El derecho a manifestar no está por encima de otros derechos de los demás

El derecho a manifestarse es legítimo, pero no puede ejercerse desconociendo los derechos de los demás ciudadanos. El espacio público pertenece a todos y su utilización exige reglas claras, planificación y respeto por la convivencia. Es responsabilidad del Estado anticipar los conflictos, escuchar a los sectores afectados y ejercer la autoridad necesaria para evitar que una protesta termine perjudicando a quienes no participan de ella. La legitimidad de una causa no justifica el incumplimiento de las normas ni la impunidad frente al vandalismo.

Durante el pasado fin de semana se realizó en Córdoba la 39.ª edición del llamado "Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades". Estos encuentros se convocan a través de más de 300 organizaciones cuyas dirigencias dicen no contar con una conducción coordinada y unificada. Movilizaron a más de 100.000 personas, provenientes de los más diversos puntos del país y países vecinos. Se llevaron a cabo distintos eventos, marchas y talleres que se desarrollaron entre sábado, domingo y lunes.

Se ocuparon simultáneamente distintos espacios y edificios para alojar, deliberar, marchar y acampar sin que la población de la ciudad fuera debidamente advertida sobre los lugares, horarios, particularidades y magnitudes de los hechos que sucederían.

Consultadas las autoridades provinciales sobre la falta de tales precisiones, expusieron la dificultad para contar con una programación, debido a que las más de 300 organizaciones convocantes se autodefinen como autónomas y no reconocen una autoridad organizativa. Contradiciendo tal afirmación, advirtieron que mantuvieron conversaciones con algunas dirigentes, logrando persuadirlas para que no acamparan frente al Patio Olmos.

Es innegable que el colectivo movilizado tiene derecho a manifestarse y que existen reconocidas razones de sus protestas y reclamos. También es innegable que el espacio público pertenece a toda la ciudadanía y que no es correcto que un grupo de personas resuelva unilateralmente su ocupación, dificultando la libre circulación, produciendo contaminación sonora, generando todo tipo de basura, alterando el libre acceso a viviendas y comercios, perturbando el transcurso del descanso y las actividades domésticas y comerciales.

La responsabilidad del Estado sobre el espacio público es irrenunciable. Ante la posible colisión de derechos entre ciudadanos debido a su afectación, debe actuar con responsabilidad y oportunidad. Ello implica evaluar con antelación las posibles consecuencias de tales colisiones, interactuar con los representantes de los sectores involucrados y laudar generando una programación que equilibre satisfacciones y resignaciones entre las partes convergentes, asegurando siempre el orden y la paz social.

Para ello, la comunicación previa de lo que ha de suceder resulta imprescindible. Llama la atención que en las explicaciones dadas por las autoridades no se haga mención alguna a eventuales participaciones con opiniones previas de parte de los centros vecinales y de las cámaras empresarias, organizaciones que representan claramente a los sectores con derechos afectados. A lo largo de las declaraciones en respuesta a la queja de los vecinos, que motivó la requisitoria periodística, han destacado el derecho a manifestarse por parte del colectivo convocante y han dejado traslucir cierta impotencia y resignación ante la particularidad anárquica de las organizaciones participantes.

No se habría escuchado a todas las partes involucradas, no se ejerció la autoridad para definir los límites de excepción al uso del espacio público para ejercer el derecho a manifestarse y, por ende, no se informaron sus detalles con debida antelación a toda la población urbana afectada. Resulta inadmisible que se invoque, como justificativo de las carencias señaladas, la falta de representación formal del colectivo actor.

Las acciones de prevención desplegadas no lograron impedir algunos actos de vandalismo por parte de algunos grupos contra edificios públicos y privados. El Ministerio Público Fiscal no ha realizado ninguna acción en pro de identificar y demandar a los responsables de tales actos. Seguramente el erario, es decir, todos nosotros, deberá afrontar los costos de las reparaciones.

En la presente semana asistimos a la protesta por lo que se entiende como una insuficiente provisión de fondos por parte del Estado a los presupuestos de las universidades públicas.

Nuevamente, la ocupación del espacio público ocasiona serios inconvenientes y perjuicios a la ciudadanía.

En la mayoría de los países democráticos, el derecho de manifestarse en protestas utilizando el espacio público está reglamentado. En casi todos los casos, se exige que las manifestaciones cuenten con una entidad responsable de su convocatoria y que la autorización se solicite con la debida antelación para presentar el pedido de autorización y la participación en manifestaciones públicas no autorizadas es considerada delito.

¿Será muy delirante plantear en nuestro país una norma que solamente permita las manifestaciones públicas de protesta durante los fines de semana?

Cuidar el uso del espacio público es cuidar la convivencia armoniosa de la comunidad, para lo cual es imprescindible el ejercicio de la autoridad estatal, con sabiduría y oportunidad. El ejercicio del derecho de manifestarse y las nobles causas que movilizan las protestas no deben eximir de la obligación de respetar las normas de uso del espacio público y mucho menos conferir impunidad al vandalismo perpetrado en ocasión de su realización.

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