La Justicia investiga una boda no autorizada en la Quebrada de las Conchas

Buenos Aires, 26 de marzo (NA) – La Justicia de Salta está llevando a cabo una investigación sobre un casamiento que tuvo lugar en la reserva natural Quebrada de las Conchas, ubicada en la ciudad de Cafayate, el cual no contaba con la debida autorización. Desde el Ministerio de Producción y Minería de la provincia se comunicó que el documento que circuló como aprobación del evento "no fue emitido por la autoridad ambiental competente".

La denuncia fue interpuesta por las autoridades de Cafayate tras la viralización en redes sociales de imágenes de la boda celebrada en la Quebrada de las Conchas, un lugar emblemático situado en la Ruta Nacional 68. Con la información recopilada, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes.

A través de un comunicado accesible a la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Producción y Minería de Salta, mediante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, señaló que se intervino ante la "circulación de un documento apócrifo relacionado con la supuesta autorización de un evento privado en la reserva natural, constatándose que dicho instrumento no fue emitido por el organismo competente".

Como resultado, se activaron los procedimientos administrativos estipulados por la normativa vigente y se presentó una denuncia en la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público, con el objetivo de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia.

Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estas normas estipulan que cualquier intervención debe pasar por una evaluación de impacto ambiental previa, con la correspondiente documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio, según explicaron desde la Secretaría.

Tras la divulgación del caso, una mujer que se identificó como la dueña del inmueble donde se realizó el casamiento afirmó que contaba con los permisos necesarios y cuestionó la legalidad de la intervención, argumentando que se trataba de un lugar privado.

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