Quinteros denunció el freno de la compra de drones: "Todo tiene un límite"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó este viernes que presentó una denuncia judicial contra los vocales del Tribunal de Cuentas identificados con el Frente Cívico, a quienes acusa de haber obstruido de manera irregular la licitación de un sistema integral de drones para la Policía provincial. La decisión cuenta con el aval político del gobernador Martín Llaryora y busca que sea la Justicia la que determine si existieron responsabilidades penales.

En diálogo con Cadena 3, Quinteros sostuvo que la presentación se realizó porque “todo tiene un límite” y cuestionó lo que consideró una estrategia de “infamia, injuria y desprestigio” en torno a una compra pública que, según remarcó, se ajustó plenamente a la ley. “No hubo traje a medida, no hubo compra directa. Se trató de una licitación pública para un sistema integral de seguridad, autorizado y exigido por la normativa vigente”, afirmó.

La denuncia apunta contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, y la vocal María Fernanda Leiva, a quienes el ministro atribuye una extralimitación de funciones al bloquear el expediente. En concreto, pidió que se investigue si incurrieron en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al impedir el avance de una contratación por 6,8 millones de dólares.

Quinteros remarcó que en los votos del Tribunal no se objetó el monto ni se dejaron asentadas formalmente las acusaciones que luego se difundieron públicamente. “Después, en los micrófonos, se habló de corrupción, fraude y sobreprecios. Eso no está en el expediente. Por eso entendimos que la forma correcta de resolver esto es que intervenga un fiscal”, explicó.

El ministro defendió la necesidad de incorporar tecnología de última generación para enfrentar delitos cada vez más sofisticados, en especial el narcotráfico y el contrabando. Mencionó operativos recientes en los que bandas criminales utilizaron drones con visión nocturna y equipamiento avanzado, y planteó que “no se puede combatir ese nivel de organización con herramientas obsoletas”.

También rechazó los cuestionamientos sobre la cantidad de empresas capacitadas para ofrecer el servicio. Detalló que la licitación fue ganada por una UTE integrada por una empresa cordobesa vinculada a ex integrantes de la Fuerza Aérea, con trayectoria desde 2007 en el desarrollo de sistemas de drones y convenios estratégicos con Fadea y el Estado nacional.

En ese marco, Quinteros cuestionó al Frente Cívico por, según sus palabras, “hacer politiquería” y priorizar la discusión mediática por sobre el análisis técnico. “La seguridad de los cordobeses no puede quedar atrapada en el barro de una disputa política anticipada. Nosotros nos sometemos al escrutinio judicial porque no tenemos nada que ocultar”, señaló.

Finalmente, el funcionario insistió en que la intervención de la Justicia permitirá dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el destino de los fondos públicos y despejar dudas sobre la legalidad del proceso. “Queremos que quede claro quién actuó conforme a la ley y quién no. La seguridad es una inversión, no un gasto, y Córdoba no puede resignar herramientas clave frente a una delincuencia con recursos ilimitados”, concluyó.

"Entrevista de Informados, al Regreso".

Temas