Córdoba, en medio de la "razzia" contra los pedófilos que trafican por internet

Por Juan Federico

La provincia de Córdoba fue uno de los múltiples epicentros que tuvo la denominada Operación “Aliados por la Infancia VI”, una suerte de "razzia" a nivel país (y mundial) para detener a pedófilos que descargan y comparten material de abuso sexual infantil a partir de internet.

De acuerdo a lo que se informó a nivel nacional, todas las actuaciones se iniciaron a partir de un reporte generado por ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System), lo que derivó en la primera intervención de la fiscal especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniela Dupuy, que fue distribuyendo las alertas a cada provincia, según correspondía.

De esta manera, fueron los fiscales de cibercrimen de cada jurisdicción los que se encargaron de investigar cada uno de estos reportes, que alertaban sobre la distribución de material de abuso sexual infantil.

A nivel general, se coordinó que los operativos se iban a ejecutar de manera simultánea durante el miércoles, pese a que las causas lejos están de estar unificadas, sino que cada expediente se tramita por separado. Una suerte de “razzia” contra los pedófiles desparramados por todo el país.

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De acuerdo a lo informado, hubo allanamientos en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, además de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y, al mismo tiempo, también se ejecutaron procedimientos en otros países: Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, México, España, Francia, Salvador y Perú.

En total, fueron detenidas 84 personas por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil: 26 en Argentina (14 en Ciudad de Buenos Aires, tres en Córdoba, en Misiones y en Santa Cruz; dos en la provincia de Buenos Aires y uno en Formosa) y 58 en el resto del mundo (44 en Brasil, siete en Panamá, tres en Uruguay y en Perú, y uno en Puerto Rico).

Incluso, uno de los operativos en la provincia de Buenos Aires se ejecutó en una celda de la cárcel de Lisandro Olmos, donde el reporte alertaba sobre un celular en el que se habían almacenado y distribuido 16 archivos de material sexual de niños y adolescentes.

Aunque se trata de celdas que tienen a varios detenidos alojados, el principal apuntado es un hombre que hace cuatro años que está preso allí por el delito de abuso sexual contra una adolescente menor de edad. Fueron secuestrados ocho teléfonos celulares de todos los integrantes de la celda.

En la provincia de Santa Cruz, el operativo tuvo una derivación política. Fue apartada la directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen”, en Río Gallegos, luego de que se allanara su domicilio particular.

En Córdoba, el fiscal de Cibercrimen Franco Pilnik trabajó junto al equipo de su fiscalía y la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial contra tres blancos definidos, según trascendió: uno en Valle Hermoso, donde fue detenido un hombre de 66 años; otro en la ciudad de Córdoba, que terminó con la captura de un sospechoso de 63 años; y el último en Saldán, con la captura de un sujeto de 67 años.

En síntesis, según se investiga, los acusados en el marco de “Aliados por la Infancia VI”, más que integrar una misma red, interconectados entre ellos, asoman como consumidores solitarios, que permitían el intercambio de este tipo de material a través de plataformas de uso común y simple que permiten descargar archivos gratuitos y de código abierto que, al mismo tiempo, dejan allí para que otros los puedan descargar.

Se trata del mismo sistema “peer-to-peer” (compartir recursos entre computadoras interconectadas, sin depender de un servidor central) que se utiliza, por ejemplo, para intercambiar otro tipo de material legal, como series, canciones y toda clase de archivos. Cada persona que lo descarga, deja su servidor abierto para que otros usuarios, a los que no necesariamente conoce, puedan descargarlos también.

Por eso, la acusación en la mayoría de los casos, es doble: consumo y facilitación o distribución de este tipo de material de abuso sexual infantil.

A diferencia de otras investigaciones por pedofilia, en estos casos no aparece una red más organizada y oculta, sino que se apunta a desbaratar el consumo y distribución de este tipo de material. Intentar cortar la cadena, con un mensaje potente a través de una “razzia” en todo el país.

Ahora, cada fiscalía ingresará en otra etapa de la investigación: al peritar las computadoras y los otros dispositivos electrónicos secuestrados en cada uno de los operativos, se analizará el origen de las imágenes y los videos que se compartían, para intentar establecer quiénes son las víctimas de estos abusos y dónde se produjeron. Esto llevará a agravar la acusación sobre quiénes sometieron a los menores.

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