La titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf), Julia Reartes, resolvió iniciar una investigación interna para determinar si fue correcta o no la actuación de los empleados del organismo con respecto a la situación familiar de la pequeña Aralí Vivas (8), asesinada en su casa de Brinkmann el sábado último.
Aquel día, a la siesta, los Bomberos acudieron a sofocar un inciendio que se desencadenó en el interior de una vivienda de calle Caseros al 800, en esa pequeña ciudad de poco más de 10 mil habitantes ubicada en el departamento San Justo, al este de la provincia de Córdoba. Tras apagar las llamas, que sólo habían ganado una habitación, encontraron a Aralí carbonizada, encima de una cama.
De inmediato, dudaron: ¿cómo la niña había permanecido inmóvil, acostada sobre la cama, sin siquiera haber intentado escapar del fuego?
Horas después, el forense Mario Vignolo, a cargo de la autopsia, confirmaría que en realidad Aralí ya estaba muerta cuando comenzó el incendio, ya que no tenía monóxido de carbono en los pulmones y en los bronquios. O sea, cuando el fuego comenzó ella ya no respiraba. La habían asesinado antes.
Aquella tarde, Vignolo estaba en la provincia de Santa Fe. Cuando lo llamaron por teléfono, comprendió de inmediato la urgencia de regresar a San Francisco, donde está la morgue. Pese a que se trata de un médico con una impresionante trayectoria, jamás ha logrado acostumbrarse a tener que analizar un cuerpo en estas circunstancias. Pero detrás del horror, está la premisa de encontrar la verdad.
"Vimos un cadáver totalmente carbonizado y en parte calcinado. Lo primero que uno hace es ver la tráquea, los bronquios, buscando el negro del humo, del hollín. Y estaba totalmente limpio, eso es un indicador indubitable de que la niña al quemarse ya estaba muerta. Eso a uno lo pone de mal humor, y empezamos a buscar más cosas", contó Vignolo a Cadena 3, revelando la clave que determinó el vuelvo en la investigación judicial.
Entre otros puntos cruciales, se descubrió, también, que Aralí había muerto varias horas antes de cuando se originó el incendio.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Con esta información, más la certeza de que el fuego se había generado de manera intencional sobre el colchón en el que estaba el cuerpo de la pequeña, llevó al fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, a ordenar las detenciones del padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33), y de un amigo de este, Cristian Varela (40).
De acuerdo a los informes que manejan los investigadores, ambos hombres estaban en esa casa desde la noche anterior, consumiendo todo tipo de sustancias. Simeone se había quedado al cuidado de Aralí y de otros dos hermanitos más pequeños, mientras la madre había viajado a Morteros junto a la bebé de dos meses.
La sospecha es tremenda: entre Simeone y Varela atacaron a Aralí, en lo que se presume pudo haber sido un abuso; fue en este marco en el que la mataron, por lo que luego intentaron simular un incendio para disimular lo que realmente había sucedido.
Para desencadenar el fuego en la habitación de Aralí, ya en el mediodía del sábado, sacaron a los otros dos niños, a los que llevaron a una plaza. Luego, regresaron y recién entonces llamaron a los Bomberos.
El lunes a la noche, el fiscal avanzó en una tercera detención: la mamá de la nena, Rocío Milagros Rauch (28), a quien imputó por el delito de homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario. En ese sentido, la acusó por omisión de cuidado.
El domingo, una masiva manifestación copó la zona céntrica de Brinkmann. Los vecinos hicieron un reclamo abierto a las autoridades, ya que aseguraron que la Senaf estaba al tanto del entorno familiar de Aralí.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
A Rocío la sindicaron como una mujer perdida por la adicción a las drogas. Y recordaron que Simeone, el padrastro, estaba con prisión condicional luego de que el 7 de septiembre del año pasado la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco lo condenara, en un juicio abreviado, a dos años y tres meses de prisión por una colección de figuras penales: amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño, y desobediencia a una orden judicial.
Llamó la atención el reclamo de la población de Brinkmann. De manera similar a lo ocurrido tras el crimen del niño Lucio Dupuy, de 5 años, ocurrido en Santa Rosa, La Pampa, en noviembre de 2021, caso que interpeló de manera profunda al Poder Judicial local y a los organismos que debían velar por los derechos de los más pequeños, el asesinato de Aralí ha provocado fortísimas críticas hacia la intervención estatal. Señales de maltrato que nadie llegó a ver a tiempo. Otra vez.
