Garavano: “El 80% de los adultos presos en el país ya delinquió siendo menores”

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La justicia es una preocupación constante para los argentinos, vinculada a la corrupción, la inseguridad y la insatisfacción con el servicio estatal. A pesar de los múltiples intentos, ¿por qué el país no logra consolidar una reforma judicial que genere consenso?

El desarrollo de un país depende de instituciones estables, y el sistema judicial es central. Las reformas deben entenderse como procesos largos. En los últimos diez años ha habido mejoras, tanto a nivel nacional como provincial, con avances como la oralidad en procesos civiles y la implementación del sistema acusatorio federal, donde los fiscales lideran las investigaciones. Sin embargo, estos procesos requieren estabilidad y políticas de Estado que Argentina, debido a su inestabilidad política, no logra sostener. Muchas de las reformas que impulsamos durante la gestión del presidente Macri fueron abandonadas por el gobierno siguiente, aunque algunas han sido retomadas recientemente.

¿La principal traba radica en diferencias ideológicas sobre el derecho o en la falta de acuerdo político sobre el nombramiento y la remoción de jueces?

Ambos factores influyen. El control político es crucial porque las reformas suelen ser vistas como oportunidades para intentar dominar la justicia, dado que muchos conflictos de la política terminan resolviéndose en los tribunales. Por otro lado, existen discusiones ideológicas profundas. Actualmente, hay una agenda que busca avanzar en temas como la baja de la edad de imputabilidad o un nuevo Código Penal, lo cual entra en tensión con posturas que pretenden sostener sistemas que han demostrado no funcionar en Argentina.

Respecto a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿por qué cree que persiste la resistencia en algunos sectores?

Hay una carga ideológica muy grande. Existe una paradoja en ciertas organizaciones que se dicen progresistas pero que hoy tienen abandonados a los jóvenes. Las estadísticas muestran que el 80% de los adultos privados de la libertad cometieron delitos siendo menores, lo que indica que el Estado no fue capaz de sacarlos de ese espiral delictivo. La ley debe ser un mensaje claro para que el Estado se haga cargo de los jóvenes desde sus primeros delitos leves, interviniendo junto a las familias para evitar que la carrera criminal escale.

¿Cree que la penalización de un menor realmente actúa como un disuasivo para que deje de delinquir?

La investigación empírica demuestra que lo que más incide en una persona no es el monto de la pena, sino la posibilidad efectiva de ser atrapado y sometido a un proceso. Al retirar de circulación a quienes cometen múltiples delitos por día, se logra reducir la criminalidad en el corto plazo. No obstante, la cárcel no basta; es necesario un rol proactivo del Estado con organismos técnicos preparados y recursos suficientes para que ese joven encuentre un camino distinto al delictivo.

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¿Se ha naturalizado que los candidatos a magistrados sean figuras partidarias o afines al poder político de turno?

La designación de jueces es un desafío enorme y el actual gobierno tiene una deuda importante al no cubrir las numerosas vacantes existentes. El problema no es necesariamente la mirada ideológica previa del juez, sino que, una vez en el cargo, no actúe con independencia. Es vital fortalecer tanto los sistemas de selección como los de remoción para investigar a quienes violen su deber de imparcialidad. Los tribunales superiores deben dar el ejemplo de independencia hacia las instancias inferiores.

Recientemente dejó su cargo como asesor en el Tribunal Superior de Córdoba para defender a Alicio Dagatti, un empresario mencionado en una causa de narcotráfico. ¿Cómo justifica esa decisión desde el punto de vista profesional?

Renuncié a esa asesoría por una cuestión de prudencia y decoro antes de asumir la defensa en la justicia federal. Vivo de mi ejercicio como abogado. Es importante aclarar que la acusación contra mi cliente no es por narcotráfico y, según las constancias que he visto, no tiene vinculación con el tema de drogas. Decidí tomar el caso porque vislumbro inconsistencias graves en la investigación provincial. En un Estado de derecho, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y tienen derecho al debido proceso y a una defensa técnica, especialmente cuando enfrentan procesos que carecen de solidez.

Para finalizar, ¿qué libro o obra cultural le gustaría recomendar a nuestra audiencia?

Recomiendo la novela "El hombre que amaba a los perros", de Leonardo Padura. Es un libro sumamente entretenido e interesante que relata la historia de León Trotsky y Ramón Mercader. También considero que las obras de Mario Vargas Llosa son siempre una opción excelente.

Entrevista de Sergio Suppo.

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