La película repetida y los gobernadores que sostienen a Milei

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Por Sergio Suppo

El Gobierno consiguió ayer un éxito político: evitó que se reuniera el quórum para una sesión que amenazaba la continuidad del DNU 70, uno de los pilares de las reformas que impulsa Javier Milei. El resultado volvió a mostrar una dinámica conocida: tensión en la calle y acuerdos transitorios para sostener los objetivos del oficialismo dentro del Congreso.

Fue una película repetida, con dos escenas que ya vimos muchas veces.

En la primera, las fuerzas de seguridad lograron preservar la integridad del Congreso frente a grupos que pretendían avanzar sobre él. Lo hicieron con dificultades, zozobra y uso de la fuerza, una facultad que el Estado de derecho reserva a las autoridades y que debe ejercerse dentro de la ley.

Conviene recordar algo elemental: los diputados y los senadores fueron elegidos libremente por los argentinos. Son representantes legítimos del pueblo. Podemos cuestionar sus decisiones, su desempeño o cuánto trabajan. Esa discusión forma parte de la democracia. Intentar tomar el edificio para impedir que sesionen supone violentar su funcionamiento.

Sectores de izquierda, asociados tácticamente en la calle con sectores del kirchnerismo, repiten ese ejercicio de presión. La coincidencia responde al objetivo inmediato de forzar una situación que impida el desarrollo de la actividad parlamentaria.

¿Qué ocurriría si las fuerzas de seguridad no estuvieran y un grupo de 300 o 400 personas, con los rostros cubiertos, consiguiera tomar el Congreso? ¿Qué consecuencias tendría para la Argentina que una minoría pudiera imponerse de esa manera sobre sus representantes?

La segunda escena transcurre dentro del edificio. Allí, el Gobierno vuelve a construir las mayorías que necesita mediante negociaciones trabajosas, tiras y aflojes, promesas, incumplimientos y nuevas promesas.

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Son alianzas transitorias por definición y también por elección del propio oficialismo. Le permiten reunir apoyos para avanzar con un objetivo concreto, aunque cada discusión obligue a empezar otra vez.

Ayer, el objetivo consistía en conseguir suficientes ausencias para que la sesión no pudiera realizarse. La falta de quórum es un instrumento legislativo. En ese contexto, la decisión de no concurrir responde a una estrategia política, un recurso utilizado en los parlamentos para habilitar o bloquear determinados tratamientos.

El fallo de la Corte relacionado con la cuestión de las tierras también contribuyó a descomprimir la situación. En ese marco, el oficialismo consiguió cumplir su propósito.

Son pasos cortos. Tienen valor para un gobierno que carece de mayoría propia en ambas cámaras y necesita negociar cada movimiento. Incluso si los libertarios ganaran las elecciones del año próximo, habrá que ver cuánto consiguen acercarse a una mayoría propia. Por ahora, dependen de acuerdos con otros sectores.

En ese esquema, los gobernadores ocupan un lugar decisivo. Sus legisladores pueden facilitar una votación, impedirla o contribuir a que una sesión fracase. A cambio, las provincias reclaman contraprestaciones y respuestas a sus intereses.

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Pero hay un aspecto de esa relación que merece una mirada más profunda. Un grupo de gobernadores peronistas acompaña a este Gobierno y probablemente acompañará a otros, siempre que respeten intereses económicos que se están consolidando en sus territorios.

Catamarca ofrece un ejemplo. Los proyectos de megaminería y las inversiones extraordinarias pueden transformar la provincia. Ese desarrollo modifica la lógica política de un distrito que durante mucho tiempo estuvo condicionado por el empleo público y las relaciones clientelares.

Algo semejante ocurre con Jujuy y, en buena medida, con Salta. También con Neuquén y, por extensión, con Río Negro, Chubut y Santa Cruz, a partir de las oportunidades que abren la minería, el gas y el petróleo.

No todos esos gobernadores pertenecen al mismo partido. Comparten, sin embargo, una necesidad: sostener condiciones que permitan desarrollar inversiones capaces de cambiar sus economías.

Esa obligación alcanza a quienes gobiernan hoy y a quienes los sucedan. Los proyectos productivos generan compromisos, expectativas de empleo e intereses que trascienden una gestión. También influyen sobre las decisiones que sus representantes toman en el Congreso.

Allí aparece una luz de expectativa para la Argentina. Mientras se repiten los enfrentamientos en la calle y el Gobierno avanza mediante acuerdos precarios, en varias provincias comienza a consolidarse una trama de intereses vinculada con la producción y las inversiones.

Los pasos parlamentarios siguen siendo cortos. Las transformaciones económicas que ayudan a sostenerlos pueden tener un alcance mucho mayor.

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