Policías de Santa Fe denuncian al fiscal Arrigo por supuestas irregularidades en el caso Casco

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El caso por la muerte de Franco Casco, un joven cuyo cuerpo fue encontrado en el río Paraná en octubre de 2014, ha dado un nuevo giro judicial. Tres policías de Santa Fe, supuestamente involucrados en la causa, han presentado una denuncia ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal Fernando Arrigo y su colega Marcelo De Giovani por un presunto mal desempeño en sus funciones.

Las denuncias fueron realizadas de manera individual por Walter Benítez, Guillermo Gysel y Marcelo Guerrero, quienes están representados por los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Fernando Mazzuchini. Este no es el primer cuestionamiento hacia Arrigo, ya que en diciembre del año pasado, el comisario Diego Álvarez también lo había denunciado ante la Procuración por motivos similares, y esa presentación sigue su curso. Con estas nuevas denuncias, ya son cuatro los efectivos que piden investigar el comportamiento del fiscal en este expediente.

Las acusaciones apuntan al desempeño del Ministerio Público Fiscal durante la instrucción, el juicio oral y la revisión de la causa ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los denunciantes sostienen que los fiscales incumplieron los principios de objetividad y lealtad procesal al omitir elementos probatorios que beneficiaban a los acusados y al sostener una hipótesis que, según las defensas, fue contradicha por diversas pruebas incorporadas al expediente.

El contexto de esta disputa se centra en la sentencia del 18 de julio de 2023, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario absolvió por mayoría a 19 policías y un civil acusados de la desaparición y muerte de Casco. Este fallo, que llegó tras más de un año y medio de debate oral, permitió que diez de los imputados recuperaran la libertad tras casi seis años de detención.

No obstante, el 17 de diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones a raíz de los recursos presentados por la Fiscalía y las querellas. Los policías consideran que la decisión de Casación estuvo influenciada por una presentación parcial de las pruebas realizada por Arrigo.

Uno de los señalamientos más serios se refiere al presunto ocultamiento de videos que mostrarían a Franco Casco caminando por Rosario tras haber recuperado su libertad. Según los denunciantes, el 28 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral Federal número 2 presentó cuatro grabaciones con registro de fecha y hora que hasta ese momento no habían sido accesibles para las defensas.

Los denunciantes aseguran que esas filmaciones respaldan su versión de los hechos: Casco fue detenido el 7 de octubre de 2014 alrededor de las 13 y liberado cerca de las 22:00 del mismo día, tras la intervención de la Fiscalía provincial de Flagrancia. Además, mencionan que más de siete pericias identificaron al joven en las grabaciones y que los registros de comunicaciones, los posicionamientos de los móviles policiales y la documentación oficial resultaron favorables a la hipótesis defensiva.

Las denuncias también apuntan a irregularidades en la conservación y entrega de evidencias. Se menciona un informe de mejoramiento de imágenes enviado desde Córdoba en febrero de 2015, que las defensas reclamaron en más de nueve ocasiones sin que fuera localizado. A esto se suma el manejo de fotografías recuperadas de un teléfono celular, que, según afirman, permanecieron durante años fuera del alcance de los abogados.

Otro aspecto cuestionado es una pericia odontológica elaborada por especialistas de la Universidad Nacional de Rosario y recibida por la Fiscalía en julio de 2017, la cual contradecía elementos médicos utilizados para sostener la acusación y no fue incorporada a tiempo al expediente principal. La existencia de este informe se conoció a partir de una publicación del diario La Capital, y solo después la defensa pudo acceder al material.

Respecto a las autopsias, los denunciantes sostienen que los estudios no determinaron lesiones traumáticas que permitieran atribuir la muerte a golpes o torturas, citando a profesionales que participaron de los exámenes forenses, quienes indicaron que los indicadores eran compatibles con una asfixia por sumersión.

Los denunciantes también cuestionan el papel de la médica Virginia Creimer, perito vinculada a la acusación, cuyas conclusiones, según afirman, fueron utilizadas de forma selectiva por la Fiscalía. Esto plantea una controversia pericial, ya que la ausencia de determinadas lesiones no descarta por sí sola la intervención de terceros.

Otro punto central gira en torno a los testimonios de personas que estaban detenidas en la Comisaría Séptima de Rosario. Los policías afirman que la Fiscalía priorizó las declaraciones incriminatorias y desestimó a los testigos que negaron haber visto o escuchado los hechos. En particular, cuestionan la valoración del relato del detenido Pablo Argüello, cuya credibilidad y ubicación dentro de la dependencia fueron discutidas durante el debate.

Los denunciantes también apuntan a contradicciones entre los testimonios, los libros de guardia y las características edilicias de la comisaría, recordando una denuncia por presunto falso testimonio agravado presentada en 2019. Uno de los planteos más sensibles se refiere a supuestos beneficios otorgados a testigos, lo que requerirá una investigación específica para determinar si existieron irregularidades y responsabilidades.

Las denuncias también critican lo que ocurrió durante la revisión de la sentencia absolutoria. Según los policías, Arrigo habría modificado ante Casación la reconstrucción de la presunta detención de Casco, alterando el día, el horario y el lugar en que habría ocurrido.

Para los denunciantes, estos cambios afectaron el derecho de defensa y vulneraron el principio de congruencia, que exige que los hechos imputados y aquellos sobre los que se desarrolla el proceso sean consistentes. Con estos argumentos, Benítez, Gysel y Guerrero solicitan a la Procuración que examine la actuación de los fiscales y determine si corresponde aplicar sanciones disciplinarias. También piden que se evalúe el apartamiento de los funcionarios y que, ante la eventual existencia de delitos, se dé intervención a la Justicia.

Las presentaciones invocan la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal Federal y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, en particular las obligaciones de objetividad, responsabilidad y lealtad procesal.

Así, el Caso Casco abre una nueva controversia institucional sobre el manejo de la prueba en una de las investigaciones de mayor repercusión judicial y pública en los últimos años. Mientras sigue abierta la discusión sobre las absoluciones anuladas por Casación, ya son cuatro los policías, incluido Álvarez, quienes han llevado a la Procuración la conducta del fiscal Arrigo.

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