales "truchos".

Al tirar el hilo de este último dato, el fiscal Juan Pablo Klinger descubrió que un presunto cómplice de Saavedra Paredes era otro exconvicto que estaba trabajando en la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec). Fernando Rubén Romero.

Se trata de un antiguo empleado de Epec que el 6 de abril de 2021 fue detenido junto a otros dos cómplices en la autopista Córdoba-Villa María cuando la Policía Caminera descubrió que llevaban 50 kilos de marihuana en el baúl. Se trató de un secuestro fortuito, ya que el vehículo perdió la rueda trasera izquierda, lo que obligó a que frenaran en la banquina. Cuando los agentes se acercaron para auxiliarlos, los notaron nerviosos, por lo que revisaron el rodado y descubrieron el cargamento narco.

Un año después, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a Romero a cinco años de prisión. Sus cómplices, Lucas David Moyano (repositor de supermercado y remisero) y Adrián Andrés Mareco (remisero) recibieron cuatro años de cárcel cada uno.

De manera llamativa, cuando Romero recibió el beneficio de la libertad condicional, regresó a trabajar a Epec, donde le habían conservado su puesto pese a la condena judicial.

De acuerdo a la investigación, Romero se habría ofrecido como una suerte de “gestor” de toda clase de certificados falsos. Al investigarlo, se descubrió que en 2018 le habría conseguido a un compañero en Epec, Daniel Alejandro Chuminatti, un certificado analítico “trucho” para simular haber terminado el colegio secundario, ya que la empresa provincial de electricidad de Córdoba le paga un plus a los empleados que hayan terminado el colegio.

Ante este descubrimiento, Romero y Chuminatti fueron imputados por “defraudación a la administración pública”.

Pero Romero quedó aún más complicado junto a Saavedra Paredes en la causa principal, ya que se sospecha de una “usina” de toda clase de certificados “truchos”, por lo que han sido imputados de participación de falsificación de documentación. Fue detenido el pasado 4 de junio.

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