Condenan a suboficial en Rosario por liderar banda de allanamientos ilegales

Rosario, 22 de mayo (NA) -- Un suboficial de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe ha sido sentenciado a ocho años de prisión y once de inhabilitación absoluta por su participación en una serie de actos de corrupción, que incluyeron allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad y torturas, destinadas a robar drogas y dinero.

La condena fue impuesta al agente Guillermo David Toledo por el Tribunal de Juicio, compuesto por los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider. Este juicio se centró en la culpabilidad y la pena, ya que la responsabilidad penal del imputado había sido previamente acordada en un convenio parcial entre la fiscalía y la defensa.

Toledo lideraba un grupo que incluía a otros seis policías de la PAT, quienes llevaron a cabo allanamientos ilegales, privaron de libertad a varias personas, aplicaron torturas físicas para obtener información y sustrajeron cocaína, dinero y otros elementos de una vivienda en Rosario. Posteriormente, parte de estos estupefacientes eran comercializados clandestinamente en la ciudad de Santa Fe.

Por estos delitos, Toledo fue condenado por privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación ideológica de documento público, sustracción de elementos, vejaciones y apremios ilegales, así como comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de más de tres personas y por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la situación procesal de los otros seis policías fue resuelta a través de acuerdos homologados entre octubre y diciembre de 2025 por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros, quien impuso las siguientes penas: Jesús Balais, siete años de prisión; Fernando Ferreita, seis años; Iván Schneider, cuatro años y seis meses; Gerardo Pérez, cuatro años y seis meses; Sergio Robledo, tres años y seis meses; y Miguel Aguilar, dos años.

El 17 de abril, el juez Vera Barros había homologado el acuerdo parcial y declarado la responsabilidad penal de Toledo, quien reconoció su participación y la calificación legal de los hechos. Debido a las discrepancias sobre la duración de la pena a cumplir, se llevó a cabo un juicio para determinar la sanción, un proceso estipulado en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) que permite debatir exclusivamente la sanción a imponer.

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