El Tribunal de Cuentas impugnará los subsidios otorgados a Claudio Barrelier

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El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, confirmó que el organismo recibió para su revisión la documentación correspondiente a dos subsidios de $120.000 que el Gobierno provincial otorgó a Claudio Barrelier, acusado y detenido por el femicidio de Agostina Vega.

Los pagos, por un total de $240.000, fueron realizados a fines de 2025, antes del crimen de la adolescente de 14 años. La existencia de las ayudas económicas fue revelada por Ruido, una organización integrada por periodistas especializados en investigación.

Corvalán anticipó en diálogo con Cadena 3 que objetará las erogaciones cuando sean analizadas por el organismo de control. "Lo que vamos a hacer es lo que haría cualquier cordobés: vamos a observar, es decir, vamos a impugnar este pago que se ha realizado", afirmó.

El funcionario cuestionó que el Estado provincial haya entregado los fondos a Barrelier, quien se desempeñaba en la Municipalidad de Córdoba y anteriormente había permanecido detenido durante aproximadamente tres semanas en el marco de otra causa.

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En mayo de 2025, Barrelier había sido acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una joven que logró escapar de su vivienda. Se trata del mismo inmueble en el que, un año después, habría ocurrido el crimen de Agostina.

Corvalán también apuntó contra la continuidad laboral del acusado dentro del municipio después de aquella detención. Barrelier había comenzado a trabajar como becario durante la pandemia y posteriormente fue incorporado como contratado en el área de Tránsito.

Consultado sobre la posibilidad de que una persona vinculada laboralmente con un municipio reciba, al mismo tiempo, una asistencia económica provincial, el vocal aclaró que el asunto todavía se encuentra bajo estudio.

"Obviamente que no pueden cobrar del Estado dos veces, pero estamos analizando este tema", expresó. La revisión deberá determinar la naturaleza de los subsidios y si existió alguna incompatibilidad con los ingresos que Barrelier percibía del municipio.

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• Críticas por la falta de acceso a la información

La revelación de los pagos también reabrió la discusión sobre el Portal de Transparencia de la Provincia. El portal Ruido logró encontrar la información después de revisar las publicaciones página por página, debido a que la plataforma ya no permite realizar búsquedas directas por nombre o CUIT del beneficiario.

Según se explicó, la organización necesitó efectuar 1.784 clics para localizar los registros. Los cambios introducidos en el sitio dificultaron el acceso a datos que anteriormente podían consultarse mediante un buscador.

La controversia surgió mientras Córdoba destacó su posición en una evaluación de transparencia presupuestaria realizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Matías Olivero Vila, titular de la ONG Lógica, consideró que esos análisis también deberían contemplar la información que reciben los consumidores sobre los impuestos incluidos en sus compras.

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Olivero Vila recordó que Córdoba todavía no adhirió al régimen nacional de transparencia fiscal al consumidor, conocido como "ley del ticket". La norma establece que los comprobantes deben detallar los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales que inciden en el precio final. "Córdoba no se ha adherido ni lo ha reglamentado y ya han pasado dos años de este régimen", señaló en diálogo con Cadena 3.

El titular de Lógica explicó que la Provincia dictó una resolución preparatoria y consultó a las entidades empresarias sobre la posibilidad de adaptar sus sistemas para discriminar Ingresos Brutos y las tasas municipales. Sin embargo, afirmó que la adhesión prometida todavía no se concretó. "Consideramos que eso afecta esencialmente la transparencia fiscal de la provincia, al no darles a los cordobeses información sobre cuánto impuesto están soportando en sus compras", sostuvo.

Olivero Vila agregó que representantes de la organización mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Economía provincial, encabezado por Guillermo Acosta, en la que les aseguraron que el régimen sería implementado una vez recibida la respuesta de las cámaras empresariales. "Se está por cumplir un año y eso no ha sucedido. Córdoba tiene una cuenta pendiente en materia de transparencia fiscal", concluyó.

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Informe de Guillermo López.

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