Descubrieron a dos presos que planeaban asesinar a la fiscal que ordenó sus capturas

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La fiscal de Boulogne, Paula Hertrig, confirmó que dos presos investigados por integrar una banda de entraderas planeaban atentar contra ella y habían reunido fotografías de su vivienda e información privada de su familia. La funcionaria del departamento judicial de San Isidro advirtió sobre la continuidad de los delitos organizados desde las cárceles mediante teléfonos celulares.

"Yo estaba haciendo mi trabajo y no merezco morir por eso", afirmó en diálogo con Cadena 3. Confirmó que se adoptaron medidas de protección para ella y su familia, y remarcó que lo que más la afecta es el temor de sus padres y de sus hijos menores de edad.

Los detenidos involucrados son Martín Darío Rettori y Ariel Ernesto Libertini, alojados en distintos penales bonaerenses. La investigación por las amenazas quedó a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari. 

En las conversaciones de WhatsApp, en las que Rettori figuraba agendado como "Gordo", se evaluaba enviarle una corona fúnebre a su casa o atacarla a balazos cuando saliera. Entre el material hallado también había una fotografía de su esposo, un comisario de la zona.

Hertrig hizo una precisión sobre la situación de los sospechosos: uno de ellos ya estaba privado de la libertad antes de la investigación por las entraderas; el otro fue detenido a partir de esa pesquisa.

La fiscal explicó que, por su función acusadora, está habituada al enojo de las personas investigadas. Sin embargo, distinguió esa reacción del impacto de encontrar su fotografía, su número particular, los teléfonos de su padre y de su pareja, y una imagen del frente de su domicilio entre los archivos de los sospechosos.

"Es chocante", expresó. Aunque puede imaginar que los imputados le tengan bronca, agregó, "que lleguen al punto de planificarlo no es algo que pasa todos los días".

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Consultada sobre el miedo, puso el foco en su entorno: "Lo que me fastidia es el miedo de mi familia, de mis padres, de mis hijos. Yo tengo hijos menores". También señaló que los integrantes de la banda hablaban de "laburar" cuando se referían a los robos. En ese contexto, sostuvo que debían entender su detención como "un accidente laboral": "Perdieron".

Las primeras imágenes y conversaciones fueron descubiertas por una de sus secretarias, durante el análisis de teléfonos secuestrados en la causa por robos. Hertrig relató que hubo dos tandas de allanamientos, con órdenes de detención dictadas por el juez de Garantías interviniente, y que la planificación de las amenazas apareció entre ambas etapas, cuando los sospechosos se sintieron acorralados por el avance de la pesquisa.

El hallazgo motivó su denuncia y su decisión de dejar de investigar a esos imputados. Explicó que en ese momento había dos fiscales en la dependencia, por lo que su colega pudo continuar con la causa. Buscó que los sospechosos no supieran que ella conocía el plan, mientras la investigación por las amenazas avanzaba en paralelo hasta la realización de nuevos allanamientos.

La decisión también respondió a su obligación de actuar con objetividad y de respetar las garantías de los acusados. "Yo ya no puedo investigarlos a ellos, claramente", sostuvo. Consideró que, al convertirse en víctima directa, perdía la objetividad necesaria y daba motivos para que la recusaran si continuaba al frente del expediente.

Sobre las consultas a ChatGPT, aclaró que se enteró después, a partir de la investigación abierta por su denuncia. Según la información del caso, la herramienta fue utilizada para buscar datos sobre ella, particularmente una fotografía.

Hertrig describió, además, cómo funcionaba la organización que investigaba. Actuaba en San Isidro y contaba con el apoyo de personas que tenían acceso a información del sistema del 911 sobre la ubicación de los móviles policiales.

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Una pieza central era una cochera de Tigre, cercana al Puerto de Frutos, cuyo dueño es uno de los involucrados en los mensajes. Los clientes dejaban sus vehículos con la llave y, en algunos casos, también guardaban adentro la cédula de identificación del automotor y las llaves de sus viviendas. Mientras paseaban por la zona, la banda disponía de unas horas para obtener esa información.

Según explicó la fiscal, fotografiaban la cédula y las llaves de las casas y, en varias ocasiones, hacían copias. Otros integrantes iban luego a los domicilios para comprobar que las llaves funcionaran y relevar la presencia de perros, cámaras de seguridad y posibles accesos.

