Rockhopper ratificó su plan de extraer petróleo en Malvinas, pese a las sanciones de Milei
La petrolera británica aseguró que cuenta con financiación y respaldo del Reino Unido. La operadora del proyecto sostuvo que las medidas argentinas no modificarán significativamente el cronograma.
30/09/2026 | 11:57Redacción Cadena 3
FOTO: Reino Unido prorrogó las licencias de las empresas petroleras en Malvinas. (Foto: Navitas Petroleum)
La petrolera británica Rockhopper ratificó su objetivo de comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028, pese a las sanciones y los reclamos del Gobierno argentino contra las compañías involucradas en el proyecto Sea Lion.
La empresa confirmó el cronograma en su balance de resultados del primer semestre. Rockhopper posee el 35% del proyecto, mientras que la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y está a cargo de la operación, tiene el 65% restante.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, calificó la etapa actual como un "período decisivo" para la compañía y reiteró la meta de "lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028".
Moody destacó una reciente ampliación de capital que, según aseguró, garantiza la financiación necesaria hasta el inicio de la producción. También remarcó el respaldo del Reino Unido y de la administración británica de las islas.
En su informe, Rockhopper citó la posición de Navitas, que sostuvo que opera con licencias petroleras válidas y "otorgadas legalmente" por las autoridades del archipiélago. Esa afirmación forma parte de la postura de las empresas frente a las medidas argentinas.
/Inicio Código Embebido/
Tensión bilateral. El Gobierno denunció vuelos ilegales de una empresa inglesa desde Malvinas a Chile y exige sanciones
Según fuentes oficiales, la firma Thales UK Limited unió el archipiélago con la ciudad de Punta Arenas. Además, la Oficina del Presidente anunció el inicio de un arbitraje para frenar el proyecto hidrocarburífero “Sea Lion”.
/Fin Código Embebido/
La operadora señaló, además, que no prevé que los acontecimientos recientes tengan "un efecto significativo" en el desarrollo de Sea Lion ni en su calendario de ejecución.
Rockhopper también indicó que el gobierno británico y la administración de las islas calificaron las medidas argentinas como "ilegítimas y carentes de justificación jurídica".
La ratificación del proyecto se produjo en medio de una intensificación de los reclamos del presidente Javier Milei por la soberanía argentina sobre Malvinas. A principios de septiembre, el Gobierno impulsó un decreto de necesidad y urgencia, denuncias penales contra petroleras y un proyecto de ley de soberanía enviado al Congreso.
A esas iniciativas se sumó la intención de llevar el reclamo contra el Reino Unido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
/Inicio Código Embebido/
Tensión en aumento. Reino Unido afirmó estar preparado militarmente para defender Malvinas ante una acción argentina
El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, dijo que el Gobierno argentino "no tiene capacidad" de tomar las islas. "Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los isleños", declaró.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué objetivo ratificó Rockhopper? La petrolera británica ratificó su objetivo de comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028.
¿Quién es el director ejecutivo de Rockhopper? El director ejecutivo es Samuel Moody, quien calificó la etapa actual como un “período decisivo” para la compañía.
¿Cuánto porcentaje del proyecto Sea Lion posee Rockhopper? Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion, mientras que Navitas tiene el 65% restante.
¿Qué medidas tomó el Gobierno argentino respecto a las petroleras? El Gobierno argentino impulsó un decreto de necesidad y urgencia, denuncias penales contra petroleras y un proyecto de ley de soberanía.
¿Qué postura tienen las empresas ante las medidas argentinas? Las empresas sostienen que operan con licencias petroleras válidas y califican las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
