Juicio con jurado popular para Begoña Gómez, esposa del presidente español, por malversación

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) — El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto que abre el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Las acusaciones incluyen presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, así como contra su asesora, Cristina Álvarez, quien enfrenta cargos por el segundo delito.

El magistrado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha indicado que existen "indicios racionales" que sugieren que la única explicación lógica de la secuencia de hechos es la relación de Gómez con el presidente. Esto se vincula a la creación de una "cátedra extraordinaria a su medida" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a su nombramiento como directora, según información proporcionada por Telemadrid.

En su decisión, el juez también ha señalado que Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia para tareas no relacionadas con su puesto institucional". En el documento se subraya que "la condición de cónyuge del presidente del Gobierno carece de toda regulación en nuestro ordenamiento", lo que implica que no tiene derecho a disponer de personal pagado con fondos públicos.

El auto de apertura no exige fianza a las acusadas ni bloquea el dominio de la sociedad Transforma TSC, pero ordena investigar la capacidad económica de Gómez a través de sus cinco últimas declaraciones del IRPF. Ambas acusadas deberán rendir cuentas por los 113.509,32 euros que reclama la UCM, y la Fiscalía tiene un plazo de diez días para presentar su escrito, el cual no admite recurso.

En su auto, Peinado ha afirmado que Gómez "habría aprovechado su cercanía al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en la Universidad Complutense". Este acceso privilegiado le permitió establecer "una interlocución singular" con responsables de la universidad y entidades del sector tecnológico, lo que podría encuadrarse en el delito de tráfico de influencias.

El juez ha destacado que la cátedra extraordinaria fue creada con una "celeridad inusitada", con declaraciones del vicerrector Juan Carlos Doadrio que sugieren que el convenio estaba "muy preparado" antes de su formalización. La cátedra comenzó a funcionar el 30 de octubre de 2020.

El magistrado ha rechazado los argumentos de defensa de Gómez, subrayando que lo relevante es el "salto cualitativo" en su relación con la universidad a partir de 2020, que llevó a la creación de la cátedra extraordinaria. Además, ha señalado que el hecho de que el Ministerio Fiscal no acuse no impide la apertura del juicio oral, ya que los magistrados tienen la facultad de decidir independientemente de la posición del fiscal.

En relación a la malversación, el juez ha indicado que Álvarez "habría intervenido de manera continuada en actividades ajenas a sus funciones", vinculadas a la cátedra. Según el informe del Ministerio de la Presidencia, esta última ha recibido 401.802,40 euros brutos desde 2018 por su trabajo con fondos públicos.

Reacción del Gobierno

El Gobierno ha expresado su "condena" ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio contra Begoña Gómez, considerándola "injusta" y parte de una "persecución". Desde el Ejecutivo se asegura que durante la instrucción ha quedado "clara y demostrada" su inocencia y confían en que esto se evidencie en el juicio. Además, critican que el auto judicial se haya notificado coincidiendo con un viaje internacional de Sánchez a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas.

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