Un tercer grupo ejecutaba los asaltos. Hertrig señaló que la organización prefería ingresar cuando los moradores estaban adentro: buscaba evitar la activación de las alarmas y ejercer violencia para que las víctimas, atemorizadas, entregaran el dinero. "Los roles estaban bien determinados", remarcó, y descartó que se tratara de viviendas elegidas al azar.

En una primera etapa, el liderazgo se atribuía al hombre que llevaba más tiempo preso. Luego, según su explicación, ese lugar fue desplazándose hacia el dueño del estacionamiento, por su acceso a la información necesaria para seleccionar las casas. Las actividades se reportaban a los integrantes detenidos.

En una computadora secuestrada encontraron carpetas con imágenes de las llaves, las cédulas y las viviendas. Los robos no necesariamente ocurrían al día siguiente de la visita a la cochera, lo que dificultaba que las víctimas relacionaran los hechos: no habían perdido sus llaves y desconocían cuándo podían haberlas copiado.

La pesquisa se extendió durante meses y se realizó junto con la DDI de San Isidro. Hertrig explicó en Cadena 3 que, como directora de la investigación, coordinaba el análisis de la fiscalía con las tareas de campo de la Policía, como la verificación de domicilios. Se cruzaron informes de telefonía, documentación, filmaciones y seguimientos de vehículos. El trabajo culminó con más de diez allanamientos y operativos de detención simultáneos, con procedimientos en la vía pública y en tres unidades penitenciarias. "Todavía hay prófugos", advirtió.

Más allá de su situación personal, la fiscal centró su reclamo en el acceso a celulares dentro de los penales. Consideró que las amenazas tienen gravedad institucional, pero insistió en que el problema alcanza a cualquier persona que pueda ser víctima de un delito organizado desde la cárcel.

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"Estas cosas ocurren porque las personas que se encuentran privadas de la libertad tienen acceso irrestricto al uso de telefonía celular dentro de las unidades penitenciarias", sostuvo. Afirmó que su planteo surge de pruebas reunidas en distintas causas y que los dispositivos no se utilizan exclusivamente para hablar con familiares.

Detalló que en los análisis encuentran domicilios marcados para futuros robos, tareas de inteligencia previa, conversaciones para conseguir o intercambiar armas y comunicaciones entre personas alojadas en diferentes cárceles. Como ejemplo, mencionó una entradera a la casa de una mujer de más de 80 años que vivía sola: quienes cometían el asalto mantenían una videollamada con alguien privado de la libertad.

También describió las estafas telefónicas en las que se solicita un código con el pretexto de resolver un problema con el chip o de cambiarlo, para acceder a información del celular. Al comparar estas maniobras con modalidades anteriores, mencionó los secuestros exprés. "Todos estamos vulnerables", advirtió, y remarcó que la pandemia "ya terminó hace rato".

Ante la pregunta sobre por qué no se modifica esta situación desde el poder político, respondió que no tiene esa explicación y que se trata de una decisión que excede sus atribuciones. Aclaró que la función de la fiscalía es investigar los hechos una vez ocurridos, buscar la verdad e identificar a sus autores, y que no tiene a su cargo la prevención.

Hertrig tampoco pudo garantizar que, después de los últimos allanamientos, los sospechosos no hubieran conseguido otros celulares. "No sé si hoy ya no tienen otros teléfonos, no sé si no nos están escuchando con otro teléfono", expresó. Agradeció el trabajo de los investigadores y aclaró que su cuestionamiento apunta al ingreso y al uso de dispositivos sin control dentro de las cárceles.

La fiscal recordó que antes las llamadas desde unidades penitenciarias advertían al destinatario sobre su origen, algo que no sucede con los celulares. También cuestionó las dificultades para investigar las comunicaciones mediante datos: sobre las llamadas por WhatsApp, sostuvo que son comunicaciones "que no podemos intervenir".

Aunque manifestó estar convencida de que los presos no deberían tener teléfonos celulares, planteó como alternativa un servicio limitado de las compañías: números de familiares previamente declarados y registrados, comunicaciones mediante llamadas y horarios establecidos. Mencionó, como ejemplos de contactos habilitados, a la madre, la pareja o los hijos.

Finalmente, señaló la contradicción que observa entre las restricciones a determinadas visitas, por antecedentes graves y por el riesgo de que se planifiquen delitos, y la posibilidad de mantener esos contactos por celular. "¿Para qué va a entrar si lo llaman por teléfono y lo planifican igual?", cuestionó.

Reclamó que se tome conciencia de una situación que, según remarcó, excede su condición de funcionaria judicial: "Hoy soy yo, mañana puede ser cualquier otro".

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.

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