Un fiscal citó a imputativa por estafa a los desarrolladores de Damfield, el loteo clausurado
La acusación gira alrededor de la venta de un terreno al futbolista Denis Rodríguez, que pagó 96 mil dólares sin conocer que el emprendimiento no contaba con las habilitaciones necesarias. La investigación incluye recibos, transferencias y conversaciones de WhatsApp. El avance penal se da tras el final del juicio que Damfield perdió
27/10/2026 | 09:06Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La investigación se originó a partir de una denuncia del futbolista Denis Rodríguez.
La situación judicial del barrio cerrado Damfield, ubicado en la zona sur de Funes y clausurado por el Gobierno de Santa Fe por su inviabilidad hídrica y ambiental, sumó un nuevo capítulo. El fiscal Ramiro González Raggio (MPA) citó a audiencia imputativa a dos de los empresarios vinculados con la comercialización del emprendimiento inmobiliario, en el marco de una investigación penal por presunta estafa.
Los convocados son Darío Maximiliano Fernández, presidente de Davik S.A., sociedad fiduciaria del Fideicomiso Damfield Funes, e Ismael Villegas Kalac, identificado por la Fiscalía como interlocutor comercial y cara visible del emprendimiento.
La audiencia está prevista en libertad, en dependencias del Ministerio Público de la Acusación, para el 17 de noviembre. Originariamente iba a realizarse este 29 de octubre, pero se postergó por pedido de la defensa de los desarrolladores, ejercida por el abogado Hernán Martínez.
La investigación se originó a partir de la denuncia de Denis Rodríguez, el futbolista ex Newell's y River y primo del futbolista Maximiliano, quien asegura haber invertido 96 mil dólares para adquirir un lote en Estancia Damfield Residencial sin haber recibido el terreno ni recuperado su dinero.
Rodríguez está representado por los abogados Paul Krupnik, Martín Marini y Martina Lianza, quienes impulsaron la acción penal y solicitaron al fiscal que avanzara con la investigación.
El avance de la causa penal tiene directa relación con la finalización del trámite judicial ante la Cámara Civil y Comercial para dar curso a la instancia de imputación. Es que Damfield perdió el juicio iniciado contra la provincia de Santa Fe en primera y segunda instancia. Mantiene un pleito en el fuero Contencioso Administrativo para intentar reabrir el expediente administrativo que la provincia cerró. Es decir, hoy no tiene un sólo papel ni permiso que avale la realización del barrio cerrado.
En el caso que irá a audiencia, el planteo central del denunciante es que nunca fue informado de que el desarrollo inmobiliario carecía de las autorizaciones definitivas y que existían serios impedimentos administrativos y ambientales que podían frustrar el proyecto.
Rodríguez suscribió un boleto de compraventa el 8 de agosto de 2023, que reemplazó a otro firmado una semana antes.
El último pago, por 8 mil dólares, se habría concretado 10 de julio de 2024, cuando el emprendimiento ya había sido clausurado por la Provincia, una circunstancia especialmente relevante para la hipótesis de la acusación.
Según los documentos que tiene la Fiscalía, Damfield habría continuado suscribiendo documentación y percibiendo fondos a través de la estructura societaria pese a conocer que el desarrollo no reunía las condiciones para obtener las habilitaciones exigidas.
En el caso de Kalac, la querella sostiene que habría mantenido el vínculo comercial con Rodríguez y recibido pagos sin transparentar las dificultades que atravesaba el proyecto.
La acusación: vendieron terrenos pese a conocer los impedimentos
El núcleo de la investigación penal, que es sobre el desarrollo inmobiliario y no afecta al emprendimiento deportivo que funciona correctamente, apunta al presunto ocultamiento de información esencial para el comprador. Según la atribución, desde al menos el segundo semestre de 2022 el emprendimiento no reunía las condiciones necesarias para su comercialización debido a la imposibilidad de obtener las habilitaciones hídricas y ambientales previstas por la legislación provincial.
El proyecto había recibido sucesivas intimaciones administrativas de paralización de obras, fechadas el 26 de septiembre de 2022, el 10 de agosto de 2023 y el 9 de febrero de 2024.
Finalmente, el 29 de junio de 2024, la Provincia dispuso su clausura mediante el Decreto 902/24, en un proceso administrativo que también incluyó la Resolución 1130/24 del Ministerio de Obras Públicas.
La acusación sostiene que, pese a estos antecedentes, los responsables de la comercialización continuaron recibiendo dinero del inversor.
En particular, a Kalac se le atribuye haber brindado respuestas evasivas cuando Rodríguez comenzó a consultar por las irregularidades que tomaban estado público a través de los medios de comunicación de Rosario.
La Fiscalía sostiene que esas comunicaciones habrían permitido mantener la confianza del comprador y obtener nuevos desembolsos, incluso cuando el emprendimiento atravesaba una situación administrativa crítica.
Chats, recibos y transferencias: las pruebas de la Fiscalía
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el material documental y digital incorporado al expediente. Entre las evidencias enumeradas aparecen conversaciones de WhatsApp y audios intercambiados entre Rodríguez y Kalac durante julio y agosto de 2023 y el mismo período de 2024.
Según fuentes con acceso a la investigación, el denunciante también habría aportado información y conversaciones vinculadas con presuntos pagos en negro a través de una financiera. Ese material podría ser exhibido por el fiscal durante la audiencia, aunque su alcance probatorio deberá establecerse en el proceso.
Del revés judicial en el fuero civil a la investigación penal
La convocatoria a audiencia imputativa se produce después de los reveses judiciales sufridos por el emprendimiento en primera y segunda instancia en el fuero civil.
Como informó Cadena 3, la Cámara Civil y Comercial confirmó el pronunciamiento adverso al desarrollo inmobiliario, en un expediente que constituye un antecedente relevante para el conflicto.
De esta manera, el conflicto, que inicialmente estuvo concentrado en las autorizaciones administrativas, la situación ambiental del predio y las posibilidades de continuar las obras, adquiere ahora una dimensión penal concreta.
La investigación busca determinar si existió una maniobra deliberada para obtener dinero de compradores que desconocían las restricciones que pesaban sobre el emprendimiento.
En este caso, la acusación se concentra en la situación particular de Rodríguez y los 96 mil dólares que asegura haber desembolsado.
La citación no implica una declaración de culpabilidad: será la instancia en la que los empresarios conocerán formalmente los hechos atribuidos y podrán ejercer sus derechos de defensa.
Con información de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Qué situación judicial se está investigando? Se investiga la presunta estafa en la venta de terrenos del barrio cerrado Damfield, clausurado por el Gobierno de Santa Fe.
¿Quiénes están citados a audiencia imputativa? Darío Maximiliano Fernández e Ismael Villegas Kalac son los empresarios convocados por el fiscal Ramiro González Raggio.
¿Cuándo se llevará a cabo la audiencia? La audiencia está programada para el 17 de noviembre, después de haber sido postergada del 29 de octubre.
¿Dónde se realiza la audiencia? La audiencia se llevará a cabo en el Ministerio Público de la Acusación.
¿Por qué se investiga a los empresarios? Se investiga por presunto ocultamiento de información sobre las autorizaciones y condiciones del desarrollo inmobiliario.
