La justicia peruana rechaza anular la investigación contra la presidenta Boluarte

LIMA (AP) — La justicia peruana desestimó el jueves un recurso interpuesto por la defensa de la presidenta Dina Boluarte, en el que se solicitaba anular una investigación de la Fiscalía por "encubrimiento personal". Esta investigación se centra en la presunta desactivación de un equipo especializado de la policía que apoyaba indagatorias de alto impacto político y que afectaban a su círculo cercano.

En su petición, la defensa argumentó que se debía anular las declaraciones de dos testigos, alegando que la clasificación de sus testimonios como "secretos" no había sido debidamente fundamentada por la Fiscalía. Asimismo, cuestionó la validación de algunas declaraciones adicionales.

El juez Juan Carlos Checkley consideró "infundada" la acción de tutela solicitada por los abogados de Boluarte, afirmando que la decisión del Ministerio Público de reservar los testimonios presentaba una justificación adecuada. Esta declaración fue emitida a través de un comunicado del Poder Judicial en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Más de un año atrás, el gobierno de Boluarte tomó la decisión de desactivar el grupo especializado que colaboraba con la Fiscalía en las investigaciones relacionadas con su entorno, incluyendo a su hermano Nicanor Boluarte, quien había sido procesado por supuestamente participar en una organización criminal vinculada al tráfico de influencias.

Según las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, se sostuvo que Boluarte trató de “sustraer” de la indagación penal a su hermano, realizó “ofrecimientos ilícitos” a la ex autoridad del grupo especializado de la policía a través de su abogado, también implicado, y procedió a desarticular dicha unidad de apoyo.

El juez también desestimó la solicitud de anular la denuncia constitucional de la Fiscalía en contra de la presidenta, argumentando que carecía de competencia, dado que el caso ya había sido presentado ante el Congreso, que tiene la autoridad para decidir sobre la inmunidad que posee Boluarte.

En Perú, los presidentes gozan de inmunidad hasta cinco años después de finalizar su mandato. Sin embargo, si la Fiscalía presenta un reclamo ante el Congreso, este puede autorizar que la ex presidenta sea juzgada por la Corte Suprema una vez que deje el cargo.

A finales de mayo, se archivó otra solicitud del Ministerio Público para levantar la inmunidad de Boluarte por el uso de relojes de lujo donados por un gobernador que supuestamente obtuvo beneficios mediante diversas leyes. La popularidad de Boluarte actualmente se sitúa en un 3,6%, según un estudio de mayo del Instituto de Estudios Peruanos, y ha afirmado en múltiples ocasiones que dejará la presidencia en 2026 “con las manos limpias”.

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