¿Por qué los jueces Alejandro Acuña, Claudio Marcelo Requena y Guillermo Julio Rabino dejaron en libertad condicional a Simeone con semejante prontuario? En Brinkmann, experimentados policías hoy cuentan que se "cansaron" de detenerlo. O sea, se trata de un sujeto que el sistema de seguridad y penal provincial conocía de sobra. Hasta hoy, en la Justicia de Córdoba impera un absoluto silencio en torno a ese fallo.
De acuerdo a los registros, Simeone no es el padre de Aralí, pero sí de otros tres hermanos más chicos, de 7, 4 y el bebé de dos meses. La semana pasada, la mamá de los chicos (que en total tiene seis hijos) había viajado a Morteros, donde viven sus hermanas y también el padre biológico de la niña asesinada. Según contaron ahora los familiares de la mujer, ella le reclamaba al padre de Aralí el pago de la cuota alimentaria.
Para el fiscal Gieco, sólo la madre omitió el cuidado de Aralí. No está claro aún qué lugar ocupaba el padre biológico en la vida de la pequeña. Falta todavía para que la Justicia termine de rearmar el rompecabezas familiar.
De acuerdo a los registros oficiales, tras la separación, Aralí estuvo un tiempo junto a su papá y otro hermano, pero ya habían regresado a la casa de su madre, en Brinkmann. Allí vivía junto a la mamá, Simeone y los otros tres hermanitos más chicos.
En el medio, hubo denuncias cruzadas entre Rauch y Vivas, el papá biológico.
Iba al colegio y, a la tarde, a la escuelita de fútbol "Las Ranitas". Su sonrisa, recuerdan hoy en Brinkmann, disimulaba el desamparo en el que se estaba criando.
De acuerdo al registro de niñas, niños y adolescentes (Runna) de la Senaf, Aralí jamás fue motivo de alguna intervención por parte de este organismo. Pero sí sus dos hermanos más chicos. Ellos fueron separados del hogar por un tiempo y luego los psicólogos y trabajadores sociales determinaron que ya podían regresar junto a la madre y el padrastro. A la misma casa en la que sobraban las carencias y las drogas.
Hace tiempo, que en el departamento San Justo, en el este del mapa cordobés, la presencia de la droga está generando más que alarma social. En San Francisco, Morteros y Brinkmann, sobre todo, la proliferación de todo tipo de sustancias, asociado al aumento del mercado clandestino, con toda la dinámica violenta que esto conlleva, se ha tornado una realidad de la que poco se habla de manera pública.
Las investigaciones de la Justicia Federal, y del fuero de narcomenudeo provincial, poco han aportado hasta ahora para revelar la verdadera magnitud de este fenómeno.
Un contexto que no se puede excluir, tampoco, si se quiere dimensionar el real espanto detrás del crimen de Aralí.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
En cuanto al interior del hogar de calle Caseros, de acuerdo a los registros, si bien la Senaf nunca se ocupó de manera directa de Aralí, sí conocía de sobra su entorno familiar más directo. El mismo en el que fue asesinada el sábado pasado.
Es por ello que la titular de la Senaf, Julia Reartes, ordenó una investigación interna para intentar conocer qué observaron y qué no los funcionarios de esa cartera en relación a la intervención dentro de esa familia.
El pedido de Reartes fue avalado por la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero. Tanto ella como la directora de la Senaf han evitado pronunciarse de manera pública sobre el caso. Apuntan a que la ley les prohíbe dar datos de causas que involucren a menores.
Pero tampoco han respondido a cuestiones más generales, como, por ejemplo, cuántos empleados tiene la Senaf en el departamento San Justo, cuál fue la calidad del abordaje y con qué indicios se determinó que los chicos podían regresar a convivir con Rauch y Simeone.
Para recapitular: a Simeone, la Policía y la Justicia lo conocían de sobra; a Rauch y a sus hijos, la Senaf también los había tenido más de una vez en el radar.
Lejos de hablar de "ausencia del Estado" o que "el Estado llegó tarde", la pregunta que ahora surge desde Brinkmann interpela: por qué otra vez la intervención estatal no logró evitar un espanto cuya formación hacía tiempo se venía evidenciando.
