Haz lo que yo digo y no lo que hago

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   Editorial de Alberto Lotuf

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Por Alberto Lotuf

Por momentos la política argentina parece moverse en ciclos previsibles. Promesas de renovación, denuncias de corrupción y finalmente una disputa por el sentido de los hechos. El caso de Manuela Adorni, una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei, encaja en esa lógica, pero también la tensiona.

Se trata de un funcionario cuyo capital político se construyó precisamente sobre la crítica a los privilegios de la casta. Las acusaciones que lo rodean, presuntos viajes financiados por terceros, cuestionamientos sobre su patrimonio, el uso de recursos oficiales, aún están en la etapa inicial de la justicia. Pero el punto relevante no es únicamente judicial, es político. Y en ese plano pone en tensión la retórica de un gobierno que habla de moral como política de Estado.

No se trata de un fenómeno nuevo en la política, porque esto hay que reconocerlo, pero resulta particularmente sensible cuando involucra a quienes prometían terminar con esos privilegios. Un breve repaso permite recordar el caso de Ricardo Jaime, condenado por recibir vuelos privados pagados por empresarios vinculados a su área de control. En otra escala, el caso que involucró al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Chicones, que incorporó la lógica de los beneficios indebidos y el conflicto de intereses. La condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles reforzó la idea de que usó, abusó, utilizar que el uso del cargo puede derivar en ventajas personales indebidas.

Durante los años 90, las investigaciones sobre patrimonio de Carlos Menem instalaron en la agenda pública el problema de los bienes no justificados y los regalos en la función pública, aún cuando muchos de esos procesos no concluyeron en condenas firmes. “La Ferrari es mía”, ¿se acuerdan? Es mía. “La Ferrari es mía”, decía Menem, un exabrupto de aquellos, y se convirtió en un clásico de la época en referencia a un bien asociado a la institución presidencial y no a la persona que la ejerce.

Y más cerca en el tiempo, las causas que involucraron a De Vido y a Cristina Fernández, particularmente en materia de obra pública, ampliaron el debate hacia formas más sofisticadas de beneficios indebidos. Retornos, direccionamientos de contratos, utilización del Estado en favor de intereses específicos. En todos estos casos, con matices y con resultados judiciales diversos, aparece un patrón común. Y esto es la dificultad para trazar una frontera nítida entre lo público y lo privado.

El gobierno actual construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa explícita, terminar con los privilegios de la dirigencia. Y en ese escenario, cualquier sospecha de beneficios personales, por mínima que sea en términos jurídicos, adquiere un impacto político amplificado. La defensa de Adorni sigue una estrategia conocida. Negación de irregularidades, apelación a la transparencia patrimonial, denuncia de operaciones políticas o mediáticas. El propio jefe de gabinete sostuvo públicamente que no tenía nada que esconder y que toda su situación está a disposición de la justicia.

Esa respuesta, sin embargo, no agota el problema, porque la discusión no se limita a la legalidad, también involucra a la percepción pública. En contextos de crisis económica y social, la tolerancia ciudadana frente a los escándalos de corrupción tiende a reducirse. Pero hay un elemento que es adicional que potencia el impacto y es la coherencia. Los gobiernos que llegan al poder con un discurso anticorrupción enfrentan una vara más exigente. No se los evalúa sólo por lo que hacen, sino por la distancia entre sus acciones y sus promesas.

Y el caso Adorni está lejos de resolverse. No hay YPF que lo vaya a tapar. La justicia tendrá la última palabra en términos legales, pero la opinión pública ya comenzó a construir su propio veredicto, más subjetivo, es inmediato. Duda de la honestidad del funcionario. No le cayó bien cómo se defendió. En realidad lo único que hizo fue atacar a la prensa. Y en una democracia, el poder no se sostiene únicamente en la legalidad, sino en la confianza. Y esa confianza depende en gran medida del ejemplo.

¿Se entiende? ¿Cómo empieza y cómo termina todo esto? ¿Cómo debe ser? La historia argentina... son funcionarios públicos, deben explicaciones. Hay incompatibilidades. Hay cosas que no se pueden hacer. El tráfico de influencias tiene que ser desechado. La dádiva mucho más aún. La historia argentina ofrece múltiples advertencias sobre lo que ocurre cuando esa coherencia se quiebra. Y la pregunta es ¿qué va a pasar en esta ocasión? ¿Habrá otros temas que taparán esta historia? Va a ser difícil.

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