El alcalde de Budapest enfrenta cargos por organizar evento del Orgullo prohibido

BUDAPEST, Hungría — Las autoridades húngaras han presentado cargos el miércoles contra el alcalde progresista de Budapest, Gergely Karácsony, por su implicación en la organización de un evento del Orgullo LGBTQ+ en la capital, que fue prohibido el año pasado. La investigación policial se inició tras la marcha del 28 de junio, que se llevó a cabo a pesar de la prohibición impuesta por el gobierno nacionalista conservador.

Este evento se convirtió en el más grande de su tipo en la historia de Hungría, con organizadores que afirmaron la participación de aproximadamente 300.000 personas. La Oficina del Fiscal Jefe de Budapest informó que Karácsony ha sido acusado de llevar a cabo una asamblea ilegal, a pesar de la orden de prohibición, y se recomendó que enfrente una multa sin juicio.

Los fiscales argumentaron que el alcalde desafió la orden policial al "publicar repetidamente convocatorias públicas para participar en la asamblea y luego liderar la misma". En respuesta a las acusaciones, Karácsony se definió como un "acusado orgulloso" en un comunicado.

El alcalde destacó en su declaración que "en este país, este es el precio que pagas si defiendes tu propia libertad y la libertad de los demás". Afirmó que no se dejará intimidar por la prohibición y que continuará luchando por la libertad de expresión y los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Hungría.

Karácsony no cuestionó la descripción de la fiscalía sobre su papel en la marcha, señalando que "eso es exactamente lo que sucedió". Además, expresó que nunca aceptará que defender la libertad sea considerado un crimen en su patria.

El partido del primer ministro Viktor Orbán aprobó una ley controvertida en marzo de 2025 que prohibió los eventos del Orgullo y permitió a las autoridades utilizar herramientas de reconocimiento facial para identificar a los participantes. El gobierno ha justificado su postura al afirmar que el Orgullo representa una violación de los derechos de los niños al desarrollo moral y espiritual.

Una enmienda constitucional reciente también ha declarado que estos derechos tienen prioridad sobre otras protecciones fundamentales, incluyendo el derecho a la reunión pacífica. Las acciones del gobierno de Orbán han sido criticadas por grupos de derechos humanos y políticos europeos, quienes las comparan con legislaciones represivas en otros países.

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