Piden la elevación a juicio para cuatro detenidos que se hacían pasar por el juez Rosatti

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El fiscal federal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, solicitó la elevación a juicio de una investigación que tiene como imputados a cuatro detenidos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy, acusados de conformar una organización criminal que, empleando el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, cometía estafas y extorsiones con familiares de otras personas privadas de la libertad.

Los cuatro imputados permanecen detenidos y registran condenas por otros delitos: C.M.A.A. (38), por robo y violación de domicilio; R.A.R. (40), por robos y hurtos; S.A.L. (31), por tentativa de homicidio y robos; y W.R.V. (32), por homicidio simple.

Picardi los acusó por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros (artículo 210, primer párrafo, del Código Penal, que prevé una pena de tres a diez años de prisión); usurpación de autoridad, reiterada en ocho oportunidades (artículo 246, inciso 1, de un mes a un año de prisión); estafa, reiterada en dos oportunidades (artículo 172, de un mes a seis años); y extorsión mediante simulación de autoridad pública (artículo 168, de cinco a diez años de prisión), todos en concurso material.

El requerimiento también contempla la extracción de testimonios para que se investigue la posible participación de tres mujeres vinculadas con los imputados, cuyas cuentas habrían sido utilizadas para recibir o canalizar el dinero obtenido mediante las maniobras, por lo que se solicitó que sean convocadas a prestar declaración indagatoria.

La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el mencionado establecimiento penitenciario, donde los integrantes utilizaban celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como Rosatti, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas.

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Se explicó que, con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.

En otros episodios, también emplearon el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos, destaca el portal Fiscales.

La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como "Corte Suprema de Justicia". También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos "poderjudicial.mp" y "poderjudicial.org.25".

Además de los llamados a dependencias oficiales, la acusación comprende dos maniobras de estafa y un episodio de extorsión en perjuicio de personas que fueron contactadas por los integrantes del grupo.

Los días 2 y 3 de diciembre de 2024, la División Unidad Operativa Federal Jujuy de la Policía Federal Argentina realizó allanamientos en el Pabellón A, Sector 1, del Establecimiento Penitenciario N°7.

En la celda que compartían S.A.L. y W.R.V. se encontró un celular oculto en el interior de un colchón. Se trataba del dispositivo en el que había funcionado la línea utilizada para el llamado inicial a la Policía Federal y para las comunicaciones con las víctimas de las estafas.

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En otras celdas, entre ellas las de C.M.A.A. y R.A.R., se encontraron anotaciones con números telefónicos, CBU, alias y nombres de personas que aparecían en las comunicaciones interceptadas. También se secuestraron tarjetas SIM y teléfonos ocultos en colchones, zócalos y techos.

Las escuchas permitieron establecer que los integrantes del grupo advirtieron que se estaban realizando los procedimientos y dieron instrucciones para ocultar o retirar los elementos comprometidos. En una de las comunicaciones se informó que "le habían caído a Trompila", apodo con el que identificaban a C.M.A.A. En otra, se advirtió sobre la presencia policial y se pidió que sacaran “el teléfono, las cuentas, todo”.

Para Picardi, los cuatro imputados tuvieron intervenciones concretas y diferenciadas dentro de la organización.

C.M.A.A. y R.A.R. habrían estado principalmente a cargo de preparar y realizar los llamados, obtener y utilizar la información sobre las víctimas y recibir, derivar y canalizar el dinero conseguido o pretendido mediante los engaños y las exigencias.

Para ello, utilizaban cuentas y billeteras virtuales de personas de su entorno. La fiscalía identificó, entre otras, cuentas vinculadas con las parejas o allegadas de ambos acusados.

S.A.L. y W.R.V., por su parte, habrían tenido a su cargo la obtención, disponibilidad, guarda, circulación y ocultamiento de los teléfonos celulares, las tarjetas SIM y los demás medios de comunicación empleados en las maniobras. El fiscal destacó que el aporte de estos dos últimos no se limitaba a una colaboración preparatoria, sino que resultaba indispensable para la ejecución de los hechos.

En cuanto al circuito económico, la documentación bancaria permitió establecer que el dinero no se dirigía a cuentas desconocidas, sino a cuentas de personas vinculadas con los imputados.

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