Alarmas privadas saturan el 911 y afectan la atención de emergencias reales

El funcionamiento del sistema de emergencias 911 de la provincia de Santa Fe volvió a quedar bajo análisis por el impacto que generan las alarmas privadas en su operatoria diaria. Entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025, en la ciudad de Rosario se registraron 103.910 llamados provenientes de empresas de monitoreo, de los cuales solo 358 derivaron en alguna novedad confirmada, lo que representa menos del 0,35 % del total.

Desde el Ejecutivo provincial advierten que este volumen de avisos afecta de manera directa la capacidad de respuesta ante emergencias reales. Cada alerta implica, como mínimo, unos 20 minutos de intervención y la participación de dos efectivos policiales, además del uso de móviles, combustible y equipamiento. En conjunto, esta dinámica representó para el Estado un costo superior a los 500 millones de pesos en horas hombre, con más de 34.600 horas de patrullaje y la participación de más de 200.000 efectivos en intervenciones que, en su mayoría, no derivaron en la constatación de delitos ni situaciones críticas.

El director de Atención de la Emergencia 911, Pablo Polito, explicó que el alto porcentaje de alertas fallidas responde, en gran parte, a fallas técnicas o contingencias domésticas vinculadas a sistemas privados de seguridad. En ese sentido, señaló que la nueva ley de alarmas que impulsa el Gobierno provincial apunta a ordenar el sector, establecer reglas claras y evitar que el sistema público funcione como una extensión automática de servicios privados.

Una mirada similar expresó la subsecretaria de Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, quien cuestionó el esquema actual de funcionamiento. Según indicó, existen empresas que operan con mínimos recursos propios y trasladan su carga operativa al Estado a través del uso permanente del 911, lo que genera competencia desleal frente a aquellas firmas que cumplen con la normativa vigente.

Desde el Gobierno provincial subrayan que los recursos comprometidos no son abstractos: se trata de policías que podrían estar recorriendo barrios, previniendo delitos o asistiendo a personas en situaciones críticas; de móviles y equipamiento que se desgastan innecesariamente; y de fondos públicos que se diluyen por la alta tasa de error de sistemas privados sin controles suficientes. Ordenar el uso del sistema de emergencias, sostienen, es una condición necesaria para garantizar una respuesta rápida cuando la emergencia es real y para resguardar el trabajo policial y los recursos del Estado.

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