El triunfo de Lula y los desafíos de la gobernabilidad

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Por Sergio Berensztein

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño abre una nueva etapa política, pero también plantea interrogantes sobre la gobernabilidad. Más allá de los resultados electorales, me interesa analizar qué condiciones tendrá el presidente electo para ejercer el poder, construir consensos y responder a los problemas económicos de Brasil. La elección dejó una sociedad dividida y una discusión sobre la legitimidad del resultado que puede tener consecuencias durante el próximo mandato.

El primer desafío es la legitimidad de origen. Una parte importante de la sociedad brasileña cuestiona el proceso electoral, en medio de la controversia generada por la decisión de un juez de la Corte Suprema de postergar el cierre de la votación en diez estados. La transparencia de los comicios y el reconocimiento del resultado por parte de quienes perdieron serán determinantes. Cuando una parte de la ciudadanía considera que un gobierno no llegó legítimamente al poder, la discusión deja de ser exclusivamente electoral y puede transformarse en un problema de gobernabilidad. Brasil ya atravesó una profunda polarización y existe el riesgo de que esa división se profundice.

La experiencia internacional muestra que las controversias sobre el origen del poder pueden dejar consecuencias duraderas. En Estados Unidos, Donald Trump sostiene que ganó las elecciones de 2020 y una parte de la sociedad comparte esa interpretación. Cuando se instala la sospecha sobre el sistema electoral, los adversarios políticos pueden empezar a ser vistos como una amenaza para la democracia. En Brasil, la politización de la Justicia agrega otro elemento de preocupación. La utilización de los tribunales en las disputas partidarias no es nueva y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de preservar la confianza en las instituciones.

El segundo desafío es parlamentario. Lula tendrá minoría en ambas cámaras y deberá negociar con el llamado Centrao, un conjunto heterogéneo de fuerzas políticas que tiene un peso decisivo en el Congreso. Sus integrantes suelen actuar con pragmatismo y pueden respaldar distintas iniciativas según las circunstancias. Esto obliga al presidente a construir acuerdos para aprobar sus proyectos y limita la posibilidad de avanzar unilateralmente. Aunque esa dinámica puede resultar frustrante, también puede favorecer la moderación y el diálogo, siempre que las diferencias no deriven en una mayor confrontación entre los extremos políticos.

El tercer frente es la economía. Brasil cuenta con ventajas importantes frente a otros países de la región: tiene grado de inversión, acceso al financiamiento y no mantiene restricciones cambiarias como las argentinas. Sin embargo, enfrenta un panorama fiscal complejo, tasas de interés elevadas y un fuerte endeudamiento de los hogares. El país necesita recuperar el crecimiento y ordenar sus cuentas públicas, pero existe resistencia política y social a un ajuste del gasto. El desafío de Lula será encontrar un equilibrio entre las demandas sociales de su electorado y la necesidad de sostener una economía que genere inversión y empleo. Las dudas sobre su disposición a encarar ese proceso ya influyen en las expectativas de los mercados.

Las consecuencias también pueden sentirse en la Argentina. Si el real se debilita frente al dólar, nuestro país puede perder competitividad comercial y turística: los productos argentinos se encarecen para los consumidores brasileños y, al mismo tiempo, vacacionar en Brasil resulta relativamente más atractivo para los argentinos. Por eso, el desempeño de la economía brasileña no es un asunto ajeno a nuestros intereses. Una economía brasileña sólida puede favorecer el comercio bilateral y ofrecer mejores condiciones para el crecimiento argentino. Por el contrario, las dificultades fiscales y una pérdida de dinamismo pueden repercutir en toda la región.

Lula inicia así un cuarto mandato con desafíos que van mucho más allá de haber ganado una elección. Necesita construir legitimidad, negociar con un Congreso fragmentado y recuperar el crecimiento sin agravar los desequilibrios fiscales. También deberá resolver una cuestión política de largo plazo: la falta de una figura de su propio espacio capaz de sucederlo. Su triunfo es histórico, pero el resultado no garantiza gobernabilidad. La verdadera medida de esta nueva etapa será su capacidad para transformar los votos en acuerdos, decisiones económicas sostenibles y una gestión que pueda funcionar en una sociedad profundamente dividida.

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