Alivio en prestadores de discapacidad tras el rechazo a derogar la emergencia

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Las organizaciones vinculadas a la discapacidad siguieron con atención el debate nocturno en el Congreso de la Nación, donde se aprobó en general el Presupuesto 2026 pero se rechazó, por escaso margen, el intento de derogar la ley de emergencia en discapacidad. 

Marcela Rosado, integrante de Federación Converger, gerente de Fundación IRAM y familiar responsable de cuatro personas con discapacidad, analizó el resultado en diálogo con Cadena 3. Ante la consulta sobre el desenlace de la votación, Rosado señaló que la madrugada dejó un escenario distinto al que se temía horas antes. 

“Hoy estamos mejor que ayer. Lo que pasó es un respiro, porque por ahora el marco legal que protege las prestaciones sigue en pie”, afirmó. Remarcó que la diferencia fue de apenas seis votos, pero sostuvo que el resultado “demuestra que hay esperanza”.

Al ser consultada sobre las consecuencias que hubiera tenido la caída de la emergencia, la referente explicó que el impacto habría sido profundo. “Hubiera significado la desprotección y la caída del sistema de prestaciones básicas, que es la legislación que sostiene a las personas con discapacidad, a sus familias y a miles de trabajadores del sector”, expresó. En ese sentido, advirtió que se trataba de una medida “involutiva”, que implicaba retroceder a épocas en las que las personas con discapacidad quedaban relegadas y sin derechos garantizados.

Rosado interpretó además que el resultado dejó en evidencia un límite político. “Muchos bloques apoyan el déficit cero, pero no a costa del déficit social. La discapacidad y las universidades fueron ese límite”, indicó, y subrayó que dejar sin cobertura al sector significaría también la pérdida de numerosas fuentes de trabajo.

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Durante la entrevista, Rosado remarcó la importancia de los controles. "Las auditorías hacen falta. Es obligación del Estado fiscalizar, y quienes trabajamos seriamente promovemos esos controles", sostuvo. No obstante, aclaró que las irregularidades no pueden justificar el desmantelamiento del sistema. “Que existan irregularidades no habilita a desproteger a las personas con discapacidad. No se puede meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.

La integrante de Converger también puso el foco en la coherencia política, ante la consulta sobre el rol de los legisladores y gobernadores. “La sociedad se manifestó y muchos legisladores acompañaron esa expresión. Hubo dos votaciones positivas, un fallo judicial reciente y ahora este rechazo a la derogación”, enumeró. 

En ese contexto, pidió que esa postura se mantenga en el Senado y cuestionó los cambios de posición ligados a negociaciones presupuestarias. “Votar de una manera por conveniencia política y después darse vuelta también es una forma de corrupción”, advirtió.

Finalmente, Rosado consideró que el resultado de la votación lleva alivio a miles de familias. “A muchas familias con personas con discapacidad este dato del día les debe traer tranquilidad”, expresó, aunque insistió en que el debate no está cerrado y que será necesario seguir atentos para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley de emergencia.

Entrevista de Miguel Clariá.

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