Teléfono: la desinflación exige reformas en Córdoba
La baja de precios dejó sin oxígeno al impuesto silencioso que financiaba el gasto público. Provincias y municipios deben adaptarse a una caja más chica.
02/07/2026 | 11:51Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
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Audio. Teléfono: la desinflación exige reformas en Córdoba | Por Adrián Simioni
Siempre Juntos
La caída de la recaudación nacional encendió una señal que Córdoba, y probablemente la mayoría de las provincias y municipios del país, no pueden ignorar. La recaudación bajó 7,5% interanual en el último mes y las razones son varias: rebajas impositivas, menor actividad económica, reducción de importaciones, cambios en retenciones y un IVA que también mostró retroceso.
Pero hay una explicación de fondo que atraviesa todo: la desinflación.
Durante años, la inflación funcionó como el impuesto más cómodo para quienes administran el Estado. No se vota en el Congreso, no aparece con nombre y apellido en una boleta, pero recauda todos los días. Cuando los precios suben, también sube automáticamente lo que el Estado cobra por impuestos ligados al consumo, la facturación o la actividad económica.
El ejemplo es simple. Si un producto cuesta 10 pesos, el 21% de IVA representa 2,10 pesos. Si ese mismo producto pasa a costar 20, el impuesto pasa a 4,20. El Estado no hizo ninguna reforma, no mejoró ningún servicio, no produjo más eficiencia: simplemente cobró más porque los precios subieron.
Además, la inflación le daba otra ventaja al sector público. La recaudación entraba rápido, actualizada por los precios, mientras los sueldos, jubilaciones, contratos y pagos a proveedores se ajustaban después y, muchas veces, por debajo de la inflación real. Ese desfasaje fue durante años una fuente de financiamiento silenciosa.
Las provincias y los municipios también participaron de ese mecanismo. Ingresos Brutos, Comercio e Industria, tasas de higiene y otros tributos vinculados a la facturación crecían al ritmo nominal de una economía inflacionaria. A eso se sumaban transferencias discrecionales de la Nación, fondos repartidos en medio de un esquema de gasto expansivo y una circulación de dinero acelerada por la urgencia de sacarse los pesos de encima antes de que perdieran más valor.
Cuando la inflación empieza a bajar, ese sistema se corta.
La Nación recauda menos en términos reales, deja de repartir fondos como antes y cuida su propia caja. Las provincias y los municipios, que durante años se acostumbraron a vivir con la ayuda del impuesto inflacionario, empiezan a sentir el ajuste. Los ingresos ya no crecen al mismo ritmo, pero los empleados públicos, jubilados, contratistas y proveedores siguen reclamando actualizaciones porque vienen atrasados.
Ahí aparece el problema político de fondo. Gobernar con inflación alta permitió durante mucho tiempo tapar ineficiencias. Gobernar con inflación baja obliga a ordenar.
En Córdoba ya se ven señales. La Municipalidad arrastra dificultades para pagar el aguinaldo, acumula tensiones con proveedores y enfrenta un aparato estatal que necesita más recursos de los que tiene disponibles. La Provincia, por su parte, atraviesa conflictos como el paro en el Poder Judicial y muestra también los límites de una estructura que debe adaptarse a una nueva realidad fiscal.
El Gobierno provincial podrá decir que avanzó con una reforma jubilatoria. Es cierto. Pero no alcanza. Lo que no se vio todavía es un plan integral, sistemático, que revise todo el funcionamiento del Estado y responda una pregunta central: cómo brindar los mismos o mejores servicios con menos dinero real.
Ese es el punto que Córdoba debe discutir.
Tal vez muchos gobiernos provinciales no creyeron que el programa de desinflación de Javier Milei pudiera llegar tan lejos. Tal vez pensaron que el Gobierno nacional se caería, que cambiaría de rumbo o que volvería el viejo esquema de emisión, transferencias y gasto. Pero eso, al menos hasta ahora, no ocurrió.
Y si el país efectivamente ingresa en una etapa de menor inflación, las provincias y los municipios tendrán que dejar de administrar como si el impuesto inflacionario fuera eterno.
La discusión ya no puede limitarse a cómo pagar el próximo aguinaldo, cómo destrabar un conflicto salarial o cómo postergar una deuda con proveedores. La discusión real es más profunda: qué Estado puede sostener Córdoba en un país con menos inflación, menos transferencias discrecionales y menos margen para financiar ineficiencias.
La desinflación no sólo cambia los precios. También desnuda estructuras.
Y Córdoba, como muchas provincias y municipios argentinos, tendrá que decidir si reforma su Estado a tiempo o si espera a que la caja le marque los límites.
