Crisis de personas sin hogar: 63 muertes en seis meses y críticas al Gobierno

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que, desde enero de 2023, murieron 63 personas en situación de calle, de las cuales 13 residían en la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos corresponden a un informe elaborado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de estudio Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, destacó que este resultado “dimensiona el problema de vivienda” existente no solo en la Ciudad, sino a nivel nacional.

Miguens afirmó que en los últimos dos años se ha observado una política de abordaje de la problemática que presenta un enfoque “punitivo, estigmatizante y discriminativo”. Mencionó casos específicos donde se vio al jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicando en Instagram cómo se desaloja a personas de la calle, en un contexto de “orden y limpieza”, donde estas personas son tratadas como objetos.

Además, datos oficiales del Ministerio Público de la Defensa (CABA) revelaron que, entre el año pasado y este, las denuncias de violencia institucional contra personas en situación de calle aumentaron un 128%. Este hallazgo fue igualmente notable en el relevamiento del CELS, el cual censó a 11.892 personas en la Ciudad.

Según Miguens, los testimonios recopilados indican que “de manera muy reiterada”, narran el maltrato que sufren por parte de las autoridades públicas y cómo cada vez tienen menos lugares donde refugiarse, siendo echados, robbed sus pertenencias, perseguidos y hostigados.

A pesar de un incremento en el presupuesto para los dispositivos que ofrecen alojamiento transitorio con camas, duchas y alimentos, Miguens enfatizó que esto no es más que un abordaje “superficial”, dado que las situaciones de “malos tratos” son comunes y las personas son “expulsadas” de dichos servicios.

En paralelo, el Estado Nacional, mediante un decreto emitido hace un mes, decidió “debilitar” sus responsabilidades en virtud de una ley nacional destinada a “atender a quienes viven en la calle”. En lugar de robustecer las políticas para garantizar el bienestar y acceso a los servicios esenciales, optaron por “desjerarquizar su rol”, traspasando esta responsabilidad a las provincias y decidiendo subsidiar, o no, según las circunstancias de cada gobernación.

Miguens concluyó que este aumento en las personas viviendo en la calle debe interpretarse en un contexto de reducción del rol del Estado, algo que se hace evidente desde el Gobierno Nacional, el cual ha desmantelado secretarías y organismos públicos destinados a estas temáticas. Asimismo, la posibilidad de cerrar el Fondo de Integración Sociourbana, encargado de financiar obras para mejorar las condiciones de vida en barrios populares, representa una preocupación adicional, mientras que en la Ciudad, el presupuesto del Instituto de la Vivienda porteño se vio reducido en un 28%.

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