La fuerte editorial de Barili: "El gran problema de Argentina es la Justicia"

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Por Rodolfo Barili

Creo que el gran problema de la Argentina, pero el gran problema de verdad, es la Justicia. Si funcionara, nadie se animaría a hacer lo que hace. Nadie jodería.

Hablo de la Justicia de las esferas más altas del poder, la de los tribunales federales, pero también de la Justicia de todos los días. Esa que puede arruinarles la vida a personas inocentes mientras quienes tomaron las decisiones siguen cobrando un sueldo, construyendo una carrera y buscando un ascenso.

Me pregunto una y otra vez cómo una fiscal puede creer un relato casi tan inverosímil como el descenso de un plato volador. Un hombre sostiene que fue obligado a abusar de una persona, mientras las pruebas objetivas indican que su ADN estaba en el semen encontrado y también debajo de las uñas de una víctima que se habría defendido.

¿Puede ser solamente necedad la decisión de continuar sosteniendo esa teoría? ¿Puede tratarse únicamente de una incapacidad manifiesta para investigar un crimen y representar al Estado? ¿O existe alguna otra razón que todavía no conocemos?

Son preguntas. Pero son preguntas que la Justicia tiene la obligación de responder.

Un fiscal no está para aferrarse a una hipótesis personal. Debe garantizar la legalidad y procurar justicia, incluso cuando la víctima ya no puede defenderse o no tiene un abogado que la represente. La actuación del Ministerio Público no puede depender de una creencia frente a pruebas científicas que dicen otra cosa.

La necedad, además, puede ser apenas una parte del problema. Cuando aparecen el poder y la política, muchas decisiones dejan de tomarse por su relación con la verdad y empiezan a depender de conveniencias personales.

No hablo de todos los integrantes de la Justicia. Hablo de algunos. De aquellos funcionarios acomodaticios que hacen cualquier cosa menos justicia y que no están dispuestos a enfrentarse con el poder.

"Pensá, nena, en el día que quieras llegar a la Cámara", puede advertirle un dirigente a una funcionaria judicial. En una estructura atravesada por los cálculos personales, esa recomendación puede terminar pesando más que la verdad de un crimen.

En este caso también intervino una jueza de Control. El nombre de su cargo expresa con claridad su responsabilidad: controlar.

Si una fiscal presenta una elaboración semejante, la jueza debe decirle que revise lo actuado, que confronte el relato con las pruebas y que no avance con una teoría imposible de sostener. Pero no ocurrió. La decisión fue avalada.

Después aparece la Cámara y surge una sospecha todavía más grave: que la Justicia se protege a sí misma. Hoy te cubro porque mañana quizá necesite que me cubras. Una cofradía en la que cada integrante evita señalar los errores del otro.

La política tampoco es ajena. Participa en las designaciones y debe evaluar el desempeño de los funcionarios judiciales, pero muchas veces mira hacia otro lado. Los nombró y después necesita que esas mismas personas le garanticen protección cuando aparezcan sus propios problemas.

Así se pierden los límites.

Hay situaciones actuales, como una causa en Bariloche, que vuelven a mostrar hasta dónde puede llegar la protección cuando existen intereses económicos o políticos. Ya no se trata solamente de cubrir a alguien acusado de robar: se termina protegiendo a abusadores y homicidas.

También queda la dolorosa pregunta sobre Barrelier: si hubiera sido evaluado antes como finalmente lo fue, ¿se podría haber evitado la muerte de una adolescente?

Estas cosas ocurren todos los días y en toda la Argentina. Entre funcionarios corruptos, incapaces o negligentes, lo único que muchas veces no encontramos es justicia.

En pocas horas habrá dos personas sentadas frente a jueces técnicos y ciudadanos convocados para juzgarlas por un hecho que sostienen no haber cometido.

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Romina estuvo en una cárcel y ahora cumple prisión domiciliaria. Sigue encerrada, junto con sus hijos. Cristian lleva un año y medio detenido en Bouwer, acusado de lo peor que puede imputársele a una persona: abusar de una jubilada y asesinarla.

Mientras tanto, el hombre cuyo ADN apareció en dos muestras vinculadas con el crimen está libre.

El relato que presentó parece sacado de una historia de Fabio Zerpa, pero fue aceptado. Los datos objetivos lo contradicen y, aun así, la acusación contra Romina y Cristian llegó a juicio.

Realmente cuesta entenderlo.

Primero estaba el ADN encontrado en el semen. Después aparecieron los restos de piel debajo de las uñas de la víctima. Cualquier investigador de homicidios sabe que ese material debe cotejarse inmediatamente. Es una medida de manual. Una prueba vital.

Sin embargo, nunca pidieron ese análisis.

El informe forense ya señalaba la presencia de restos de piel debajo de las uñas. El material estaba disponible desde el 24 de agosto de 2024, pero fueron los defensores quienes, antes del juicio, reclamaron finalmente el cotejo.

El resultado llegó el 10 de agosto de 2026.

Pasaron casi dos años.

¿Cómo se explica que una prueba tan importante haya permanecido todo ese tiempo sin analizar? ¿Por qué quienes tenían la responsabilidad de investigar no solicitaron una medida elemental? ¿Cómo puede sostenerse una acusación cuando los datos científicos contradicen el relato aceptado?

Puede haber una inutilidad manifiesta. También podría existir alguna razón oculta. No corresponde afirmar aquello que todavía no fue demostrado, pero sí exigir explicaciones.

La fiscal de Río Segundo se llama Patricia Baulies. La jueza de Control es María Licia del Valle Tulián. Desde acá tienen abierto el micrófono para hablar cuando quieran y explicar qué significa esta locura.

Son funcionarias públicas. Nosotros les pagamos el sueldo. Hacen carrera dentro de una estructura cuyos integrantes son designados con participación de la política y en la que demasiadas veces parece importar más subir un escalón que revisar una decisión equivocada.

La Justicia es corporativa. Se protege, se justifica y encuentra mecanismos para evitar que sus integrantes rindan cuentas.

El problema ahora es todavía más complejo. Emilio Exequiel Ybañez, el trabajador cuyo perfil genético apareció en las pruebas mencionadas, fue sobreseído. Y una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

La propia Justicia se colocó en una situación de la que ahora no sabe cómo salir. Tendrá que encontrar una respuesta dentro de la ley para revisar lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Resulta increíble que se haya llegado a este punto.

Vamos a seguir el juicio en vivo. No solamente porque dos personas se juegan su libertad, sino porque la Justicia también estará sentada frente a la sociedad.

Esperemos que la fiscal y la jueza no sean protegidas por esa lógica corporativa del "hoy te cubro porque mañana podrías tener que cubrirme a mí".

El día que entendamos que la Justicia debe ser justa y estar integrada por personas probas empezarán a resolverse muchos de los grandes problemas de este país.

Hasta entonces, seguiremos pagando las consecuencias de un sistema en el que sobran los acomodos, las negligencias y las sospechas, pero demasiadas veces falta lo único verdaderamente indispensable: justicia.

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