Lyft acordó pagar 272,5 millones de dólares para resolver demanda sobre clasificación de conductores

Lyft acordó pagar 272,5 millones de dólares para resolver una demanda que acusó a la compañía de transporte de violar la legislación de California al clasificar a sus conductores como contratistas independientes en lugar de empleados. La empresa comunicó en un informe regulatorio que considera que este acuerdo le permitirá evitar "los costos y la distracción de un litigio prolongado y permitirá a la gerencia concentrarse en la ejecución de sus objetivos comerciales".

La demanda provino de la Oficina del Comisionado de Trabajo de California, presentada en agosto de 2020, que acusó a Lyft de tratar a los conductores como contratistas independientes en lugar de empleados, como lo exigía la ley estatal en ese momento.

Se alegó que los conductores fueron privados de salario mínimo y horas extras, así como de otros beneficios y protecciones que se otorgan a los empleados, incluyendo el pago de licencia por enfermedad y el pago de salarios de manera oportuna.

La Comisionada de Trabajo de California, Lilia García-Brower, declaró en un comunicado que "este acuerdo se trata de los trabajadores que se presentaron y hablaron. Sus voces hicieron posible este resultado". Además, la LCO renunciará a su parte del acuerdo y destinará esos fondos a los conductores que presentaron reclamaciones salariales.

El acuerdo, que debe ser aprobado por un juez, cubre las supuestas violaciones desde el 6 de abril de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2020, un período en el que California debatía si los trabajadores de la creciente economía de trabajos temporales eran contratistas independientes o empleados.

Hoy en día, los conductores de servicios de transporte basados en aplicaciones como Lyft y Uber son clasificados como contratistas tras la aprobación de la Proposición 22 en 2020. Esta medida proporcionó una excepción a la Ley de la Asamblea 5, que fue aprobada en 2019 y requería que empresas como DoorDash, Lyft y Uber clasificaran a los trabajadores temporales como empleados, dándoles derecho a salario mínimo, compensación laboral y otros beneficios.

A pesar de la entrada en vigor de la AB 5, Lyft, Uber y otras empresas que dependían de trabajadores temporales continuaron clasificando a sus conductores como contratistas. Esto llevó a acciones legales por parte de la LCO, el Fiscal General de California y los Fiscales de las Ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, así como acciones privadas presentadas bajo la Ley de Abogados Generales Privados de California. Los casos se coordinaron en el Tribunal Superior de San Francisco en septiembre de 2021.

Un portavoz de Lyft expresó que "si se aprueba, este acuerdo cierra un capítulo de un tiempo muy diferente, antes de la Proposición 22". Agregó que "la gran mayoría de los conductores de transporte compartido en California siempre han querido ser contratistas independientes, y los votantes afirmaron eso cuando aprobaron la Proposición 22 en 2020, brindando a los conductores nuevos beneficios y protecciones mientras preservan su flexibilidad". Además, el portavoz mencionó que "Lyft ha ido más allá de lo que exige la Proposición 22, convirtiéndose en la única empresa de transporte compartido con un límite de tarifas".

El acuerdo cierra este capítulo legal, al menos para Lyft. Uber aún enfrenta una demanda de la LCO que hace acusaciones similares.

Actualización: Este artículo se actualizó para incluir un comentario de Lyft.

Temas